Opinión

Una política pública materno-infantil para proteger el desarrollo de nuestros futuros ciudadanos

El buen desarrollo de la población tiene una directa relación con calidad en la atención integral de la salud de las mujeres y su embarazo

El buen desarrollo de la población tiene una directa relación con la calidad en la atención integral de la salud de las mujeres y su embarazo. Las diferentes etapas de la gestación; las condiciones del nacimiento y la atención al recién nacido son determinantes en el proceso de desarrollo de todo ser humano.

Por tanto, es importante crear espacios que permitan valorar las condiciones actuales de cómo se da esta atención y que este análisis sea desde una visión a nivel intersectorial e interinstitucional, incluyendo la población civil.

Este año se realizó el primer Congreso de Gestación, Parto, Puerperio y Primera Infancia. La actividad permitió reflexionar y analizar entre instituciones, ministerios, profesionales de la salud, ONG’s, académicos y gremios, sobre los nuevos retos y paradigmas que se deben afrontar para garantizar los derechos humanos, los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres gestantes, de las familias y de los niños y las niñas en los servicios de atención.

De este congreso se recopilaron conclusiones y recomendaciones que han sido presentados al Ministerio de Salud (ente rector del sector Salud) como una forma de contribuir con insumos para la construcción de una política pública materno- infantil; de estas conclusiones se destacan:

Que las mujeres y familias gestantes tienen derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre la atención que reciben. Y que la información debe ser clara y oportuna durante todas las etapas de atención.

La educación y empoderamiento de las mujeres y de la familia gestante debe hacerse respetando los factores culturales, sociales, étnicos y económicos. Y considerar que estos factores a su vez pueden convertirse en barreras al acceso a la atención de la salud cuando son ignorados; y que los prestadores de servicios  deben dar los servicios atendiendo aspectos de vulnerabilidad en que viven las mujeres hoy en día.

Que desde la academia se incluyan en los planes de estudio de la formación de los profesionales prestadores de servicios en salud, los Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, como parte de la información, educación y formación de los estudiantes. Igualmente que desde su proceso de educación sean conocidas toda la legislación y normativa nacional y que son de acatamiento obligatorio para prestadores de servicios públicos y privados.

Los aportes  producto del congreso son reflejo de una clara necesidad nacional de establecer una política pública materno –infantil y  que desde un marco jurídico internacional y nacional del país en Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos el Estado promueva mecanismos de seguimiento y evaluación, medición e impacto de la legislación, normativa y convenios referentes al tema de atención integral de la mujer y la primera infancia.

 

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