Un total de 19 abogados (de 36 posibles) avanzaron a la ronda de entrevistas para ocupar el cargo de magistrado de la Sala III y llenar las vacantes que dejaron Carlos Chinchilla, Doris Arias y Celso Gamboa, jubilados y en un caso, despedido, tras las investigaciones por el Cementazo.
Estos 13 hombres y seis mujeres avanzaron tras superar la nota mínima de 75 puntos en la revisión de atestados académicos y profesionales.
En la lista destaca el catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Álvaro Burgos, quien obtuvo la mejor nota, con 99 puntos. Burgos es doctor en Derecho de la Universidad por la Escuela Libre de Derecho y máster en Ciencias Penales de la UCR. El experto en criminología también compite por una vacante en la Sala Constitucional, en donde salió como el tercer mejor calificado, solo por detrás de los magistrados suplentes Hubert Fernández y Anamari Garro.
En el segundo lugar y con una nota de 92,5 aparece la jueza de apelación de sentencia, Patricia Vargas González. La abogada tiene un doctorado en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, en España, y es máster en Ciencias Penales de la UCR. Además, Vargas también participa del concurso que ya está en el Plenario, por la vacante que dejó José Manuel Arroyo.
Otro de los que avanzó a la ronda de entrevistas es el abogado criminalista Allan Arburola, tras ser calificado con un 87. Arburola tomó protagonismo en los últimos años por interponer un recurso contra el Tribunal Supremo de Elecciones, tras la decisión de eliminar la información del sexo de las personas en la parte trasera de las cédulas. En la campaña electoral pasada, Arburola alegó de un supuesto fraude.
El director del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza, obtuvo una nota de 83 (el undécimo de la lista) y también será convocado a entrevista.
Los actuales suplentes de la Sala III, Jaime Robleto, Jorge Desanti y Sandra Zúñiga también clasificaron a la siguiente ronda, con calificaciones de 79, 81 y 83, respectivamente, sin embargo, Rafael Segura, quien también es suplente de la Sala Penal, obtuvo un 74 y quedó fuera.
Por su parte, Ronald Po Wo On Chinchilla, quien fue el abogado que asesoró a Carlos Avendaño en la denuncia ante el TSE por la supuesta conformación de una estructura paralela en la campaña de Restauración Nacional, volvió a quedarse afuera en un proceso de elección, tras recibir una nota de 36 puntos.
Varios de los candidatos que actualmente pasarán por el proceso de entrevistas ya lo hicieron en otro concurso más avanzado: el que busca llenar la vacante del exmagistrado José Manuel Arroyo. De hecho, la exjueza Patricia Solano figura en la terna recomendada por la anterior Comisión de Nombramientos. Pese a que la recomendación se externó hace más de un año, los diputados actuales aún no han realizado una votación final para este puesto.
¿Qué sigue?
Una vez que la Asamblea Legislativa publique esta lista en dos medios de comunicación escritos, los ciudadanos tendrán la oportunidad de objetar alguno de los nombres de estos candidatos.
Las objeciones que sean declaradas “con fundamento” se tomarán en cuenta durante la entrevista y podrían considerarse como elementos de juicio para excluir a algún candidato.
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Las entrevistas tendrán una duración de 20 minutos, en donde se utilizarán 10 minutos para hacer preguntas a los candidatos. Las audiencias tendrán un puntaje de 40% de la nota final (los atestados tienen un valor del 60%).
Una vez que se tiene una calificación final, producto de la sumatoria del desempeño en los atestados así como en la entrevista personal, los diputados solo podrán tomar en cuenta a los 10 mejores para recomendar a tres candidatos.
La recomendación llegará al Plenario, en donde se hará la votación final. Por reglamento, los diputados no están obligados a seguir la recomendación de la comisión, inclusive, podrían elegir a algunos de los hoy descartados.
