Como toda institución pública, las universidades deben rendir cuentas a la sociedad. La formación de profesionales, actualizados para las necesidades crecientes del desarrollo nacional, exige planes de actualización institucional para ajustarse a las nuevas condiciones, así como de evaluación de las carreras, existentes métodos aplicados, pero, sobre todo, sobre los productos obtenidos. Esto es sobre la pertinencia de la calidad profesional obtenida.
Estamos en un mundo globalizado donde el conocimiento se desarrolla en redes mundiales, pero también regionales y locales. Necesitamos profesionales que tengan, al mismo tiempo, una visión cosmopolita, pero que también esté profundamente enraizada en nuestra realidad y necesidades. El conocimiento, la ciencia y la técnica se arraigan y crecen en la práctica.
Ser cosmopolita significa conocer y estar en contacto con el conocimiento universal, intercambiar experiencias trayendo profesionales y enviando a jóvenes prometedores para hibridar el conocimiento en las mejores academias y empresas.
La historia de la educación costarricense es un buen ejemplo, a pesar de las limitaciones económicas, de lo fértil que ha sido esta hibridación en el pasado. De cara al futuro, estas necesidades aumentan no solo enviando o trayendo profesionales, sino realizando proyectos de investigación y docencia conjuntos con universidades de todo el mundo.
Cumplir con estas tareas exige, por una parte, recursos adicionales y reorganizar apropiadamente los que disponen las universidades, pero, por otra, exige una política de rendición de cuentas de las instituciones, por resultados, esto es de productos profesionales y científicos obtenidos con los recursos que recibe la educación superior. Esta tarea de rendir cuentas por resultados, tal como lo manda la Constitución, no es posible de realizar sin autonomía administrativa mientras las universidades se vean sometidas a controles de procedimientos y medidas impuestas por leyes, algunas creadas con buena intención, pero que en la práctica exacerban el gasto en controles administrativos que además entorpecen y paralizan la buena gestión.
Esto es muy grave y es la principal amenaza para el futuro de las universidades públicas, aunque estas no parecen estar conscientes de este grave problema. Las universidades públicas han sido formalmente muy celosas de su autonomía, especialmente en aquello que puede restringir la escala de salarios interna, pero han dejado de lado la normativa que las amarra y les resta agilidad para innovar sometiéndose mansamente a los controles anacrónicos de un Estado cuya organización está cada vez más desfasada en el tiempo.
¿Qué hacer en esta disyuntiva?
Las universidades públicas, como conciencia crítica de la sociedad, deben impulsar las transformaciones que requiere la modernización del aparato público, empezando con el ejemplo. Esto es haciendo uso de su autonomía administrativa para someter a la Contraloría General de la República una propuesta de evaluación por resultados, tal como lo hacen las modernas organizaciones. Esto es descartando la maraña de reglamentos y normativas que priorizan el control de personas y procedimientos al mismo tiempo que se reafirma el principio constitucional de rendición de cuentas.
Esta propuesta es urgente para, por una parte, reorientar la gestión universitaria acorde con las necesidades del país y, por otra, para marcar un sendero de transformación a la administración pública nacional.
De otra forma, seguirán oscureciéndose las nubes en el horizonte donde se perfila una potente borrasca que puede afectar seriamente nuestro país.
