La propuesta del Poder Ejecutivo para reducir en un 24,9% el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en 2023 –en comparación con los recursos correspondientes al presente año– está acorde con la política educativa inaugurada por la pasada administración de Carlos Alvarado (2018-2022) de desfinanciar la educación pública.
En efecto, de 2017 a 2020 la inversión educativa total per cápita, calculada en valores constantes, se redujo en un 11,2%, y los recursos asignados específicamente a las universidades estatales disminuyeron en un 12,1%.
De esta forma, la rebaja que ahora propone el Poder Ejecutivo no se contrapone a una tendencia previa al aumento, sino que lo que hace es profundizar el deterioro que se acumula desde 2018, más intenso en el caso de la enseñanza superior que en el de la educación preuniversitaria.
Estrategia
Con el propósito de justificar ese recorte, las autoridades gubernamentales apelan a un discurso que procura enfrentar la enseñanza universitaria con la preuniversitaria, como si sus intereses fueran opuestos e irreconciliables.
Tal estrategia es similar a la implementada en los últimos años por políticos, cámaras empresariales y conglomerados mediáticos, que sistemáticamente construyeron como enemigos a los empleados públicos en relación con los trabajadores del sector privado, un proceso que condujo a criminalizar los derechos de los primeros y naturalizar la explotación de los segundos.
Evidentemente, lo que el Poder Ejecutivo intenta, al oponer la educación superior a la preuniversitaria, es aislar a las universidades públicas, de manera que en la confrontación que se avecina se les dificulte establecer alianzas con otros sectores sociales y políticos, a la vez que incentiva las tensiones existentes dentro de las propias comunidades universitarias.
También apuesta el Poder Ejecutivo por capitalizar el descontento contra las universidades, alimentado por las campañas mediáticas emprendidas, de modo sistemático, desde la década de 2010, dirigidas a sobredimensionar sus fallas y limitaciones y a invisibilizar sus logros y aportes.
Debilidades
A la guerra a la que las reta el Poder Ejecutivo, las universidades públicas llegan muy debilitadas: una imagen institucional fuertemente deteriorada por esos constantes ataques mediáticos; movimientos estudiantiles disminuidos, despolitizados y divididos; comunidades universitarias escindidas por conflictos internos; y liderazgos frágiles en el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Más grave aún, las universidades parecen haberse quedado solas, sin aliados estratégicos en el mundo político y en la esfera pública y con endebles respaldos de las organizaciones y movimientos sociales, un resultado explicable por la falta de apoyo universitario a las movilizaciones populares contra el plan fiscal de 2018.
Por si esto fuera poco, el marco institucional del país también le es hoy todavía más adverso: no solo por la aprobación en 2020 de una legislación que criminaliza las huelgas y la protesta social, sino porque la Sala Constitucional, desde 2018, vela más por los intereses de las cámaras empresariales que por los derechos constitucionales.
Complicaciones
Podría parecer que el Poder Ejecutivo la tiene fácil, pero hay tres factores que podrían complicarle el escenario. El primero y más importante es que tanto las universidades como el presidente Rodrigo Chaves tienen poderosos e implacables enemigos, quienes podrían aprovechar el conflicto por el FEES para azuzar a los contendientes y procurar que, en las batallas que ya se avizoran en el horizonte, se inflijan el mayor daño posible.
Si tal fuera el caso, el Poder Ejecutivo podría, al final, jugar la carta de dejar que la confrontación sea resuelta por la Asamblea Legislativa, de modo que, si los diputados apoyan a las universidades, Chaves pueda acusarlos de perpetuar privilegios, y si no las respaldan, reclamar que los legisladores le dieron la razón.
En segundo lugar, si las universidades logran una significativa movilización de sus comunidades docentes, administrativas y sobre todo estudiantiles (tanto en San José como en los lugares donde hay sedes regionales), lo que queda del sindicalismo costarricense tal vez considere sumarse combativamente a la lucha, con la expectativa de que, si este pulso se le gana al Gobierno, podrían mejorar la maltrecha posición en que los dejó la administración de Alvarado.
Por último, el recorte propuesto por el Poder Ejecutivo, en vez de afectar a los sectores menos vulnerables de las universidades –catedráticos y estudiantes provenientes de colegios privados–, que son una minoría, perjudicaría decisivamente a grupos como los docentes interinos y los alumnos graduados de la enseñanza pública, que son la mayoría.
Geográficamente, el impacto también sería desigual, pues las sedes centrales, que concentran las mejores condiciones, serían menos afectadas que las regionales, que atienden a la población estudiantil económica y socialmente más vulnerable.
Conviene resaltar esta diferenciación porque el recorte podría tener un alto costo político para el Poder Ejecutivo, al impactar menos a los antichavistas de mejores condiciones socioeconómicas que abundan en las sedes centrales, y ensañarse más con las familias de recursos modestos, una proporción considerable de las cuales probablemente votó por Chaves en segunda ronda (en particular las residentes fuera de la Gran Área Metropolitana).
Resultados
Desde que asumió el poder en mayo pasado, la estrategia de Chaves ha consistido no en buscar consensos, sino en generar conflictos, con la intención de construir identidad institucional como un Gobierno decidido a romper con las prácticas corruptas del pasado.
Hasta ahora, tales iniciativas le han generado algunos réditos a Chaves porque se han limitado a confrontaciones que, al no implicar protestas sociales, permiten un amplio margen de maniobra al Gobierno.
Al promover de forma deliberada una movilización en su contra que rápida y fácilmente podría adquirir un alcance nacional, el Poder Ejecutivo podría, si gana el pulso, reforzar su posición de poder para emprender nuevas iniciativas todavía más regresivas en términos sociales e institucionales. Si lo pierde, la gestión presidencial de Chaves perdería toda credibilidad y difícilmente se recuperaría de la derrota.
Para las universidades, una derrota las obligaría a implementar una estrategia similar a la que adoptaron a partir de la crisis de 1980, basada en reducir la matrícula e invertir lo mínimo en investigación y acción social, con la subutilización consiguiente de la costosa infraestructura construida en los últimos años.
Con una estrategia de esta índole, las grandes ganadoras de la crisis serían las universidades privadas, que –como ocurrió en el período 1985-2000– verían aumentar de nuevo su matrícula, gracias a la demanda de quienes no pudieron ingresar a la enseñanza superior estatal.
Si ocurriera, la derrota de las universidades públicas sería también la de la sociedad costarricense, pues la pérdida de oportunidades para los sectores de menores recursos acrecentaría todavía más la desigualdad. Paralelamente, se comprometería la formación futura de capital humano, esencial para mantener la atracción de inversión extranjera directa en el campo de la alta tecnología.
Además, el daño que se haría a la Constitución Política reforzaría todavía más las tendencias profundamente autoritarias que se han abierto paso en el país desde 2018, de la mano de la reforma tributaria, la regla fiscal, la legislación antisindical y la ley de empleo público.
