Ante las manifestaciones sociales actuales en nuestro país, se vino a mi mente lo que aprendí hace algunos años en la UCR sobre el juego Suma-Cero de investigación de operaciones e indica como principio que: lo que uno pierde el otro lo gana. Vinculando ese concepto con el tema de la evasión fiscal de impuestos en Costa Rica, resulta simple por analogía el deducir que lo que unos no pagan otros deben pagarlo y, por ende, la verdadera justicia tributaria debería indicar que cada uno pague lo que le corresponde, tanto personas como empresas.
Hasta este punto, se vale reflexionar sobre diversos aspectos de corte ético: ¿por qué solo unos tributan?, ¿por qué eliminar las exenciones en zonas francas está mal?, ¿por qué las tasas de interés de fondos para emprendimientos son elevadas?, ¿por qué el gobierno tiene predilección por aumentarle los impuestos a las clases sociales más vulnerables?
Fácilmente se puede reconocer que lo que unos pagan de más, otros se lo están ahorrando y están “pura vida”, lo cual resulta injusto y mezquino, digno de una secta de vividores oportunistas a quienes les importa poco el concepto de honradez y de solidaridad país. Pareciera que este bienestar no durará más: ya los hombros de los mismos cotizantes no aguantan la carga tributaria de los que no son obligados a pagar. No son los empleados públicos quienes no pagan, a ellos se les deducen los impuestos directamente del salario no de las utilidades, por tanto, ellos –a diferencia de otros– no pueden reportar cero utilidades.
El Gobierno está buscando a quien endosarle esa histórica factura. Resulta que sin la tal evasión fiscal se generaría al Estado una gran cantidad de recursos, sobrados para contratar inspectores fiscales profesionales que vigilen el correcto y oportuno reporte de los ingresos, gastos y utilidades al Ministerio de Hacienda, donde no se acepten estados financieros “maquillados” calificados de técnicamente “razonables”, pero inaceptables éticamente porque carecen de cualquier matiz de proporcionalidad.
Aunado al dilema económico se presenta el dilema social y vemos que, a mayor cantidad de desempleo y de impuestos, de carencia de acceso a créditos razonables, etc., existe mayor desigualdad, pobreza e inseguridad ciudadana. Este último aspecto afecta tanto a ricos como pobres, lo que hacemos mal o dejamos de hacer afecta a todos.
Resulta impostergable establecer un modelo de gestión para el país, con una conceptualización técnica de sus elementos, que respete la soberanía, donde se visualice en forma consensuada la Costa Rica del mañana. Se requiere visualizar el aporte constructivo de todos los actores del citado modelo con sus respectivos derechos, pero también con un fiel cumplimiento de sus deberes.
Se ha dicho recientemente que la creatividad es necesaria en situaciones adversas; actualmente sobran propuestas, pero no todas son técnicamente acertadas. La necesidad de plantear un programa económico integral con visión de largo plazo es urgente a la luz del bien común. Dicho programa debe contemplar planes de acción temáticos que incorporen soluciones reales a los problemas estructurales del país y de los sectores económicos productivos. Se requiere capacidad de negociación, liderazgo participativo, interés legítimo y conocimiento técnico para hacer este tipo de planteamientos. En ausencia de estos elementos en el ministerio de planificación, puede que sea conveniente y oportuno darle el pase a otras instituciones para que se logre esta propuesta. Todos deseamos superar la actual crisis socioeconómica y evitar peores inconvenientes, sin hacer más remiendos con ocurrencias cortoplacistas de alto costo y bajo impacto.
La ciudadanía debe actuar proactivamente e impedir que se comprometa el futuro de las próximas generaciones: ¡que cada uno pague, aporte y defienda lo que le corresponde, por el bien de todos!
