Opinión

Verdades a medias para justificar libro sobre biotecnología  con 932 “erratas involuntarias”

“… quien conjuga la verdad con la falsedad, tarde o temprano evidencia la mentira completa.” Valeria Sabater Los autores-compiladores del libro Biotecnología para todos: conceptos, aplicaciones y beneficios (Gatica et al., 2019), además de justificar las 932 faltas a la ética y la excelencia académica universitarias como “erratas involuntarias” (sic) que reconocen haber cometido (ver: … Continued

“… quien conjuga la verdad con la falsedad, tarde o temprano evidencia la mentira completa.”

Valeria Sabater

Los autores-compiladores del libro Biotecnología para todos: conceptos, aplicaciones y beneficios (Gatica et al., 2019), además de justificar las 932 faltas a la ética y la excelencia académica universitarias como “erratas involuntarias” (sic) que reconocen haber cometido (ver: bit.ly/3eSoYMC), también se excusan con dos verdades a medias, que terminan siendo mentiras completas.

La primera verdad a medias, que termina siendo una mentira completa, es afirmar que la impresión del libro tuvo un costo de poco más de dos millones de colones, “… lo cual demuestra una inversión austera…”, cuando en realidad el gasto fue de 4,2 millones (ver: shorturl.at/lvDG4). A eso hay sumar los costos que toda publicación implica, como salarios de los 11 autores durante el tiempo invertido en el libro, y de los funcionarios de la editorial involucrados en los procesos que preceden a la impresión (ediciones general y técnica, diagramación, diseños de cubiertas, revisores técnicos, elaboración de figuras e ilustraciones, otros), así como la contratación externa del trabajo de revisión filológica por ¢1,3 millones de colones (ver: bit.ly/2BF8vwS); y los gastos de bodegaje, promoción y distribución.

La segunda verdad a medias, que termina siendo una mentira completa, se aprecia cuando, siempre con la intención de desviar la atención hacia temas no relacionados con las 932 faltas a la ética y la excelencia académica universitarias denunciadas, indican que no recibirán “… retribución económica alguna por concepto de derechos de autor, lo cual ratifica el interés exclusivamente educativo del libro sin sesgo ideológico”, lo cual no tiene sentido por dos razones: 1) por no existir una relación causal entre recibir o no retribución económica, con tener o no un sesgo ideológico; y 2) porque en un país con un mercado para la venta de libros tan limitado como el nuestro, los autores difícilmente obtienen ganancias significativas por la publicación de libros, y menos en este caso, donde hay 11 autores involucrados.

¿Dónde está el “sacrificio” que dicen hacer con esa renuncia? Sobre este tema, también llama la atención que se imprimiera el libro sin mediar un contrato como lo estipula el art. 3 del “Reglamento sobre normas de reconocimiento de derechos de autor” de la Editorial Tecnológica (ver: bit.ly/2MzT2AI).

Lástima que los autores no renunciarán a los beneficios económicos que obtendrán al enviar a calificar los capítulos del libro de su autoría a las comisiones de régimen o carrera correspondientes, con la intención de obtener puntos que les servirán para incrementar sus salarios pagados con fondos públicos.

La denuncia de la Red de Biodiversidad (ver: bit.ly/2VHJFoj) llama la atención sobre las fallas de los controles que permitieron la publicación de un libro con 932 “erratas involuntarias” (sic). Fallas que en realidad constituyen graves e inexcusables faltas a la ética y la excelencia académica universitarias, para que los funcionarios de las universidades públicas involucradas en este lamentable caso pongan sus “barbas en remojo”, y así evitar que se sigan despilfarrando los dineros públicos, y se asienten las responsabilidades que correspondan a lo interno de las universidades, así como ante el Consejo Nacional de Rectores (Conare), para evitar que situaciones vergonzosas como esta vuelvan a repetirse.

Hoy más que nunca, las universidades y funcionarios públicos estamos llamados a predicar con el ejemplo. De no hacerlo, la UCR, la UNA y el TEC, así como el Conare, estarían burlando sus propias normativas y códigos de ética, exponiéndose al descrédito, tanto en el nivel nacional como internacional.

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