Yolanda Sánchez, de 73 años, ha solicitado una pensión del Régimen No Contributivo (RNC) en ocho ocasiones desde hace 12 años; sin embargo, siempre se la han denegado tras señalar que uno de sus hijos puede velar económicamente por ella; aunque en la práctica, su hijo perdió el empleo que tenía y trabaja actualmente limpiando casas.
Ella forma parte del gran grupo de adultos mayores en condición vulnerable, quienes han buscado una pensión del RNC pero no han tenido éxito. Esta adulta mayor, vecina de Paraíso de Cartago, tenía la esperanza de realizar nuevamente la gestión durante este año; sin embargo, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tomó la decisión a inicios del mes de junio de suspender temporalmente los trámites de nuevas solicitudes de pensiones no contributivas debido a la falta de presupuesto.
De acuerdo con el director de la Dirección de Administración de Pensiones de la CCSS, Ubaldo Carrillo, la decisión de la Junta se dio luego de recibir un oficio del Ministerio de Trabajo, en el que se les informó que el techo presupuestario del Régimen para el año 2021 sería menor al de 2020.
Según datos suministrados por la CCSS, mientras que el presupuesto del RNC para este año es de ¢172.229 millones, el del 2021 corresponde a ¢156.667 millones. Esta disminución, según Carrillo, se debe al impacto de la pandemia en los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el cual financia en gran medida el régimen.
“Si un presupuesto es menor al que usted está ejecutando este año, significa que no va a poder dar la misma cobertura; en el régimen de pensiones significa que la tasa de crecimiento de pensionados nuevos no puede seguir igual. Si el presupuesto del próximo año es menor debemos detener el otorgamiento de pensiones porque no habría la contraprestación presupuestaria el próximo año”, señaló Carrillo.
Esta medida provocó que 13.447 solicitudes de pensión del Régimen No Contributivo quedaran pendientes de trámite.
Actualmente, el Régimen No Contributivo cobija a 128.845 personas adultas mayores, viudas, con parálisis cerebral, entre otros; sin embargo, la meta del Plan Nacional de Desarrollo —que ahora quedó pausada— era otorgar 5.000 nuevas pensiones y así elevar la cifra de beneficiarios a 129.633 para diciembre del 2020.
Carrillo agregó que para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo del otro año, el régimen necesitaría ¢25.000 millones más adicionales a los ¢156.667 millones previstos.
La situación del 2021 para el RNC parece complicada; no obstante, para el 2020 las cosas también podrían ponerse difíciles debido a un déficit de ¢3.000 millones.
“Fodesaf se ha atrasado en ¢2.000 millones y ya hemos visto que los ingresos que provienen del impuesto de licores y cigarrillos también cayeron en casi ¢500 millones. Si uno proyecta eso en el año, estaríamos hablando que los ingresos del RNC caerían en al menos ¢3.000 millones”, señaló.
Ante tal panorama, además de suspender temporalmente los trámites de nuevas solicitudes de pensión, la Caja está en conversaciones con Fodesaf para buscar el financiamiento de los recursos que hacen falta al régimen.
“Si Fodesaf se sigue atrasando y si las otras fuentes de financiamiento siguen trasladando menos dinero, se pone en riesgo el aguinaldo 2020. Por eso estamos coordinando con el Ministerio de Trabajo y Hacienda para que el financiamiento de este año se cumpla y así honrar los gastos que se tienen con los pensionados. Hasta ahorita todo va bien, el pago de pensiones se está haciendo normal”, mencionó.
Para Carrillo, el RNC no debería tener un financiamiento ligado al comportamiento de la planilla, sino que más bien podría tener una fuente más estable.
“Ligar al RNC a la planilla tiene eso, que si la planilla baja, los ingresos del RNC bajan. ¿Qué hago con los pensionados? Yo no le puedo decir a los pensionados que la planilla bajó y que no les puedo pagar la pensión”, dijo.
“Pareciera que el programa que debe asimilar los golpes es el RNC. ¿A algunos otros regímenes que están con cargo al presupuesto nacional les dijeron que no les iban a pagar la pensión o que no les van a aprobar más? ¿Por qué mejor no cambiamos y le damos financiamiento de esos regímenes al RNC y ponemos esos a la variación del empleo?”, criticó Carrillo.
De los 128.845 beneficiados por el Régimen administrado por la Caja, el 60,4% corresponde a personas adultas mayores, el 32% a personas en condición de invalidez, el 2% en viudez, el 0,1% a gente en orfandad, el 2,1% a personas en indigencia y el 3,5% a menores de edad con parálisis cerebral.
Otros golpes a la Caja
La pandemia ha golpeado en gran medida las finanzas de la Caja, esto se ve reflejado tanto en el aumento del gasto para atender la emergencia sanitaria, como en la disminución de los ingresos debido al desempleo y la reducción de la Base Mínima Contributiva en un 75%.
En cuanto a la disminución en los ingresos por recaudación de contribuciones sociales, el gerente financiero de la Caja, Luis Diego Calderón, aseguró que si se comparan los ingresos de operación esperados en condiciones normales (sin COVID-19) con los registrados del flujo de efectivo en los meses de abril y mayo 2020, la institución ha recibido ¢28.526 millones menos en el Seguro de Salud y ¢37.372 millones menos en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
En cuanto a la Base Mínima Contributiva, la Caja estima que la reducción ha significado una recaudación menor en el Seguro de Salud por las sumas de ¢10.017 millones en abril 2020 y ¢10.607 millones en mayo; mientras que en el Seguro de IVM, la estimación es de ¢5.419 millones menos en abril de este año y de ¢5.746 millones en mayo.
Todos estos montos suman un total de ¢31.789 millones que no llegaron a las arcas de la CCSS; no obstante, una vez que se contabilice el monto correspondiente al mes de junio, la cifra podría elevarse a ¢49.110 millones aproximadamente.
La Junta Directiva de la Caja decidió el pasado lunes 22 de junio —tras una solicitud del presidente de la República Carlos Alvarado— mantener la reducción de la base mínima contributiva por el mes de julio en un 75% para los patronos y bajarla en un 25% del valor que estaba en febrero del 2020 para los trabajadores independientes y asegurados voluntarios.
Pese al compromiso del Gobierno en el mes de marzo de dotar de ¢33 mil millones a la CCSS debido a la disminución de la Base Mínima Contributiva, este dinero no se ha podido girar pues la Asamblea Legislativa rechazó el segundo presupuesto extraordinario que contenía esta partida.
El martes 23 de junio, el Gobierno anunció también que ¢8.500 millones serán incorporados al presupuesto extraordinario que presentará el Poder Ejecutivo en julio con el fin de que este asuma el costo de la Base Mínima Contributiva que la CCSS decidió ampliar por un mes.
Según datos de la CCSS, al 19 de junio se han destinado ¢40.439 millones del Fondo de Contingencias de la Caja a la atención de la emergencia; además, unos ¢1.390 millones se han utilizado en los pagos de incapacidades por concepto de diagnósticos asociados al COVID-19.
