Doce organizaciones activistas de derechos humanos de poblaciones LGBTIQ+ firmaron este lunes una carta en la que “repudiamos las acciones del presidente Alvarado”, por el trámite de una cláusula de objeción de conciencia dentro del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) que discute el congreso. La carta fue suscrita por organizaciones ligadas, anteriormente, al movimiento de Matrimonio igualitario en el país.
“Con indignación atestiguamos la semana pasada que la fracción oficialista, por órdenes del presidente Carlos Alvarado, avaló la denominada ‘objeción de conciencia’, propuesta por las agrupaciones neopentecostales y conservadoras, para eximir a las personas trabajadoras del sector público, de la obligación de capacitarse y formarse, bajo el alegato de sus creencias religiosas, éticas y morales. Esto además generó la renuncia de Margarita Salas, a su cargo ad honorem como Comisionada Presidencial para Asuntos LGBTIQ, decisión que lamentamos, sin embargo, respaldamos”, afirma la carta dirigida a medios de comunicación.
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“El repudiable canje de la ciencia y los derechos humanos en el Proyecto de Ley de Empleo Público, es una bofetada presidencial para toda la comunidad que le creyó que ‘nunca más iba a caminar sola’”, dice también la carta.
La lista de organizaciones firmantes son el Colectivo Diversidad 9 de enero – CD9; Pride Costa Rica (organizadora de la Marcha del Orgullo que se celebra en junio para conmemorar las diversidades sexuales); Escuela del Vínculo Erótico Amoroso; Grupo de Apoyo a Familiares y Amigos de la Diversidad Sexual (GAFADIS); el partido político Vamos; Ticosos; la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica (AFHDCR); Coalición Costa Rica (conocida como una organización que respaldó la candidatura del presidente Alvarado en el 2018, con una fuerte campaña comunitaria en contra de los fundamentalismos religiosos en la política nacional); el Frente por los Derechos Igualitarios (FDI); Asociación Ciudadana ACCEDER; Beso Diverso; y Diversidad Caribe.
“Exigimos al Presidente y a la Fracción Legislativa Oficialista, retirar el apoyo a iniciativas que van en detrimento de la progresividad de los derechos de toda las personas y que desnaturaliza la gestión pública y debilita al Estado Social de Derecho”, asegura el documento.
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