Opinión

Vaguedades e incoherencias insolidarias

Acerca de la nota enviada a autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo por un grupo de empresarios e intelectuales

Hay varios aspectos que destacamos en la nota mencionada: las inconsistencias internas del planteamiento; la vaguedad de la mayoría de sus propuestas; su énfasis en medidas que debilitarían la institucionalidad pública y agravarían la crisis; y, en contraste con lo anterior, la evidente omisión de cualquier compromiso solidario por parte de las personas firmantes.

  • Un planteamiento inconsistente y contradictorio

Las distinguidas personas, firmantes de la nota, reconocen la existencia de “un legado histórico de brechas y dualismos estructurales”. Elogian la existencia de empresas modernas de alta productividad, en contraste con “un sector muy amplio de micro y pequeñas empresas de baja productividad y empleos de más baja calidad, cuando no precarios”. Incluso reconocen los graves problemas de desigualdad, existentes desde antes de la crisis asociada a la pandemia del COVID-19.

Aun cuando la anterior es una radiografía muy incompleta, sí deja suficientemente claro que existe una realidad de graves desbalances, fracturas y asimetrías, tanto en lo económico como en lo social. La conclusión obligatoria, a que ello debería conducir, es al reconocimiento de que al país le urge replantearse a profundidad la estrategia o modelo de desarrollo. Y, sin embargo, claramente se elude reconocer tal cosa, cuando a lo sumo se propone un curso de políticas que, en lo esencial, implica perpetuar el statu quo, con apenas pequeños retoques y ajustes.

Así, por ejemplo, se reclama “un fortalecimiento del sector privado formal, que es el que genera los empleos de calidad” (énfasis agregado) ¿Y el millón y resto de personas que permanecen en la informalidad? ¿Han de seguir en el olvido y la posposición, tal cual por muchos años se ha hecho? O bien se agrega que se requiere “el fortalecimiento de las cadenas de valor en aquello que hemos demostrado ser competitivos” (énfasis agregados). Lo cual obliga a preguntarse ¿en qué “hemos demostrado” tal competitividad? ¿Las zonas francas con su generoso ramillete de privilegios tributarios? ¿Las explotaciones piñeras con su atropello a los derechos laborales y todo el daño ambiental que provocan? Del contexto se desprende que ello no incluye a la mayor parte de las micro y pequeñas empresas y, definitivamente, no a los millones de personas en la informalidad laboral, en cuyo caso no habría interés en “fortalecer” a estos sectores que, claramente, han sido perdedores dentro de este modelo o estrategia de desarrollo.

Por otra parte, es interesante el enfoque que se asume, el cual se formula a partir de una mirada hacia el pasado y en retrospectiva: interesa aquello en que “hemos demostrado ser competitivos” (sea lo que fuere que eso signifique). No se mira al futuro, en búsqueda de nuevas opciones productivas, no solo más competitivas, sino, y sobre todo, inclusivas, equilibradas, equitativas, respetuosas de los derechos laborales y del ambiente.

  • La vaguedad como propuesta… excepto en lo que atañe al sector público.

El planteamiento general del documento es sumamente vago. Hablan de cinco crisis distintas para, enseguida, apelar a la figura retórica de la “tormenta perfecta”, sin diferenciar apropiadamente entre los ritmos, tiempos, urgencia, naturaleza y causas que cualifican y especifican cada una de esas crisis.

Ello lleva a un planteamiento sumamente confuso, donde, después de reconocer “que no se puede hacer todo a la vez”, pasan a proponer “un enfoque holístico estableciendo prioridades”. Váyase a saber qué significa tal cosa. Lo único que enseguida queda claro es la total oscuridad de su propuesta, cuando señalan que “la prioridad inmediata debe ser atacar, por todos los medios posibles, las cinco crisis mencionadas arriba”.

No podría haber una forma más dramáticamente desafortunada de definir prioridades.

