El proyecto Ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior, expediente legislativo Nº. 23380, constituye un severo intento del Poder Ejecutivo por socavar y sepultar la autonomía universitaria. Es interesante considerar que es enviado a la Asamblea Legislativa pocos días después de suscrito el Acuerdo FEES 2023, el cual representa una clara violación a la nuestra Carta Magna.
A nivel discursivo, el proyecto utiliza una estrategia de manipulación porque pareciera manifestar una preocupación genuina por el desarrollo de la educación superior estatal, pero en el fondo pretende un debilitamiento de todas sus capacidades al minar su autonomía, limitándoles sus recursos y eliminándoles su función capital de proponer, con libertad, las transformaciones que la sociedad requiere para mejorar las condiciones del nivel de vida de quienes habitan el territorio nacional.
El proyecto les impone a las universidades públicas criterios provenientes de otras instancias externas al quehacer universitario. Tal es el caso de los ministerios de Planificación Nacional y Política Económica; Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones; Educación Pública y Hacienda, los cuales según el artículo 5, tendrán una participación decisiva en la elaboración del Plan Nacional de Educación Superior. Nada más aberrante y alejado de la esencial misión de las universidades públicas, las que resultarían expuestas al dictado del poder político y de los vientos e intereses neoliberales que hoy permean por todos lados; las llevarían incluso a responder únicamente a las leyes del mercado hacia donde el proyecto quiere orientar una oferta académica, ayuna de la visión humanista e interdisciplinaria que nos distingue.
Este proyecto también muestra la intención del Ejecutivo de manipular la opinión pública y de promover la división a lo interno del CONARE, como se evidenció en las sesiones previas a la firma del Acuerdo FEES. En este caso específico, se utilizan las palabras del presidente del CONARE, Dr. Rodrigo Arias, para sugerir o hacer notar “la necesaria redistribución del FEES”. Para él “…este fondo se debe distribuir con base a indicadores y no como se presenta en estos momentos, de acuerdo con una composición histórica, que no refleja la realidad del momento” (Expediente Legislativo 23380).
Ante un contexto tanto adverso, como comunidad universitaria debemos enfrentar fehacientemente estos ataques que carecen de lógica jurídica e irrespetan la institucionalidad costarricense. Para ello es necesario actuar en unidad institucional, considerando los aportes de estudiantes, docentes y personal administrativo, dirigidos a la concreción de propuestas visionarias que trasciendan la inmediatez que nos rodea.
Requerimos, del mismo modo, ahondar en el conocimiento de nuestra historia y argumentar por qué nuestra Universidad ha sido, es y será imprescindible para el desarrollo integral de la sociedad libre, especialmente ante el gobierno que pretende destruir el Estado social de derecho. Urge una acción estratégica de divulgación y promoción de nuestra misión social y académica, lo cual redundaría en un claro fortalecimiento de nuestra identidad como institución benemérita de la educación y la cultura.
