El uso de la expresión “suspensión de la incredulidad” se le atribuye al filósofo Samuel Taylor Coleridge, quien lo emplea para afirmar que ante el goce de lo estético y la fantasía, no queda más que la suspensión de la actitud crítica y racional, a efectos de poder disfrutar en su respectiva extensión la manifestación artística de que se trate. De lo anterior se infiere que ante hechos y eventos de la realidad, la expectativa es la actitud crítica e incrédula del sujeto, la cual de acuerdo con el procesalista Michele Taruffo, podrá ser menos fascinante, pero más racional.
Muchas veces nos sorprendemos en un constante estado de suspensión de la incredulidad en relación con la política nacional, algunas veces por simple desidia, y solemos olvidar con facilidad hechos históricos relevantes, máxime encontrándonos frente al derecho, pero sobre todo, obligación del sufragio.
En la actitud del ciudadano frente a la actuación de la Asamblea Legislativa podemos encontrar un ejemplo claro de lo indicado, parece ser que cada vez nos resulta más habitual el que esta no cumpla eficientemente con su principal función, no se trata de que sea una “maquila” de leyes, como algunos pretenden, sino que sea el espacio de debate democrático que constitucionalmente fue previsto en procura de la formación de las leyes. Ya desde hace varios años venimos escuchando sobre la ingobernabilidad en la que se afirma está sumido el país, el ejecutivo culpa al legislativo, y claro está, lo mismo sucede a la inversa. La toma de decisiones políticas importantes se posterga, el juego muchas veces parece radicar en obstaculizar la discusión democrática de los asuntos de interés nacional. En el seno del Legislativo se señala al Reglamento, pero no se avanza en su mejora, difícilmente los grupos minoritarios y la oposición accederán a renunciar al poder que les fue heredado de un sistema concebido desde una lógica bipartidista que ya no representa a nuestro país.
Considero que un paso importante para alejarnos de dicho estado, lo constituye la reforma al sistema de elección de diputados. Las listas cerradas de desconocidos aspirantes a este importante cargo, no se ajustan ya a la representatividad que la sociedad reclama; esto acompañado de un efectivo registro de las votaciones, ayudaría a la formación de la opinión crítica e informada que se aspira del ciudadano.
En ocasiones resulta difícil reactivar la actitud incrédula, en una sociedad como la actual, en la que vivimos a través de representaciones de la realidad, la sociedad se erige como una gran puesta en escena (como lo señalara el señor Manuel Bermúdez, siguiendo a Debord, en el suplemento Forja del pasado 10 de abril), en la que se asigna mayor valor al impacto mediático que a las ideas, en la que se cuestionan los niveles hormonales de la contraparte para fundamentar un argumento, en la que se justifican prácticas crueles por ser tradicionales, en la que se irrespetan derechos humanos al amparo de lo “místico” y “sagrado”, en la que un proyecto de ley puede requerir años solo para ser dictaminado, entre muchas otras razones, que parecen recomendar un cambio sí, pero ajustado al marco del Estado Social y Democrático de Derecho.
No abogo aquí por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual en el contexto actual de polarización social parece desaconsejable, sino por una revisión concienzuda de la normativa, con la finalidad de hacerla acorde con el transcurrir de los tiempos, con la realidad social y política actual, lo cual sin duda requerirá consensos, no menos se esperaría del primer poder de la República, para el cual dicho concepto debería resultar consustancial.
