Absolutamente nadie. Todo lo contrario, como país perdimos: la imagen de Costa Rica y del Poder Judicial quedó aún más afectada a nivel nacional e internacional.
El pasado 24 de mayo estaba prevista la comparecencia ante la Corte Plena del Poder Judicial, del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados, un experto internacional que tiene entre su mandato el realizar recomendaciones sobre este tema a los Estados. Según la invitación que se circuló unos días antes, él se referiría a la “Independencia Judicial: la elección de magistrados y magistradas en Costa Rica”.
El propio día, varios magistrados/as hicieron públicas sus objeciones a la comparecencia. Para justificarse alegaron, entre otras, que había un retraso en la agenda de la Corte y este tema no era prioritario, que no tuvieron suficiente tiempo para prepararse, que el Relator había dado su opinión sobre temas que estaban siendo conocidos por la Sala Constitucional, y que el tema no es de competencia de la Corte. Luego de casi dos horas de discusión y ante el anuncio de que el Relator tenía otros compromisos, la audiencia finalmente no se llevó a cabo.
Diversos medios de comunicación cubrieron la noticia. Algunos cuestionaron los atestados del Relator, otros objetaron el contenido de sus opiniones previas sobre Costa Rica (de paso deslegitimando las contribuciones que hacen a nuestro país, este tipo de mecanismos internacionales de protección). Pocos se refirieron a la deuda que existe en torno al mejoramiento de los procesos de nombramiento de magistrados/as y la importancia de abordar este tema. Lamentablemente la fallida visita del Relator no permitió abrir este debate y su manejo disperso o sesgado en medios tampoco aportó a la discusión de fondo.
Para algunos costarricenses hablar de independencia judicial equivale a defender privilegios y, por tanto, no es de su interés defenderla; esto se confirma fácilmente al leer los numerosos comentarios en redes sociales que –a propósito de lo ocurrido- abogaban por hacer “limpieza” de este Poder al mejor estilo de nuestro vecino país El Salvador.
Es evidente que no existe un consenso ni un entendimiento de lo que está en juego: nada más y nada menos que un sistema de pesos y contrapesos fuerte que garantice nuestros derechos humanos en igualdad.
Eventos como los ocurridos frente a la visita del Relator no solo afectan la imagen del Poder Judicial, sino que suman al desgaste de nuestro sistema democrático, mostrándolo cada vez más alejado e incapaz de resolver las necesidades de las personas.
Muchos actores son responsables de este desgaste. En relación con el hecho concreto, debo señalar que la decisión de una mayoría de magistrados/as de no recibir al Relator generó un costo innecesario y evitable, cuyas consecuencias solo entenderemos con el paso de los años. Algunos medios de comunicación -por las razones que sean- también han puesto su granito de arena en este caos. Muchos otros actores callan y una no sabe si es por silencio cómplice, por desinterés o simple ignorancia.
En relación con este tema -y muchos otros- creo que como sociedad nos merecemos más: más sensatez, más pausa, más escucha, menos ego y más amor por este país.
