Según se desprende de la nota informativa del Diario Extra del 14 de marzo, en la Sociedad Reconstructora Chino–Costarricense (SORESCO), hay más gerentes y asesores que funcionarios. No ha quedado claro cuál es el monto mensual que se paga en total, incluyendo los $139.710 en salarios, faltan las prestaciones sociales, seguros obligatorios y voluntarios, viáticos, alquileres, outsourcing, etc., pero se trata de muchos miles de dólares al mes.
En lugar de decir “Soresco ha gastado ¢35.880 mills.”, me parece más correcto decir, que “pagamos todos los costarricenses y todos los chinos” pues ambas empresas son propiedad de Costa Rica y de China. Tampoco dice el monto acumulado gastado por RECOPE y otras instituciones, como la CGR, la Defensoría de los Habitantes, Minae, Mideplan, Setena, ARESEP, UCR, etc., hasta la fecha, en relación al Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Moín, provincia de Limón.
Ahora bien, por la nota publicada por el mismo diario el 15 de marzo de 2016, pareciera que Los diputados integrantes de la Comisión de Ingresos y Gasto Público, de la Asamblea Legislativa, van a cometer el mismo error que cometió la Contraloría General de la República, la UCR y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, IICE, cuando elaboraron la auditoria técnica financiera sobre el avance del proyecto de la Ampliación de la Refinería de Moín, contratado por la CGR a la UCR, resultados publicados en el INFORME DFOE-AE-IF-02-2014 de fecha 4 de abril de 2014, donde no se incorporó el criterio experto de ningún petrolero independiente nacional o extranjero y en consecuencia el informe adolece de serios problemas/fallas conceptuales en materia petrolera y de economía de refinación, que a la fecha no han sido subsanados. Por lo antes expuesto y por la suspensión en junio del 2013 de la construcción de la refinería china, RECOPE demandó a la CGR en junio del 2014 y pidió una medida cautelar que suspenda el criterio del ente para que la empresa pública pueda reanudar las obras del proyecto.
No basta con la opinión de abogados, economistas, medio ambientalistas; un proyecto de una refinería en cualquier país democrático, implica la participación de muchos más especialistas e ingenieros y en particular de expertos petroleros, los cuales no han sido consultados por la Comisión de Ingresos y Gasto Público, según lo que se desprende del artículo del Diario Extra, titulado: “Diputados no quieren hablar con SORESCO”, el cual yo titularía, Diputados no quieren hablar con expertos petroleros independientes, ni de SORESCO.
¿Entonces qué validez técnica tendrá este nuevo informe de la Asamblea Legislativa para la toma de decisiones? Más de lo mismo, falta de coherencia y de una política energética no solo por parte del poder ejecutivo, sino también del legislativo. La seguridad energética de los costarricenses continúa en grave riesgo.
