A raíz de recientes acontecimientos, parece necesario recordar lo que dice el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública al tipificar el delito de Tráfico de Influencias, teniendo como sus elementos básicos: (a) quien directamente o por interpósita persona influya en un servidor público; (b) prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con éste o con otro servidor público, ya sea real o simulada; (c) para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones; (d) de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro. Estos elementos se complementan con: (e) quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior; y (f) para el caso de que los autores sean miembros de los Supremos Poderes, la sanción será de dos años y ocho meses hasta seis años y ocho meses de prisión. Está claro que el hecho no necesariamente tiene que ver con ventajas económicas o patrimoniales, sino de cualquier índole, incluida la posibilidad de quitarse de encima a un compañero de tribunal incómodo.
De confirmarse los hechos divulgados por la prensa, en el sentido de que dos magistrados de la Corte tuvieron un almuerzo con un diputado y de ahí derivó una campaña para boicotear la reelección del Magistrado Rueda Leal, nos lanza a todos los costarricenses a un nuevo momento de abuso y degradación politiquera.
La decisión mayoritaria de la Comisión de Nombramientos para no recomendar la reelección del Magistrado Rueda, por excepcional, huele a decisión ya conversada. Además, se ampara en el secretismo y la más absoluta arbitrariedad, pues nunca conoceremos sus fundamentos. Por otra parte, no existiendo acusación o cuestionamiento contra el candidato, se confirma esa arbitrariedad y, para rematar, las preguntas que hicieron en la audiencia respectiva un par de diputados -incluido el del “encuentro casual” del almuerzo y muy beligerante interrogador aunque no pertenece a la Comisión- simplemente dan pena ajena. Primero, porque es abiertamente ilegítimo cuestionar a un juez de la República –que ha jurado respetar la Constitución y las leyes- por decisiones tomadas dentro de sus competencias y debidamente fundamentadas; y segundo, porque la pesca de arrastre es utilizada principalmente por las grandes empresas pesqueras y no por humildes pescadores artesanales sumidos en la pobreza. Eso rayó en cinismo puro y duro.
Lo cierto es que a lo interno de la Corte hay una pugna de poder entre quienes quieren seguir jugando a que nada pasó, cuando terminaron destituidos o renunciando varios magistrados, precisamente por vinculaciones harto indebidas entre jueces y diputados, reflejadas en decisiones judiciales en favor de esos políticos de turno.
Lo cierto es también que no se fueron todos los que deberían haberse ido y que un grupo de magistrados parece seguir inmiscuyéndose indebidamente en la elección y reelección de sus pares. Algunos de estos nombramientos en la Corte fueron dejados listos desde la pasada legislatura, y se confirmaron, con clara influencia de quienes tuvieron que salir por la puerta trasera y que, junto con quienes permanecen dentro, siguen creyendo que la Corte Suprema es la finquita de algunos para nombrar a sus amigos.
Lo cierto es que, además, el almuerzo del que nos estamos enterando, no fue en cualquier restaurante de las cercanías de la Corte, sino uno claramente ligado a la familia de un ex presidente, condenado e inhabilitado precisamente por delitos funcionales.
Lo preocupante y cierto es que están haciendo fila tres nombramientos en la Sala Penal, en medio de una serie de casos en trámite que involucra a políticos y diputados de distintas fracciones parlamentarias. Y algún día llegarán a estar en manos de las personas que ahora tienen que nombrar. Esto ya pasó hace pocos años y terminó como ya sabemos, con las destituciones y renuncias por el caso del cemento chino.
Lo dramáticamente cierto es que, ese grupo de magistrados que no quieren saber de cambios estructurales en el Poder Judicial, legitimaron hace poco el lobby interno para nombramiento de jueces y otros funcionarios, obligando a los interesados a peregrinar por sus oficinas y hacer las reverencias del caso, contra todos los esfuerzos históricos que se han hecho por procedimientos transparentes de designación, dentro de la carrera judicial y con parámetros objetivos y de mérito.
También es dramáticamente cierto que ese mismo grupillo paralizó la discusión para hacer algunas recomendaciones en el procedimiento de nombramiento de magistrados porque “había que respetar la independencia de poderes”. A ver si entendemos esto. ¿Sería indebido recomendar la transformación del sistema de nombramientos, de manera clara y transparente, en una relación sana entre poderes de la República –y además autorizada por la Constitución Política-, pero sí resulta recomendable encuentros gastronómicos opacos, informales y fuera de todo control posible?. ¿Queda reflejada la disyuntiva en que nos encontramos, o habrá que hacer el dibujito?
Mientras tanto, la Comisión de Nombramientos y el Plenario legislativo tienen congelado el nombramiento de varias vacantes en la Corte Suprema dados los sólidos cuestionamientos que se hicieron a los procedimientos conducidos hasta ahora, dejando a la Corte Plena con un número inconvenientemente alto de suplentes, vulnerables ante magistrados propietarios y diputados electores.
No nos queda más que recordar, entonces, que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción insiste en que este flagelo sólo será posible con la participación activa de la sociedad civil, sus organizaciones, sus medios de comunicación, sus movimientos y manifestación de control, poniendo en evidencia toda la descomposición que se exhibe sobre los manteles y se esconde bajo las alfombras.
