Opinión

Violencia política contra las mujeres

El 8M nos pone a reflexionar, en este momento, sobre la violencia política contra las mujeres. Las acciones afirmativas en el campo de la política han impactado en forma positiva la esfera de la política costarricense en general y de la universitaria en particular. En el ámbito nacional, el 47,4% de las diputadas y el 54,6% de jerarcas de los ministerios son mujeres (INEC, 2023). En el caso de la UCR, el porcentaje de mujeres en puestos de poder es como sigue: autoridades superiores 42.85% y 38.62% en las direcciones (Oficina de Recursos Humanos, UCR, 2023). No obstante, una mayor participación de las mujeres no supone que se nivele el campo del juego político. Evidencia de ello es que, en muchos casos, resulta imposible ejercer la autoridad, que la mujer sea escuchada o que no sufra de “mansplaining”. Así, los estudios muestran que, a mayor participación femenina en ámbitos de tradición masculina, la resistencia a su inclusión se manifiesta en acciones sutiles que minan su participación efectiva. De este modo, se nos presiona para que nos masculinicemos en vestimenta y conducta para amoldarnos a ciertas normas “naturalizadas” de comportamiento; además, se sufre de sexismo, edadismos o acoso.

En el ámbito internacional, se procura examinar y reflexionar sobre estos patrones al comparar las experiencias entre países y regiones con el objetivo de facilitar el intercambio de ideas para combatir la violencia política de género, desnaturalizar conductas discriminatorias y, de esta forma, tomar conciencia al respecto.

La violencia política contra las mujeres es multidimensional y apunta hacia actos que se realizan específicamente en contra nuestra por el solo hecho de ser mujeres, con la clara intención de limitar nuestra participación en la política. En Bolivia, la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres define como acoso político el acto o las acciones, conductas o agresiones físicas, psicológicas y sexuales que procuran impedir, reducir, suspender o restringir el ejercicio de la política por parte de mujeres.

Frente a una participación política femenina que desafía el dominio político masculino, la respuesta de algunos hombres es recurrir a los estereotipos de género para descalificar a esas competidoras, cuyos argumentos se sienten incapaces de rebatir a partir de razonamientos informados.

 

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