Sugerencias de política pública en la cuestión de las drogas ilícitas

En un artículo anterior se presentó un Panorama regional sobre el mercado ilícito de drogas (aparecido en el Semanario UNIVERSIDAD

En un artículo anterior se presentó un Panorama regional sobre el mercado ilícito de drogas (aparecido en el Semanario UNIVERSIDAD, el 29 de julio del año en curso). Se hizo notar ahí, que si bien la situación de las drogas: su consumo, su mercado y su dinámica, su relación con la población civil y con las autoridades, la reacción de los agentes estatales y sus consecuencias han variado tras los ingentes esfuerzos de los Estados por afectarlos, no obstante, no parece que lo hiciera como se esperaba. Además, en un análisis de las políticas públicas que intentan incidir en ese mercado, se explicó El desafío de los cuatro puntos débiles en políticas sobre drogas (publicado en este mismo espacio el 19 agosto, 2015), siguiendo al investigador en el tema Carlos Garzón Vergara. Los puntos débiles de ese desafío son: i. presupuestos o fines erróneos, incompatibles o inalcanzables, ii. objetivos e indicadores equivocados, iii. instituciones estatales débiles y iv. resultados peores.

Finalmente, en este artículo se brindarán algunas sugerencias de política pública que podrían encaminar a los Estados de la región a superar dichos desafíos e incidir mejor en el mercado ilícito de los estupefacientes y los problemas sociales que se le asocian. Estas son:

La finalidad de los esfuerzos institucionales y políticos debería enfocarse en mitigar la violencia y promover la seguridad humana

Contener el consumo y disminuir la influencia de las redes criminales en las personas que viven en contextos especialmente vulnerables, donde el papel principal lo deberían asumir las políticas e instituciones estatales, así como comunidades organizadas que fomenten la inclusión de grupos poblacionales tradicionalmente excluidos social, económica y/o culturalmente.

Orientar el objetivo de la acción en disminuir las capacidades de acción e influencia de los grupos criminales. Para esto, de principal importancia es afectar sus recursos financieros.

Consecuentemente, deben reconfigurarse la penalización de los delitos de drogas, de forma que las penas más altas estén para aquellas personas que realizan los actos más violentos, presenten un mayor compromiso delictual y en especial, a quienes protegen o facilitan el mantenimiento de los grandes capitales del crimen organizado (CO). Deben desarrollarse alternativas a la prisionalización dirigidas a los procesos de inserción social de las personas que participan en los eslabones más débiles del comercio de drogas.

Pareciera que los indicadores y objetivos no deberían medir acciones sino más bien resultados. Algunos de estos podrían ser: contención del consumo de estupefacientes, disminución de la incidencia de los grupos de CO en las comunidades y de su violencia, entre otros.

Es clave el fortalecimiento no sólo de las capacidades de acción de las agencias policiales y de persecución penal, sino también de las instituciones democráticas y de las dedicadas a la inclusión social, con miras en que cumplan eficientemente sus objetivos.

Las anteriores son algunas sugerencias de política pública para incidir en la dinámica y funcionamiento del mercado ilícito de estupefacientes en América Latina y el Caribe, región desangrada por la violencia relacionada con esta delincuencia.


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