Los proyectos que integran el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen problemas considerables. La forma en que se formularon, y sus contenidos, han generado trabas importantes que limitan su aprobación y/o su aplicación. Por lo tanto, un escenario probable es que dicho acuerdo entre pronto en fase agónica.
Los contenidos del acuerdo. Los proyectos formulados por el gobierno, y tramitados de forma miope por la Asamblea Legislativa, obedecen a la lógica del ajuste fiscal aplicado desde mayo de 2018. Se trata de acciones que buscan reducir el gasto público con base en la disminución real de los salarios de los trabajadores y de las transferencias a los programas sociales selectivos, así como a las universidades públicas y al Poder Judicial.
Por otra parte, algunos de los proyectos se encaminan a gravar los ingresos de la clase media y de ciertos sectores de la población de ingresos bajos. Al respecto, se deben recordar el proyecto de renta global (que exime a las ganancias empresariales y aumenta la cantidad de personas pobres que deben pagar el impuesto sobre la renta), la reducción del salario escolar, el impuesto a los premios de la lotería (los pobres son los que juegan lotería), la privatización de los préstamos de CONAPE (al mejor estilo chileno).
La alternativa. En general, la lógica de este ajuste fiscal es lo que hemos denominado la “opción preferencial por los ingresos altos”. Se busca proteger al 1% más rico de la población, usando la conocida frase de Stiglitz. Sin embargo, no es la única opción. Es posible usar principios fiscales diferentes y formular un plan B que sustituya al convenio en trámite. Desde luego, si se considera en el análisis de las próximas semanas, que no es conveniente el acuerdo con el FMI, tal plan B seguirá vigente como un programa eficaz para reducir el déficit fiscal.
Lo primero que se debe valorar es la realidad de las cifras fiscales. No es cierto que estemos a las puertas de una debacle fiscal. El gráfico siguiente muestra que, por primera vez en mucho tiempo, se está logrando un superávit primario (Ingresos menos gastos sin intereses), representado por la línea de puntos. Esto se traduce en una reducción apreciable del déficit fiscal (dibujado mediante la línea continua), que ha llegado al 1,6% respecto al PIB, en el acumulado a mayo, el mejor resultado en 4 años. ¡Y no se ha recibido ningún desembolso del FMI¡, lo que revela que financieramente tal acuerdo no es necesario. Esto se ha logrado golpeando el ingreso de la clase media y de segmentos de la población pobre, mientras se protege a los ingresos altos.
En segundo lugar, el enfoque actual del FMI aporta un espacio amplio para formular acciones que permitan incorporar nuevos instrumentos y una distribución más pareja de los sacrificios que se deban realizar. Kristalina Georgieva, la directora general del FMI, ha sido clara acerca de los lineamientos que se están impulsando en la actual coyuntura: hay que resolver los problemas derivados de la pandemia, pero sin golpear a los segmentos más rezagados de la población.
Los proyectos alternativos. En la parte de gastos, se debe sustituir el proyecto de “empleo” público por un verdadero proyecto de eficiencia y aprovechamiento óptimo de los recursos públicos. El proyecto en trámite en la Asamblea Legislativa no es de empleo público, es un proyecto de salario público, lo que es totalmente distinto. El proyecto busca la reducción de los salarios reales, pero no toca el control de la ineficiencia, en donde exista. Un proyecto alternativo retomaría la ley 8131, sobre presupuestos públicos, y formularía un programa para introducir nuevas herramientas de control del gasto basadas en el cálculo de métricas de rendimiento de los recursos y de costos unitarios de la prestación de los servicios. Además, no es de recibo el proyecto para el congelamiento de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (el autor demostró la regresividad de ese proyecto, véase el documento en franciscoesquivel.com).
En el campo de los ingresos, se debe rehacer completamente el proyecto de renta global. Lo más práctico es dividir el tema en proyectos específicos que sean más justos y progresivos. Puede formularse un proyecto para mejorar la tabla del impuesto sobre la renta de asalariados y pensionados, cuya única fuente de ingreso sean el trabajo asalariado o la pensión. El proyecto en trámite aplica el impuesto sobre la renta a los asalariados y pensionados que tienen ingresos entre 680.000 y 840.000. Eso es una agresión inaceptable que afecta a un segmento de la población pobre. La tabla se puede mejorar, manteniendo el mínimo de cotización en 840.000 y agregando nuevos tramos a partir del rango máximo actual. Es decir, se agregarían tramos a partir de 4.325.000 con porcentajes de contribución que pueden fluctuar entre el 25% y el 50%. Por aparte, se debería formular un proyecto para gravar a quienes tienen varios ingresos (la verdadera renta global), incluyendo las ganancias empresariales, pero sin meter en ese asunto a quienes viven a duras penas con un solo ingreso. Finalmente, es fundamental otro proyecto para que los grandes contribuyentes den un aporte temporal y colaboren con la reducción del déficit, mientras la recuperación económica restablece los niveles acostumbrados de recaudación.
Además, es urgente agregar un proyecto de renegociación de la deuda pública. El objetivo sería bajar sustancialmente el pago de intereses a corto y mediano plazo. Una parte importante de la deuda está en manos de entidades públicas, algunas son instituciones del sector financiero. Es inaceptable que las entidades públicas estén ganando tasas de interés reales alrededor del 6%.
Si se aplicaran estas acciones, con o sin el FMI, se tendría una ruta alternativa sólida para continuar la reducción del déficit del gobierno, repartiendo de manera más justa los sacrificios que implica el ajuste fiscal.
