El 15 de octubre de 1974, producto de la reforma universitaria inspirada en el único y trascendente III Congreso Universitario (CU), en sesión Nº 001-01, se juramenta a los nuevos integrantes del Consejo Universitario, para posteriormente en sesión 1995 del 21 de marzo de 1975, “se declara formalmente disuelto el CU instalado el 07 de enero de 1941, e inicia uno nuevo, conformado por un miembro representante de cada una de las seis áreas. Luego, se reúnen los señores miembros del CU anterior y los integrantes del nuevo. Esta es la última sesión del CU integrado por los señores decanos”. Este trascendente paso quedó inmortalizado en la fecha 15 de octubre, como la fecha de sustitución alterna de los miembros del Consejo Universitario.
En sesión Nº 5713 del Consejo Universitario, celebrada el 9 de abril del 2013, a sugerencia e insistencia —como una ocurrencia más—, sin conocimiento del contexto histórico y de la legalidad de los actos del Consejo Universitario, el profesor José Ángel Vargas Vargas, entonces miembro representante de Sedes Regionales, y la profesora Rita Meoño Molina del Área de Ciencias Sociales propusieron al órgano colegiado —supeditado en jerarquía a la Asamblea Colegiada Representativa— adoptar el acuerdo de prorrogar el nombramiento de aquellos miembros del Consejo Universitario del 16 de octubre al 31 de diciembre, para hacer efectivas sus funciones a partir del 1º de enero. Esta ilegal ampliación del plazo de nombramiento por dos meses y medio más cubriría a quienes fueran electos en Asambleas Plebiscitarias del 2013 y 2014. El Dr. Ángel Ocampo Álvarez les hizo ver la ilegalidad del acuerdo, pero fue gravemente desoído.
Sobre este gravoso asunto, para dar por terminado el asunto le envié una nota al Señor Rector Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, en que le indico: “debo responderle con todo respeto, pero con mucha firmeza, que me ha sorprendido la ligereza del Consejo Universitario, evidenciada en el acuerdo de la sesión Nº 6533, artículo 5, celebrada el 21 de octubre de 2021. Dicho acuerdo no pasa de ser una larga lista de antecedentes que nosotros conocemos y que obedecen solo en cuanto a la forma del trámite del asunto que he impugnado, sobre la validez jurídica del acuerdo del Consejo Universitario de la sesión N.° 5713, artículo 5, celebrada el 9 de abril de 2013.”
Salvar el Consejo Universitario su responsabilidad sobre el conocimiento de fondo del asunto, bajo la única falaz y cándida argumentación, de que dicho acuerdo: “obedeció a motivaciones de conveniencia institucional que tienen plena justificación y vigencia” resulta ofensivo a la dignidad institucional, ya que los proponentes de tal desaguisado no tomaron en cuenta que en la UCR se nombran, en promedio, 115 autoridades todos los años, en fechas aleatorias, que tienen exactamente los mismos efectos de sustitución que la de los miembros del Consejo. Hay que reconocer que fue una ocurrencia e improvisación, inconsulta a las oficinas competentes, sea la Oficina Jurídica y el Tribunal de Elecciones Universitarias, con el agravante que consistió en una clara violación estatutaria al excederse el Consejo en atribuciones que solo corresponden a la Asamblea Colegiada Representativa.
De toda esta situación resulta lamentable que el plenario del Consejo Universitario no haya querido entrar a conocer el fondo del asunto, y mucho menos a pedir el criterio de la Oficina Jurídica. Es inconcebible que la Oficina de Contraloría y el Tribunal de Elecciones hayan guardado un cómplice silencio sobre este asunto. Creo que esta renuencia, sitúa, con clara evidencia, que mis argumentos son válidos y que ese acuerdo es nulo. Ahora logro comprender la reticencia de la directora, profesora Patricia Quesada Villalobos, de salvar a toda costa su posición, mediante arbitrarios argumentos de forma y con claro desdén a mi persona.
La posición adoptada por el Consejo Universitario pone en clara duda su objetividad y su papel protagónico, y pone en mal predicado, como decía, mi querido exrector Dr. Claudio Gutiérrez Carranza, que “la Universidad es la conciencia lúcida de la Patria”.
El desgaste que me produce y la desilusión que vivo en estos asuntos me hace evocar las múltiples incompetencias del Órgano Colegiado, que no ha logrado en los últimos veinte años dar un salario justo y la estabilidad laboral al 70% de sus funcionarios docentes, quienes además llevan la carga académica con la oferta de los cursos universitarios, y que han provocado la existencia de dos castas académicas: interinos y propietarios. Al respecto, convendría que la Asamblea Colegiada Representativa, conozca una política salarial coherente. Digo la Asamblea, porque también ha sido ilegal, por autolegislación en beneficio propio, la fijación salarial que involucra a los miembros del Consejo Universitario. Huelga decir, además, como lo he reiterado en múltiples ocasiones, la total ausencia de una política de desarrollo regional universitario, con la consecuente concentración de actividades y de gasto presupuestario en la Sede Central.
Reitero mi posición sobre la nulidad e impunidad sobre lo actuado en la sesión Nº 5713 del Consejo Universitario. Que quede para la historia institucional, como una triste muestra de su actuar, tanto en la época que se adoptó el acuerdo, como en el presente que se ha desconocido su análisis de fondo, con las implicaciones y competencias que ello tiene en el devenir institucional. Queda en sus conciencias la falta de coherencia y el no actuar sobre los verdaderos intereses universitarios, que pone en duda la “búsqueda permanente de la verdad”, como enfáticamente señala la declaración de principios y propósitos de nuestro Estatuto Orgánico, así como la vana figura de su artículo 233, al no sentarse las responsabilidades del caso en quienes actúen contrario a lo dispuesto por esa normativa. Está de más decir que se ha contrariado la Ley de Administración Pública en sus artículos 214,223 y 224 que prevé el recurso de nulidad absoluta del acto, lo que pone en evidencia, una vez más, la prepotencia y arbitrariedad con que legisla nuestro Consejo Universitario.
Hago votos porque los nuevos miembros del Consejo Universitario hagan gala de rectitud y legalidad en sus actuaciones, y les deseo que con su esfuerzo dignifiquen su actuar y se provoquen los cambios que tanto necesita nuestra Alma Máter.
