La reciente huelga de los gremios judiciales, muy mal conducida por cierto, minó severamente la credibilidad de ese Poder.
Los judiciales optaron por las vías de hecho, arrastrando tras de sí, no solo la división de poderes, al lanzar las calles contra los legisladores, sino que ignoraron olímpicamente el principio de legalidad que les da sentido como jueces, fiscales, defensores, agentes o simples funcionarios públicos que, al desatender una orden de la Sala Constitucional, depreciaron su movimiento al punto de desnaturalizarlo.
¿Cómo justificarles a los costarricenses que los propios funcionarios judiciales sacrificaran la legalidad ante el altar de unos privilegios, fiscal y éticamente insostenibles? Y no menos importante: ¿Cómo obligar en adelante, a los ciudadanos, a obedecer a los jueces cuando los propios funcionarios judiciales ignoraron una sentencia de la Sala Constitucional?
Lo que estaba y sigue estando en juego, no es solo que muchos terminemos subsidiándoles la pensión a unos pocos. Mucho más grave aún es, que con esa salida en falso del Judicial, se amenazó la división de poderes y el imperio de la razón. Ya no solo las finanzas públicas.
¿A quién debimos creerle como ciudadanos en esa discusión en torno a las pensiones judiciales? ¿A los diputados blindados por la UCR o a los judiciales que, viéndose el ombligo, exigían una suerte de carta al niño?
Esto sin dejar de evidenciar que las pensiones de lujo en el Judicial no solo son cuestión de unos pocos, sino que quienes rompieron esos topes fueron los mismos que se beneficiaron con la medida. Fueron esos mismos, los magistrados, quienes se quedaron quietecitos la primera semana de la huelga, justo como diciendo: “no la quiero pero échenmela en el sombrero, compadres”.
No rompieron los topes de las pensiones judiciales los funcionarios que hoy temen el cambio inevitable de reglas que los obliga a pensionarse más viejos y con menos plata. Esa fue la Corte Plena, para mayores señas: los magistrados. Y eso no es detalle que deba soslayarse en medio de tan implicante discusión.
Ese antecedente huelguístico puso en vitrina al Poder Judicial, haciéndonos recordar que hasta hoy y desde siempre, los compadrazgos han imperado a la hora de designar políticamente a los magistrados. Y, curiosamente, son los diputados quienes han decidido repetidamente que la Corte Plena esté integrada tal y como está, solo por judiciales: exjueces, exletrados y algún exfiscal aventurero.
La deformación endogámica provocada por los mismos legisladores ha venido minando cualquier refrescamiento que incluya otras visiones menos institucionalizadas y, en ese tanto, más realistas. Desembarazadas, además, de los compromisos innegables que conlleva la solidaridad gremial o la típica amistad que aflora entre los compañeros de años cuando antes fueron jefes, colegas, amigos e incluso parejas.
En la Corte Plena escasean los litigantes excelsos que, adentrados en su carrera, deciden abandonar el lucro para abocarse a introducir esa otra visión profesional que solo da el haber practicado el derecho desde la cruda realidad de “la calle”.
En la Corte, tampoco hay académicos de tiempo completo y rigor severo, que decidieran abandonar el estudio y la investigación para abonar desde una magistratura renovada y profunda a una mejor jurisprudencia, al tiempo que a un Gobierno Judicial más congruente y sensibilizado con el ciudadano antes que con el funcionario o compañero judicial.
Pero todo problema tiene solución. Y son los diputados quienes tienen la llave en sus manos. Si no la han usado antes ni se deciden a usarla ahora, es porque no quieren o quizás porque ni siquiera han identificado la raíz del problema. Y esto último sería mucho peor. Casi trágico.
Buenos abogados en Costa Rica hay. No sobran pero los hay. Si no echan mano de ellos, eso es otro asunto. Uno que, por cierto, rebasa toda ironía para dar paso a la tontería.
Los efectos deformativos de toda endogamia, tarde o temprano, afectan al organismo que la padece. Lo dice la biología y en ciertos casos muy calificados, también la política.
Al punto que, esta vez, esas deformaciones les explotaron a los diputados en la cara y a todos los ciudadanos conscientes, desde luego, también en la consciencia.
Por tanto, si los diputados insisten nombrando jueces y letrados como magistrados, a sabiendas de que ese es justamente el vicio original o el precursor de la endogamia judicial, que después no se quejen ni se extrañen por la crisis judicial y sus efectos deslegitimantes para el Estado de Derecho.
Es claro hoy para todos, incluidos ellos mismos, supongo, que las generaciones previas de diputados provocaron esta severa crisis judicial y, con ello, nos heredaron un gravísimo problema –y reto- democrático que hoy haríamos mal en soslayar.