Costa Rica está de nuevo “partida en dos” tras las elecciones del 4 de febrero de 2018. La última gran ruptura fue por el referéndum del TLC en 2007. El triunfo de las sectas cristianas neopentecostales es una derrota para las personas que posiblemente habían creído que ya éramos una sociedad incluyente, tolerante y respetuosa de las diferencias culturales. Hay quienes dicen que no se puede saber cómo llegamos a este escenario, pero esta aseveración puede ser válida sólo para gente inexperta y desinformada, nunca para quienes incluso han sido parte de gobiernos neoliberales en las últimas décadas.
La pobreza no resuelta por las élites gobernantes y privilegiadas de América Latina; la corrupción; el desprestigio de los partidos políticos como mecanismo de organización social; el secuestro y saqueo del Estado por esos mismos partidos fusionados con el mundo empresarial que succiona los recursos públicos; la quiebra inducida de las políticas sociales y el desfinanciamiento, incluso, de los programas de subsidio social para compensar la pobreza son algunas de las causas que explican la migración masiva de votos hacia los movimientos políticos emergentes que se crearon dentro y desde las iglesias no católicas. La protesta por los abusos sexuales por parte de religiosos católicos en el mundo no es la razón principal de la diáspora católica.
La irrupción, influencia y ejercicio de gobierno directamente por pastores y apóstoles divinizados por sus seguidores incondicionales, en lugar de típicos políticos, requiere revisar la imposición del sectarismo religioso como contrapartida a la Teología de la liberación en América Latina, principalmente a partir de los años sesenta. La aplanadora neoliberal implantada en los años setenta, ya fuera con dictaduras militares o con democracias electorales, fue el escenario en el que la reacción religiosa ultraconservadora de algunas iglesias protestantes se fermentó. Fue la mixtura entre el fundamentalismo y negocio religioso y la imposición del neoliberalismo.
En ese marco se puede explicar la violencia contra católicos relacionados con movimientos sociales de derechos humanos y la opción por los pobres, que va en paralelo al auge neopentecostal. Los asesinatos de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, el 4 de julio de 1976 –a menos de cuatro meses de haberse instalado la dictadura militar en Argentina y tan solo un mes después el obispo Enrique Angelelli–, son ejemplos de esto.
Cuando a inicios de 1980 se publicó el primer Documento de Santa Fe se redefinieron las relaciones de Estados Unidos con América Latina. El texto iniciaba con la frase “El continente americano se encuentra bajo ataque”. El ataque no se refería únicamente a la amenaza soviética. Incluía como ataques internos cualquier indicio y manifestación de oposición a la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, totalmente debilitada, según los autores, durante la administración del Presidente Carter (1977-1981) con acciones como la negociación del Tratado Torrijos Carter sobre el Canal de Panamá, la llegada de los sandinistas al poder en Nicaragua y la paridad de poder militar entre el ejército entrenado y financiado por Estados Unidos y la guerrilla en El Salvador, entre muchas más. Recuérdese que los presidentes Jaime Roldós de Ecuador y Omar Torrijos de Panamá murieron en “accidentes” de avión.
En el apartado “Religión. Propuesta No 3”, se exponía una línea clara contra el segmento de la iglesia católica promotora de la llamada “teología de los pobres”: “La política exterior de Estados Unidos, decían, debe empezar a contrarrestar (no a reaccionar en contra) la Teología de la Liberación, tal como es utilizada en América Latina por el clero a ella vinculado…las fuerzas marxistas-leninistas han utilizado a la iglesia como un arma política en contra de la propiedad privada y del capitalismo productivo, infiltrando la comunidad religiosa con ideas que son menos cristianas que comunistas”. En el Documento Santa Fe II “Una estrategia para América Latina en la década de 1990”, se decía que la Teología de la Liberación “es una doctrina política disfrazada de creencia religiosa con un significado antilibreempresa y antipapal, para debilitar la independencia de la sociedad del control estatista”.
El 24 de marzo de 1980 fue asesinado Oscar Arnulfo Romero de cuyo inminente peligro estaba bien informado en Vaticano. En 1983 el Papa Karol Wojtyła, que incluso abrió procesos contra teólogos eminentes como Leonardo Boff, increpó y señaló amenazante a Ernesto Cardenal en Nicaragua. El 16 de noviembre de 1989, en El Salvador, fue el asesinato masivo de siete sacerdotes jesuitas, incluido el rector de la Universidad Centroamericana, Ignacio Ellacuría, y dos mujeres, por orden del coronel René Emilio Ponce del batallón Atlacatl. No menos escalofriante fue el asesinato de Monseñor Juan Gerardi, tan solo dos días después de haber presentado el Informe “Guatemala: Nunca más, de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi)” el 26 de abril de 1998, que daba cuenta de miles de asesinatos y casos de violencia durante la guerra en Guatemala, de los que, abrumadoramente, era responsable el ejército.
El ascenso al poder directo de los cristianos políticos tuvo un momento cumbre el 23 de marzo de 1982 cuando Esfraín Ríos Mont, líder de la “Iglesia del Verbo” –asociada con una iglesia protestante de California–, dio un golpe militar y se hizo dictador en Guatemala. Unos treinta años después muchas fuentes coinciden en que hay cerca de veinte mil iglesias cristianas con diferentes tendencias en América Latina. Las iglesias neopentecostales son maquinarias pulidas de mercadotecnia para el oficio de la seducción y la manipulación, con una capacidad insolente para sacarle plata a todos sus seguidores y hasta para convertirse en la alternativa de sustento material para muchas familias en medio de la crisis neoliberal del Estado social. En campaña electoral esa capacidad de convocatoria emocional y material se traduce en votos.
En Costa Rica los rebaños evangélicos fueron llevados en masa a las urnas. La población le dio la espalda a los candidatos de los partidos tradicionales e, incluso, a los partidos emergentes que ni siquiera lograron crear y sostener una estructura y una base social estable. Pero el voto “en contra” no es no es una solución política orientada a un cambio social positivo. Demuestra más bien un retroceso cultural que mezcla intolerancia, xenofobia, homofobia, negación de derechos, autoritarismo y una caída al vacío provocada por fundamentalismo religioso. Con esto se hizo evidente la profunda vocación conservadora de la sociedad costarricense a pesar del discurso aprendido, condicionado e impuesto de pacifismo y tolerancia. La violencia simbólica que se cobija en pasajes bíblicos del antiguo testamento podría degenerar, sin mayor esfuerzo, en violencia judicial y física contra las personas que no calzan en el ideario de quienes ahora vociferan con matonismo fuera de sus cultos e iglesias.
