En el año 2011, la Universidad de Costa Rica (UCR) firmó un contrato de fideicomiso con el Banco de Costa Rica, el cual fue refrendado por la Contraloría General de la República. Lo hizo ante la urgencia de invertir en infraestructura para cumplir las tareas que le están encomendadas por disposición constitucional y garantizar el derecho a una educación superior de calidad.
Costa Rica tiene una larga historia de frustraciones por contratos incumplidos, proyectos truncados o realizados tardíamente, con costos superiores a los presupuestados y no pocas veces imperfectos. Tan grande es la frustración que se ha vuelto parte del folclor nacional y hasta se ha transformado en un componente gracioso de nuestro lenguaje.
En contraste con ello, resulta estimulante -y quizá se vuelva un caso ejemplar para el país entero- observar que en la UCR, gracias a un fideicomiso, se realiza un gran esfuerzo institucional que reúne la experiencia de muchos profesionales que ponen sus conocimientos y capacidad de gestión al servicio del cumplimiento de objetivos complejos.
El esquema utilizado en la UCR es “un traje hecho a la medida” y representa una oportunidad para articular la gestión pública con la capacidad privada de ejecución de obra con el fin de garantizar eficiencia y eficacia en la construcción de infraestructura. La figura jurídica concebida brinda seguridad a los proyectos que requieren una estructura flexible para adaptarse a sus modalidades particulares. Esa flexibilidad se da en el terreno contractual.
Actualmente, gracias a esta construcción jurídica, la UCR ha logrado avanzar en proyectos de 11 edificios. Cuatro obras construidas iniciadas en el 2013: Facultad de Ciencias Sociales, Biblioteca Ucagro, edificio de residencias estudiantiles y el edificio de parqueo, las cuales precedieron a la construcción de las siete obras nuevas que iniciaron en 2016: Facultad de Ingeniería, Edificio Parqueo Integral Universitario, Facultad de Derecho, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, Edificio de Aulas y Laboratorios, Plaza de la Autonomía y Facultad de Odontología. Este conjunto de edificios representa un área de 88.000 m2 de construcción.
La UCR ha integrado su capacidad profesional como contraparte en el fideicomiso, lo cual ha permitido que las obras se desarrollen de acuerdo con los requerimientos técnicos y las necesidades de las unidades académicas, con una línea arquitectónica que refleja la imagen de la institución, dentro de una materialística que permite el equilibrio entre las obras y el ambiente, con la pertinencia de nuevos métodos constructivos que garantizan la calidad de la obra.
Considerar el fideicomiso más allá de su concepción de fiducia mercantil, ha permitido a la UCR, de mano con el fiduciario (BCR) y la unidad administradora del proyecto (Novatecnia) -como actores del esquema-, avanzar en forma paralela en sus dos etapas: la construcción de las obras y su arrendamiento (operación del inmueble).
De igual manera, la versatilidad, flexibilidad y estructura funcional y administrativa del esquema permite identificar que la gestión pública puede ser eficiente y eficaz, al considerar un modelo de trabajo diferente con cronogramas en días naturales, medios de pago expeditos que redundan en beneficios tangibles (obras construidas, cronogramas concluidos y costos menores) e intangibles (compromiso, servicio, coordinación y experiencia profesional).
La UCR, con profesionalismo y convicción, ha logrado ejecutar sus proyectos de infraestructura, en un esquema relativamente novedoso, similar a las experiencias exitosas que se han dado en otros países de América Latina, siguiendo los mejores estándares y prácticas, con un rol vigilante y de control para garantizar que se cumplan los principios constitucionales, el ordenamiento jurídico y el procedimiento estipulado; pero, sobre todo, con la certeza de poder vencer las barreras de esquemas preconcebidos y avanzar hacia una cultura de innovación en la gestión pública.
Pero la UCR no ve en estas obras una simple gestión pública de construcción de infraestructura, sino la oportunidad de cumplir con su compromiso con la sociedad y de brindar una educación superior de calidad, en una sana ejecución de la hacienda pública. De esta manera, demostramos que podemos devolverle la esperanza a la sociedad costarricense mediante objetivos claros y la convergencia de voluntades.
