En días pasados, la Universidad de Costa Rica (UCR) dio a conocer la existencia de una iniciativa dirigida a lograr “una mayor inclusión de la bibliografía escrita por mujeres en los programas de los cursos” universitarios.
Denominado “Mujeres en la bibliografía”, esta iniciativa, impulsada por las estudiantes Valeria Rodríguez Quesada y Ariana Quesada García, es apoyada por el Consejo Universitario. Además, según la directora del Centro Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), Monserrat Sagot, el fenómeno que se procura abordar es “parte de las manifestaciones concretas del sexismo en la academia”.
El objetivo final de la iniciativa es que el Consejo fije “una cuota mínima de textos escritos por mujeres que deberán ser incluidos en la bibliografía de cada asignatura”, por lo que se sigue el modelo de las cuotas de género establecidas para los partidos políticos.
Históricamente, la reforma institucional como vía para superar las desigualdades de género ha dado mejores resultados cuando se trata de equiparar derechos (el derecho al voto) o de establecerlos (derecho al aborto) que cuando se utiliza para forzar la modificación de mercados, como el político o el académico, sin atender a sus especificidades sociales y culturales.
Políticamente, donde las culturas socialdemócratas o de izquierda tienen todavía relevancia, las cuotas o la paridad contribuyen a que mujeres de esas tendencias amplíen sus espacios institucionales y políticos; pero donde no es así, las cuotas o la paridad más bien refuerzan el derechismo femenino.
En Costa Rica, las reformas efectuadas para incrementar la representación femenina en el Congreso y las municipalidades han tendido a aumentar en esos espacios la presencia de mujeres propatronales y fundamentalistas cristianas.
De aplicarse al mercado académico una iniciativa como la que ahora apoya el Consejo, es muy probable que realmente contribuya a eliminar el “sexismo en la academia”, pero a costa de destruir la academia. En efecto, con tal de cumplir con la cuota, podría ser necesario incorporar a la bibliografía de cursos que abordan problemáticas para las cuales hay una insuficiente producción femenina, textos desactualizados, sin relación directa con el tema de la asignatura o irrelevantes.
Más preocupante aún, si dicha iniciativa prospera, podría abrir el camino para que, en un futuro cercano, las revistas y la Editorial de la UCR sean forzadas a cumplir con una cuota de publicación de libros y artículos académicos escritos por mujeres, y a que se establezca un mínimo de referencias bibliográficas y documentales femeninas para los trabajos finales de graduación de licenciatura y posgrado, y para las investigaciones financiadas por la institución.
Tampoco estaría lejano el día en el que los concursos de antecedentes y los procesos de adjudicación de becas para realizar estudios de posgrado en el país o en el exterior deban ajustarse a cuotas o paridades.
Al dejar completamente de lado asuntos como el mérito académico, la calidad científica, la pertinencia temática y las especificidades disciplinarias, la iniciativa “Mujeres en la bibliografía” no solo constituye para la UCR una amenaza peor que el informe de mayoría que en meses pasados elaboró una comisión legislativa sobre el FEES, sino que proporciona munición de alto calibre para futuros documentos de ese tipo.
