Si en algo se evidencia la magnitud de la Pandemia del COVID-19 es que en casi todos los países del mundo las autoridades han tomado medidas inusuales para favorecer a los sectores más vulnerables, muchas veces ignorados en planes de estímulo económico realizados en crisis pasadas.
Esto va desde moratorias en el pago de sus deudas y alquileres, hasta más directamente el envío de dinero a los hogares. Esta respuesta se vio incluso en EE.UU. en donde se aprobó destinar cheques por $1,200 a grandes sectores de la población… ¡Una medida que en épocas normales habría sido denunciada en ese país como un peligroso socialismo!
En Costa Rica hemos visto medidas similares con las moratorias de pagos a los bancos y los subsidios gubernamentales a los trabajadores afectados. Con todo y sus limitantes, son medidas de urgencia que van en la dirección correcta. Pero en este panorama, es inevitable hacerse la pregunta de si las autoridades de la Universidad de Costa Rica han aplicado una política solidaria con los grupos más vulnerables de la Comunidad Universitaria, política a la que se pueda considerar a lo menos equivalente a la respuesta sistémica mundial. La respuesta es un rotundo: ¡No!
Naturalmente, me refiero a la situación a la que se han visto expuestos los estudiantes de menos recursos, y en general a todos aquellos que han sido afectados por la Pandemia.
Hay varias razones. En primer lugar: la virtualización del semestre, aplicada en medio de políticas nacionales de distanciamiento social, supone que les estamos exigiendo a todos los estudiantes que tengan medios de conectividad a redes informáticas en sus casas.
Pero esto no es realista. Según datos del INEC y del Estado de la Nación, entre el quintil más pobre de hogares del país solo el 25% tiene computadora. Asimismo, alrededor de un 40% de los hogares no tienen acceso alguno a internet. Y esto lo he constatado en la unidad académica que dirijo. Cabe preguntarse: ¿La emergencia nacional permite a la UCR convertirse de la noche a la mañana en una Universidad “on-line”, reservada para los quintiles más altos solamente?
Más aún, las autoridades no han hecho medidas de flexibilización curricular. Por ejemplo, debería permitirse durante todo este ciclo lectivo el retiro de matrícula de cualquier estudiante que sencillamente no pueda llevar el curso virtualizado, aunque haya hecho el esfuerzo. Además, ante el grado de improvisación metodológica, sería importante, brindarles la oportunidad de que las notas de este semestre no tengan impacto en los promedios ponderados, que no afecten sus matrículas para el próximo año. Podría pensarse en que los estudiantes de primer ingreso usen como referencia las notas de admisión, mientras que para los estudiantes que cursan su segundo año o más, el promedio ponderado del año 2019.
Pero más allá de los inconvenientes de la virtualización, los estudiantes ya han sufrido una doble bofetada por parte de las autoridades universitarias en términos de su bienestar económico en estos momentos críticos. La primera: muchos estudiantes becados notaron a inicios de mes una disminución significativa de sus depósitos a montos irrisorios, llegándoles ocho mil colones en algunos casos, a pesar de que las autoridades aseguraron que no iba a haber afectación. Y la segunda bofetada: para el 5 de mayo está programado el inicio del cobro de la matrícula para la mayoría de la población estudiantil…
Para ambos temas podrán aparecer todo tipo de justificaciones administrativas, como la nota de la ODI que lo justifica aduciendo que el mes de abril es “atípico” porque incluye la Semana Santa… (¡No más atípico que una Pandemia, agregaría yo!) Estas acciones muestran que la Universidad no se está comportando a la altura de prácticamente el resto de la Humanidad, pues países han sumado ayuda más allá de lo ordinario, tirando la casa por la ventana ante el desastre.
Frente a gobiernos que subsidian, las autoridades universitarias más bien escatiman o dilatan el apoyo socio-económico. Frente a bancos y otras instituciones comerciales que suspenden por meses el pago de préstamos, nuestras autoridades más bien mantienen dracónicamente sus cobros. Si fuéramos un país, seríamos objeto de escarnio de la comunidad internacional por nuestro manejo de la emergencia.
Restringir la ayuda socio-económica o incluso mantenerla en los mismos parámetros de siempre (con descuentos sacrosantos) me parece particularmente cuestionable: la Pandemia está acabando sin piedad con la economía de miles de hogares de nuestros estudiantes, y ellos necesitan ahora más que nunca la ayuda que pueda darles la Institución. Esta ayuda que se les está limitando puede ser la diferencia entre que ellos puedan seguir sus estudios en próximos semestres, o tener que abocarse en un cien por cien a ayudar a sobrellevar la subsistencia familiar.
Lo mismo puede decirse del caso de muchos estudiantes no becados que se autofinancian sus estudios, pero que han perdido sus empleos, y que por ende no pueden pagar la matrícula. Me parece increíble que no se hubiera abierto un programa especial de pago postergado o incluso de estímulo solidario para todos aquellos estudiantes matriculados este ciclo que pudieran demostrar que perdieron sus ingresos por la Pandemia.
En suma, me llena de tristeza ver que las autoridades no se unieron a una actitud generalizada de solidaridad pronta e incondicional ante la desgracia. Que quede claro: debimos haber ido mucho más allá de lo que hicieron otras instituciones, debió haber un programa de canalización de fondos universitarios no comprometidos para fortalecer más bien el apoyo urgente y abundante al estudiantado becado y desempleado. Esto no es caridad, es retribución: durante décadas de vida normal, las familias de los estudiantes nos han financiado con sus aportes al erario público por la vía del FEES. En meses de emergencia, deberíamos volcar el grueso de nuestros recursos a su rescate.
