Posiblemente no recordemos una campaña electoral tan apática como esta. El fervor de apoyar a toda costa a uno u otro candidato parece que también se desdibujó de los mismos militantes de los partidos políticos. Hoy nadie parece estar dispuesto a asumir ese precio.
Esto no significa que los partidos hayan dejado de hacer campaña, todo lo contrario. Lo que tradicionalmente se traducía en banderas, volantes y bonos de vivienda, se convierten hoy en estrategias de redes sociales y de púlpitos. Así fue como Donald Trump llegó a la Casa Blanca, con una campaña diseñada desde una firma en Londres, la cual analiza millones de datos personales que hacemos públicos desde “nuestras” cuentas.
De todo esto, llama poderosamente la atención que hayamos hecho un cambio radical en tan solo cuatro años: ¡ni una sola bandera en las calles!, lo que nos invita a reflexionar sobre la transformación social que la tecnología está produciendo en nosotros y los riesgos para la democracia en torno a los llamados fake news y la ausencia de debates.
Ahora bien, los fenómenos que estamos viviendo no son exclusivos de Costa Rica. El mundo en general está sufriendo una crisis de identidad y de credibilidad en torno al concepto de representatividad dentro de la democracia. Desde el año 2000, el profesor Colin Crouch de la Universidad de Warwick acuñó el concepto de postdemocracia para dar cuenta de esta pérdida de los valores y fundamentos democráticos que han permitido el surgimiento de nuevos radicalismos y regímenes aristocráticos.
A esto también debe sumarse la pérdida de credibilidad del sistema bipartidista. Durante algunos siglos, el bipartidismo pareció ser la mejor fórmula de gobierno dentro de los modelos democráticos; sin embargo, con el advenimiento de la globalización y la transformación tecnológica, el pluripartidismo y, por ende, el concepto de representatividad nos introducen la incógnita sobre cuál es la mejor fórmula de gobierno para una sociedad cada vez más diversa y más interconectada en el espacio virtual.
Mientras tanto, algunos caudillos están aprovechando estos vacíos ideológicos para llegar al poder bajo la promesa de regresar a un pasado y una sociedad que ya no existe. Estos caudillos adquieren diferentes discursos según cada contexto; por ejemplo, en Austria, Alemania y Francia, los partidos de derecha radical apuestan por atacar a los migrantes; en Estados Unidos se impone la doctrina America first, y en Costa Rica, el conservadurismo religioso.
El gran vacío ideológico que se puede observar en las presentes elecciones y reitero, en el mundo en general, está ocasionado por la constante presencia de problemas que nunca son resueltos: la corrupción, la desigualdad, la violencia y la falta de educación de calidad, entre otros.
Dado que los problemas parecen repetirse con cada Gobierno, el electorado está dispuesto a escoger cualquier candidato, aun sin experiencia o Plan de Gobierno, que se presente como un rebelde del sistema y que esté dispuesto a asumir el costo político de mover las estructuras tradicionales. Ante este escenario, cualquier acción estará siempre justificada.
El problema con estos caudillos es que son mesías falsos, que engañan a su pueblo diciéndoles lo que quieren oír, y una vez en el poder se aferran a él mientras saquean las arcas públicas. Las mejores armas contra estos riesgos son la educación y la información de calidad, accesible a todos por igual y que fomenten el pensamiento crítico. Nada más lejano a nuestra realidad.
El reciente criterio esbozado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo un impacto político mayor al esperado, y el descontento por las problemáticas tradicionales está cediendo lugar ante la promesa de regresar a los valores de la sociedad de mediados del siglo pasado. Hemos visto en este sentido cómo la religión -en este caso la cristiana en sus diferentes modalidades- desea mantener su influencia de poder en los asuntos públicos y para ello han formado alianzas antes impensables.
De esta forma, la presente campaña política se tornó en una carrera para demostrar cuál candidato es más conservador y afín a los principios políticos cristianos. Algunos permanecen fieles a sus discursos discriminatorios, otros son fieles a sus tácticas políticas y cambian sus posiciones según el fervor del momento, aunque sean contradictorias.
Los principios liberales que nos heredaron nuestros antepasados desde finales del siglo XIX y que se impregnaron en la actual Constitución Política -al menos en cuanto a la prohibición de invocar asuntos religiosos en la política (art. 28)-, se convierten hoy en letra muerta y sin contenido ante los ojos de un Tribunal Supremo de Elecciones pasivo, quien parece haber olvidado que su deber no solo consiste en garantizar la autenticidad de los resultados sino también velar porque la campaña electoral se desarrolle dentro del marco de la ley.
Imaginemos ahora un partido político denominado Restablecimiento Cristiano, dirigido por un sacerdote, apoyado por la cúpula de la iglesia Católica y desde cuyos púlpitos se realizan campañas partidarias, ¿sería esto legal? La respuesta es negativa. El artículo 136 del Código Electoral dispone: “Es prohibida toda forma de propaganda en la cual, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión, se incite a la ciudadanía, en general, o a los ciudadanos, en particular, a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas“.
Si la anterior regla de derecho aplica para los cristianos católicos, ¿por qué no aplica también para los cristianos evangélicos o cualquier otra denominación religiosa? El artículo 33 de la Constitución Política establece el principio de igualdad, según el cual, se debe tratar de igual forma a quienes son similares y de manera distinta a quienes no lo son.
Se trata entonces de dos denominaciones religiosas, invocan los mismos preceptos religiosos y bíblicos, ejercen gran influencia ideológica sobre sus creyentes y tienen un importante peso político en la sociedad costarricense, tanto así, que hoy los candidatos dirigen sus discursos para encajar en esta ideología y cierran pactos entre ellos. No existe entonces motivo legal alguno para realizar una distinción donde la ley y el contexto social no las hacen.
En consecuencia, son ilegales todos aquellos partidos políticos cuya estructura de poder es dirigida por clérigos, con independencia de su denominación religiosa. Costa Rica enfrenta en estos momentos uno de los retos más agudos en su historia democrática. Nuestros valores y principios liberales, sociales y de respeto a los derechos humanos que nos han permitido distinguirnos en la comunidad internacional y atraer inversión extranjera están en gran riesgo ante la amenaza de sobreponer la religión sobre la democracia y el derecho.
Es tan evidente nuestro rezago en la educación que los ciudadanos no podemos entender que una sociedad próspera es aquella que respeta y fomenta el humanismo, donde cada persona tiene derecho a vivir en paz y con libertad, sin miedo a ser amenazado por expresar sus convicciones, respetando siempre las creencias más íntimas de los demás. Si un Estado no puede garantizar esta base fundamental, todo lo que se construya sobre ella está destinado a caer.