Uno de los pocos aspectos donde sí se ofrece una formulación precisa y directa es en lo atinente al sector público, según una tónica claramente restrictiva y austeritaria, basada –como se ha vuelto costumbre– en el ataque y estigmatización de empleados y empleadas del sector público, que, precisamente, en momentos como este, es el que aporta la primera línea de defensa contra la pandemia, y cuando, ese sector público, en pleno, hace un esfuerzo mayúsculo de reinvención para enfrentar la crisis.

Aparte de lo cual quedan dos preguntas fundamentales que las personas firmantes de la nota omiten considerar:

  • Primero, acerca de las implicaciones negativas, para una economía sumida en una profunda recesión, que derivarían de los recortes propuestos. En las últimas semanas se han hecho públicas las preocupaciones de municipalidades, asociaciones comunales, juntas de educación e incluso empresariado vinculado al sector construcción, acerca de las consecuencias que esos recortes traerían. Son ejemplos concretos, que ilustran que esos recortes agravarían la crisis tanto en sus manifestaciones económicas como sociales y humanas.
  • Segundo, acerca del debilitamiento de la institucionalidad pública en momentos en que la crisis provoca una multiplicación de demandas y necesidades que esa institucionalidad debe atender y tratar de resolver. Por ejemplo: hace pocos días, un comunicado de Casa Presidencial informaba acerca del incremento de solicitudes de auxilio que el IMAS debió atender durante estos meses de crisis: cerca de 1,5 millones, con un incremento de alrededor del 350%.

Por lo tanto, las propuestas recortistas que estas personas promueven, claramente, son una apuesta por el agravamiento de la crisis.

Hay algunos otros planteamientos específicos que podríamos compartir. La propuesta para la creación de un fondo de avales y garantías, la hemos reiterado en numerosas ocasiones. La posible creación de una Comisión Consultiva de Reactivación Económica podría ser apropiada, a condición de que sea un foro realmente inclusivo y participativo, abierto en igualdad de condiciones a todos los sectores de la sociedad costarricense, y absolutamente transparente en su funcionamiento. La consabida simplificación de trámites es necesaria, siempre que ello no signifique descuidar la vigilancia y protección de los derechos laborales y del ambiente.

  • ¿Qué aporta cada quien ante la crisis?

Está claro que para las personas firmantes de la nota, los empleados y empleadas del sector público deben asumir una cuota importante, mediante una reducción de jornadas, cuya implicación más irracional y absurda tiene que ver con el debilitamiento de la capacidad de respuesta de las instituciones públicas, justo cuando éstas enfrentan demandas incrementadas ante la multiplicación de necesidades que la crisis provoca.

Notoriamente no se ofrece ninguna propuesta que pudiera implicar aporte por parte de los sectores que más riqueza poseen en Costa Rica. Esta omisión es particularmente notable, puesto que quienes firman la nota son, en general, personas solventes, incluyendo a algunas de las personas más ricas de Costa Rica.

Es sintomático que las palabras “solidaridad”, “solidario”, “solidaria”, no aparezcan citadas ni una sola vez en esta carta. Lo cual hace necesario recordar que los valores de la solidaridad, compasión y equidad, son indispensables para construir una convivencia civilizada y pacífica. Tampoco debe olvidarse que sin una vida digna para todas y todos, difícilmente habrá paz social, y que sin paz social ni la sociedad prospera, ni tampoco lo harán los negocios privados.

  • Medidas urgentes

En los diversos pronunciamientos que nuestro grupo ha emitido, así como en los foros y entrevistas que en forma individual hemos participado, hemos planteado una amplia variedad de medidas, de corto, mediano y largo plazo, para aliviar la recesión, auxiliar a las personas y familias más afectadas, preservar la estabilidad de la economía y preparar el camino para su recuperación. No entraremos aquí en detalles al respecto, aunque sí enfatizamos la centralidad de los valores de solidaridad, justicia y equidad que nos inspiran, de donde se deriva la obligación de que cada quien aporte según sus posibilidades, lo cual incluye a personas integrantes de este grupo.

