Con el final de semestre estallan las antipedagogías del sistema universitario y, con él, todas las formas posibles de precarización laboral. Son muchas las historias que embargan el estrés, la ansiedad y la incertidumbre en este tiempo, en el que la Universidad descansa, mientras exige a las personas interinas cumplir con tareas no reconocidas ni remuneradas en el contrato laboral y deja sin efecto el régimen becario de asistencias vinculadas a proyectos de acción social.
Los ataques al Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y a quienes aportamos a él siguen sosteniéndose bajo la dosis de recortes anuales y “la justificación de presupuesto”. En el año 2020, la reducción de horas asistente fue clarísima, pasamos de mantener 20 horas en cada proyecto a 10 horas asistente por ciclo lectivo ordinario (I y II ciclo). Mientras que, a inicios de este 2023, la Vicerrectoría de Acción Social comunicó la designación de solo 6 horas estudiante a cada proyecto vinculado al Programa. Esta cuestión implica no solo la reproducción de un asistencialismo institucional cada vez más orientado a la mercantilización de la educación, sino a la ruptura y el estrechamiento de procesos comunitarios, quehacer último al que se deben (o deberían deberse) las universidades públicas.
Por si fuera poco, las personas que optamos por realizar asistencias nos vemos inmiscuidas en una zona gris de reconocimiento laboral, ya que para la Universidad somos “asistentes”, “ayudantes”, “apoyos”, pero nunca trabajadoras, aún cuando nuestro trabajo implica estar en el pago de la planilla salarial de la UCR. Para la empresa universitaria somos “beneficiarias” de un “Monto de Ayuda Estudiantil” que, además, reconoce el pago de las horas de forma injusta y desigual. Con el nombramiento de “horas a realizar por semana”, el reconocimiento económico es mensual, esto implica que, en caso de optar por 10 horas asistente, la persona estudiante deba trabajar 40 horas mensuales (en un mes de 4 semanas) y reciba el pago equivalente a 10 horas semanales y no a las 40 horas reales trabajadas en el mes.
Lo anterior también supone que, frente a esta relación laboral precaria, no existan disposiciones sobre los derechos y deberes de la persona estudiante y la unidad encargada de la asistencia. Actualmente, lo que rige el nombramiento de las horas estudiante y asistente es el “Reglamento de horas estudiante, horas asistente y horas asistente de posgrado” que “regula la participación de la población estudiantil en actividades sustantivas y complementarias de la gestión y del quehacer universitarios”, no así la relación que implica desempeñar dichas actividades. Por lo que, ante acuerdos necesarios como el horario de trabajo, el horario de comunicación y los términos de continuidad laboral, las personas estudiantes nos vemos deslegitimadas y desprotegidas ante eventuales situaciones de explotación laboral o de reducción de horas; que implican, en este caso, una designación ad honorem.
Los tiempos de las comunidades no son los tiempos de la Universidad y esto es algo que aún no queda claro en la instancias superiores de la acción social, aún después de la declaratoria institucional que colocó el año 2022 como el “Año de las Universidades Públicas por los Territorios y las Comunidades”. Ser asistente en proyectos como los de Kioscos y su quehacer en los territorios implica un compromiso ético y político de acompañamiento continuo a procesos de reivindicación social donde no existen recesos administrativos. Trabajamos con personas que luchan y esperan, aún en condiciones paupérrimas, el apoyo de la Universidad. Si el régimen de horas asistente fue creado para fortalecer nuestra formación integral y prepararnos profesionalmente, ¡defendamos con dignidad los derechos de quienes trabajan!
