La Junta Fundadora de la Segunda República creó el Consejo Nacional de la Producción (CNP) en 1948, para modernizar las actividades productivas del sector agropecuario nacional. La agricultura de granos básicos fue promovida mediante la restricción de las importaciones, la asistencia técnica y crediticia, y el establecimiento de un precio de sustentación —determinado por el cálculo de los costos de producción y el margen de utilidad— atractivo para los productores.
Luego de la crisis económica de 1980-82 y las medidas de estabilización financiera, la administración Monge Álvarez firmó el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE). El proceso fue liderado por el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) Eduardo Lizano Fait. La política agrícola del PAE promovía incentivos para la exportación de cultivos no tradicionales, la revisión de los precios de sustentación del mercado interno y la reestructuración del CNP (Hidalgo, 2003).
El 22 de julio de 1986, el presidente ejecutivo del CNP Antonio Álvarez y el ministro de Economía Luis Diego Escalante de la administración Arias Sánchez (1986-1990) anunciaron que el precio de sustentación del maíz amarillo se eliminaría, el del maíz blanco se mantendría invariable (condicionando al sector productivo a compartir las pérdidas del excedente con el CNP) y el del frijol disminuiría un 25%. El plan incluía la venta de inmuebles del CNP y la reducción de su presupuesto en ₡200 millones.
Este comunicado se presentó en un entorno donde el área de siembra y la producción del año anterior para ambos granos había sido de 115.206 hectáreas y de 140.800 toneladas (Morales, 2018). El 80% de la producción la realizaban pequeños y medianos agricultores dependientes del CNP cuyas fincas no superaban las 100 hectáreas. La mecanización y el capital invertido era limitado y el empleo de mano de obra por hectárea muy denso (Guardia, et al. 1987).
El 1 de setiembre, el movimiento campesino expresó a la presidencia su disconformidad con el plan anunciado, y envió una lista de solicitudes con el fin de fomentar la producción agrícola interna. El 17 de ese mes, la Unión de Pequeños Agricultores del Atlántico (Upagra) lideró una manifestación para visitar Casa Presidencial y dar seguimiento a aquellas peticiones. Debido al cerco policial en su marcha a Zapote, aproximadamente unos mil manifestantes se trasladaron al centro de San José y bloquearon la esquina de la avenida central y calle dos. Alrededor de las tres de la tarde, la Guardia Civil dispersó a los(as) agricultores y sus familiares mediante el uso indiscriminado de gases lacrimógenos (Edelman, 2005). La brutalidad de la Fuerza Pública fue justificada por las autoridades para reestablecer el libre tránsito de personas y vehículos.
La represión de la marcha campesina y la censura pública de la violencia policial provocó una revisión de la política agrícola. El 3 de octubre el ministro de Agricultura Alberto Esquivel Volio anunció un nuevo programa intitulado “Un Diálogo Permanente”. Sus objetivos eran: abastecer el mercado interno con producción agrícola nacional, mantener precios regulados a los consumidores y garantizar crédito oportuno a los agricultores. El costo del proyecto rondaría los ₡2.000 millones. Esquivel aprovechó la coyuntura para relanzar el proyecto de Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria (Fodea) —presentado durante la administración Monge— que consistía en la readecuación de la deuda de los productores agropecuarios (Vermeer, 1990).
Esa agenda contradecía las medidas auspiciadas por el PAE y los economistas del gabinete. Los organismos financieros internacionales consideraron interrumpir el flujo regular de los préstamos. Según Lizano Fait, el Gobierno no disponía de recursos económicos para patrocinar el nuevo plan agropecuario. En el contexto del déficit fiscal, solamente observaba dos opciones para su financiamiento: recortar el gasto público de otra área o aumentar los impuestos.
El 25 de marzo de 1987 Lizano presentó su renuncia a la presidencia del BCCR. Pese a que en su carta negó algún desencuentro con el equipo de gobierno, la prensa señaló su disconformidad con la lentitud en la implementación de las medidas de ajuste y la ambivalencia de la política económica.
El 2 de abril la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Fodea. Ese triunfo motivó a Esquivel a calificar a Lizano como un economista de “café y tostel” ajeno a la realidad sociopolítica. La declaración del ministro disgustó a los tecnócratas, quienes amenazaron a Arias con una dimisión colectiva. Esta circunstancia condicionó al presidente a solicitar la renuncia a Esquivel y reincorporar a Lizano el 9 de abril. Lo anterior resolvió el conflicto a favor de la tendencia neoliberal (Vermeer, 1990) y fortaleció al equipo económico que guió a la primera administración Arias hacia la firma del segundo programa de ajuste estructural de 1989.
