Opinión

Un Moisés local

Que la pugna ciudadana,política y cultural por la declaratoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos será dura y cuestión de abogados y funcionarios

Que la pugna ciudadana, política y cultural por la declaratoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos será dura y cuestión de abogados y funcionarios en las instituciones, lo evidenció el candidato Álvarez Desanti con la arenga que publica uno de sus patrocinadores, La Nación S.A., este 15 de enero. Lo hizo en el marco de su campaña por la Presidencia y porque estima, él y sus allegados, que el respaldo “cristiano” (juguetea con él desde hace años) le rinde más votos que las minorías ciudadanas. Inicialmente el candidato Álvarez, según el mismo medio, dijo que respetaba la decisión  de la Corte, pero que difería de su criterio. Horas después, no comparte ni la forma ni el contenido y se presenta como líder de una movilización contra el matrimonio y la familia no-discriminativa.

Álvarez quiere ser cabeza de un movimiento que expresaría “… los principios y convicciones que tiene nuestro pueblo». Además de jefear a la población que rechaza la posibilidad de legalizar el matrimonio y la familia homosexual, el candidato habló también en contra de la ideología de género, del aborto y de las guías sexuales utilizadas por el Ministerio de Educación Pública en esta administración. Retornará a las propuestas por la presidenta Chinchilla. Con su ataque, Álvarez Desanti se transforma en un miembro más de la Conferencia Episcopal abierto, eso sí, a los votos de  iglesias “cristianas” protestantes.

En su guerra, Álvarez repudia la acción de la administración Solís que consultó directamente a la Corte Interamericana. La rechaza por hecha “…a espaldas del pueblo”. Según él, la consulta debió surgir de la Asamblea Legislativa. Mata así el procedimiento en su inicio, aunque este no tiene marcha atrás y posee respaldo jurídico. La Corte Interamericana aceptó la consulta. En cuanto al contenido, Álvarez, igual que en su momento Juan Diego  Castro, espera que instancias locales decidan cómo ejecutarán la decisión de la Corte Interamericana y, el juicio que esta ejecución reciban de la Sala IV o Constitucional del país. Álvarez grita que la Corte Interamericana no tiene competencia sobre estos contenidos ciudadanos, e insiste en su discusión y resolución con sede en la Asamblea Legislativa local. Olvida que esta no expresa a la población sino a argollas.

Desde la cima de su discurso, singularmente desde su posición ante el aborto, Álvarez se autodefinió como el candidato provida.

Sin ánimo de lidiar con este Moisés o Führer presidenciable, se puede examinar su afirmación acerca de lo que él llama “los principios y convicciones que tiene nuestro pueblo”. “Nuestro pueblo” es vocablo fácil en boca de un demagogo laico o clerical, pero de difícil determinación apenas se la pronuncia. Este “pueblo” surge de relaciones sociales que producen adultos y jóvenes, mujeres y varones, citadinos y rurales, meseteños y costeños, empobrecidos y opulentos, abogados y recolectores de café. Esto solo por referir algunas diferenciaciones. Los grupos generados por estas distinciones son todos costarricenses. También suelen serlo la mayoría de sus individuos. Las sociedades modernas resolvieron que estos “diversos” tenían algo en común: eran ciudadanos. Los ciudadanos suponen un Estado de derecho. Ellos aceptan ser agrupados: las minorías (por cualquier motivo) y las mayorías. Lo que resuelve en su declaratoria la Corte Interamericana versa sobre ciudadanía minoritaria discriminada por los Estados regionales y recuerda que sus opciones sexuales no deben constituir factor de discriminación. No habla, por tanto al “pueblo de Costa Rica y a su fe religiosa mayoritaria”, sino a un Estado que discrimina por su opción sexual a ciudadanos o porque, en situación, deciden que el aborto (acción compleja y dolorosa) es su mejor opción de existencia y vida. Por ello conviene legislar sobre al aborto y nadie pretende que este sea obligatorio sino una posibilidad ciudadana. Los abortos clandestinos son peligrosos y se ligan con gastos sociales que se podrían evitar y, para nada de paso, se impedirían muertes o lesiones graves para ciudadanas.

Un abogado ciclista debía saber estas cosas elementales. El pueblo de Costa Rica lo componen sus ciudadanos (no un “alma”). Ningún sector de ellos ha de ser discriminado por el Estado. Es lo que dice la Corte Interamericana. Como se sabe, los ciudadanos y el Estado carecen de obligatoriedad religiosa. Así como algunos andan en bicicleta para mantenerse en forma, física y mental, otros lo hacen para masturbarse. Es pecado, pero no delito. Al candidato Álvarez le conviene retornar a su bicicleta y a sus tentaciones para mejorar su forma física, mental y espiritual. Escribe el consejo alguien que no votará por él.

 

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