Tradicionalmente, podríamos comprender la inmunización como un procedimiento modificador del curso de las enfermedades, dado que acelera el decrecimiento de la morbilidad y de la mortalidad causada por las enfermedades infecciosas evitables a través de la vacunación. Se conoce, además, que la vacunación representa una acción de (relativo) bajo costo y una mayor efectividad que garantiza la protección de la salud individual y colectiva.
En este sentido, además de proteger a las personas vacunadas, su efectivización acaba protegiendo indirectamente a las personas que por razones específicas y clínicas no pueden ser vacunadas. En alianza con lo anterior, en el caso de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, su efectividad está además condicionada a elevadas tasas de cobertura con el esquema completo y a la garantía de la equidad en el acceso del procedimiento.
Consecuentemente, tratar con descuido el calendario de vacunación de la segunda dosis podría acarrear diversos agravios que se traducen en graves problemas de salud público-colectiva y en la reducción del anhelado impacto positivo epidemiológico que esperamos alcanzar a la mayor brevedad posible.
De esta manera, completar el esquema con la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 se torna un acto de responsabilidad superlativa que conduce a garantizar la reducción de las probabilidades de hospitalizaciones y fallecimientos. Sin embargo, al analizar los datos alarmantes de las últimas semanas —que reflejan un importante ausentismo en la administración de la segunda dosis de la vacuna— nos vemos en la obligación de actuar para reducir el riesgo que esto acarrea para la Salud Pública-colectiva de la sociedad costarricense (y global).
Según datos aportados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) las causas que podrían responder a esta alarmante situación reposan en la confusión sobre el intervalo de administración entre las dosis, la falsa sensación de seguridad que otorga el haber recibido la primera dosis y la desinformación.
A propósito de esta última, queda claro que no solamente estamos atravesando una pandemia de dimensiones indescriptibles, sino también enfrentamos una infodemia, como bien fue señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual representa un serio problema, dado que las personas necesitan orientación clara basada en evidencias científicas con el objetivo de prevenir o mitigar enfermedades como la COVID-19.
Coincido con la OMS con que esta infodemia —caracterizada por una superabundancia de informaciones imprecisas— dificulta que las personas puedan encontrar fuentes y orientaciones confiables cuando necesitan de ellas. Además, en esta vorágine informacional encontramos disputas por espacio de protagonismo fidedigno en las mismas redes sociales, hechos que conducen a que las personas se sientan falsamente seguras siguiendo indicaciones que las conducen a no inmunizarse o a no completar su esquema.
Ciertamente, este es un gran desafío que debe ser vencido de manera colectiva, principalmente porque no se trata únicamente de la inopia de informaciones, más de un conjunto de creencias consolidadas que van al encuentro con valores establecidos en contra de las instituciones científicas como espacio de producción de informaciones confiables y evidencias para la toma de decisiones.
Luchar contra este conjunto de creencias arraigadas a procesos políticos-ideológicos que buscan la desacreditación de instituciones epistémicas (hablo aquí de instituciones cuya función social originalmente establecida se consolidó en torno de la producción o diseminación de conocimiento e informaciones científicas y veraces, como las universidades) es un deber grupal.
Al respecto de lo anterior, aunque esta infodemia representa un desafío supremo en tiempos de coronavirus, ella también implica una oportunidad valiosa para identificar y adaptar nuevas herramientas de educación en salud y de respuesta efectiva, que exige del trabajo transdisciplinario e intersectorial. Lo anterior con el objetivo de alcanzar una comprensión multidimensional sobre el fenómeno y, además, para comprender las disputas inherentes a la circulación de información relacionadas a la ciencia y las implicaciones sociales, culturales, políticas, sanitarias y jurídicas en el enfrentamiento del ausentismo en la vacunación.
Finalmente, ante la amenaza del espectro plural y multifacético del virus SARS-CoV-2, ahora más que nunca se torna necesario que la población este vacunada. En esta lógica, siguiendo la línea de lo preconizado por el Nuevo Modelo de Salud de la Universidad de Costa Rica, para ganar esta batalla epidemiológica, todas las personas que formamos parte de la comunidad universitaria (y extrauniversitaria) somos indispensables.