En esta nota, en particular, queremos retomar dos propuestas de política que, en el contexto actual, estimamos que es urgente tener en cuenta.

Primero, en relación con las políticas sanitarias. Por un lado, la urgencia de fortalecer la institucionalidad a cargo de la atención de las enfermedades, que permite recuperar la salud de las personas y salvar vidas, lo cual atañe fundamentalmente a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Pero también es importante ponerle atención y reforzar la red pública de bienestar: bonos, subsidios, servicios básicos (electricidad, agua, telecomunicaciones), educación, vivienda, entre otros.  Todo lo cual es fundamental, ya no solo para atender la enfermedad, sino, sobre todo, para la prevención y el cuido de  la salud, una responsabilidad que hoy es asumida principalmente en los hogares y sobre todo por parte de las mujeres, siendo que las situaciones de privación y carencia impiden a menudo que esa tarea pueda ser satisfecha apropiadamente. De ahí que, en contra de las usuales y muy dañinas tesis de austeridad fiscal, sea de la mayor importancia que se fortalezca la institucionalidad pública-estatal a cargo de apoyar esa labor de cuido y prevención.

Segundo, una propuesta de política que es urgente se ponga en marcha, a fin de preservar el normal funcionamiento del sector público, aliviar el déficit fiscal y fortalecer financieramente a la CCSS, todo lo cual es indispensable para mantener la estabilidad de la economía y la paz social.

Lo resumimos en lo siguiente: en el contexto deflacionario que vivimos, con una profunda recesión en curso y agravamiento extremo de los problemas del empleo y de la pobreza, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) debe asumir una posición mucho más proactiva, no solo proveyendo liquidez al mercado financiero en general, sino también apalancando las necesidades de financiamiento del Gobierno Central y reduciendo la presión de la carga financiera de la deuda, mediante los mecanismos que hoy la ley le provee, y a través de los cuales pueden promover una baja considerable de las tasas de interés sobre la deuda.

Con este fin, el Banco Central en conjunto con el Ministerio de Hacienda, y a través de un equipo técnico conformado para tal fin, deben analizar las necesidades de financiamiento a corto y mediano plazo del Gobierno Central, incluyendo aspectos importantes como la deuda del Gobierno con la CCSS, necesidades de flujo de caja del Gobierno Central, riesgos monetarios, así como el costo actual de los intereses pagados por la deuda interna, entre otros.  El resultado de dicho análisis deberá derivar en una propuesta de apoyo financiero de parte del BCCR al Gobierno Central.

Dicha propuesta derivaría en la definición de un monto adecuado de dinero que el Ejecutivo podrá financiar vía emisión de deuda pública, en una o varias emisiones, según los plazos de vencimiento que el equipo técnico antes mencionado considere prudentes y con tasas de interés lo más bajas posibles.

Esta deuda será emitida en el mercado primario para ser adquirida, previo acuerdo, por un banco público.  Posterior a esta compra, el BCCR intervendrá en el mercado secundario adquiriendo estas emisiones de deuda.

  • A modo de conclusión

Comprendemos y respetamos que el gobierno escuche y tome en cuenta lo que plantean organizaciones que representan a sectores de gran poder económico, como la Uccaep y Horizonte Positivo. Pero resaltamos que, igualmente, es su deber ineludible escuchar y tomar en cuenta los planteamientos de otros grupos y sectores. En democracia, todas las voces ciudadanas están investidas de la misma legitimidad y todas por igual tienen derecho a ser escuchadas. No respetar este principio fundamental conlleva a falsear la democracia.

***El Grupo Economía Pluralista reivindica y busca visibilizar la diversidad de enfoques teóricos y epistémicos que enriquecen el bagaje científico de la economía. Asimismo, enfatiza que la economía, desprovista de un compromiso ético y moral, deviene en un ejercicio intelectual estéril y deshumanizado. Somos más de 25 profesionales en economía, y nos movemos en ámbitos diversos: la academia, el sector público y privado y las comunidades.

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