Opinión

Un debate necesario

Un intenso debate generó la decisión del Ministerio de Justicia y Paz de trasladar a personas privadas de libertad

Un intenso debate generó la decisión del Ministerio de Justicia y Paz de trasladar a personas privadas de libertad que, reunían una serie de condiciones, verificadas por el Instituto Nacional de Criminología, a los centros semiinstitucionales o semiabiertos. Más allá de la obcecada y, por tramos, delirante insistencia de algunos sectores de que lo que se hace es abrir las jaulas a una suerte de “hannibals lecters” tropicalizados, lo importante está en, tal vez, como nunca antes, haber puesto en el foco de la discusión nacional a nuestro modelo penitenciario. El apoyo del Presidente de la República a la medida y, en consecuencia, a la protección de los derechos humanos contra el populismo y el simplismo, quizás, no ha logrado aquilatarse en toda su dimensión. Ha sido determinante.

Ese debate, como quiera, no puede frenarse. Un sistema penitenciario es más que una cárcel, un sistema penitenciario es más que el lugar en el que se recluye, como pilas de carne, a quienes entraron en conflicto con la ley penal. Nuestra sociedad ha evolucionado y la sanción tiene una finalidad resocializadora, mientras sigamos apostando por un régimen democrático esto debe ser así. No queremos parecernos, como escribía hace un tiempo, Elvira Lindo, a aquella buena gente que en la Edad Media acudía a las plazas de los pueblos a presenciar la ejecución de un condenado como si de un teatro callejero se tratara. Buscamos justicia, no venganza.

El Estado debe mantener su infraestructura, pero, habrá que decirlo las veces que haga falta: la sobrepoblación penitenciaria no se solucionará construyendo más cárceles. Solo entre 2013 y 2014, el Ministerio de Justicia y Paz ha creado más de 1.100 espacios carcelarios y del 2015 a 2017 se proyectan cerca de 2.500. Si el principio, repetido incesantemente en las facultades y escuelas de Derecho, que dice que el derecho penal debe ser la última agencia a la que se recurra para resolver los conflictos sociales continúa vigente, algo no se ha hecho bien. Aumento indiscriminado de las penas, criminalización de nuevas conductas o de conductas que antes eran contravenciones y uso de la privación de libertad como principal alternativa sancionatoria hacen parte de las causas explicativas de la sobrepoblación de un sistema que favorece la reclusión, mayoritariamente, de personas maginadas de previo y en condición de vulnerabilidad. Según un estudio publicado la semana pasada por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), casi el 90% de los privados de libertad no concluyó la secundaria, cerca de un 50% viene de familias en las que algún miembro estuvo preso y un porcentaje similar tenía problemas de adicción al momento de cometer el delito.

La cárcel tiene que reservarse para quienes no pueden vivir en sociedad, no para quienes han sido marginados por falta de oportunidades. Este debería ser el punto de partida para redefinir el modelo. No es casualidad que hace un par de semanas el Presidente de Estados Unidos planteara una reforma al sistema criminal de su país que incluye eliminar los registros de antecedentes como requisito laboral y la sanción de delitos menores de drogas.

Por ahora, se trata de priorizar. El problema del hacinamiento exige que se le atienda urgentemente y por eso, acatando las órdenes del Poder Judicial, se han tomado medidas extraordinarias, en momentos extraordinarios, pero necesarias y, sobre todo, de manera responsable, aprovechando los programas semiinstitucionales del sistema penitenciario. Sin embargo, hay una cuestión de fondo que debe encararse y en la que el concurso de muchos actores es imprescindible. Ojalá que el llamado que en esa dirección han hecho líderes políticos como Barak Obama, Jorge Mario Bergoglio o Ban Ki-moon, cuyas declaraciones circulan en la red, tengan un efecto contagio. El propósito no es buscar culpables de lo que se ha hecho, sino responsables de lo que se hará.

Por último, hay que decirlo, la historia enseña que la defensa de los derechos humanos de las minorías siempre ha despertado feroces resistencias. Esa, probablemente, sea la prueba más demoledora de que estamos haciendo lo correcto.

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