Opinión

Sin debate de ideas no hay Colegios Profesionales

Cuando el conocido abogado, Pablo Barahona, propuso al Colegio de Periodistas (Colper)  crear un registro de pauta publicitaria, pagada por el Gobierno y personas encargadas del  análisis en medios de comunicación  (Universidad 5/2/2021), vino a mi mente la importancia de los colegios profesionales en nuestro país, si son creadores de pensamiento crítico independiente, en contraste con el alto precio pagado en otras naciones por defender proyectos de sociedades e intereses de minorías a veces desfasados o mal calcados.

La iniciativa planteada ante el Colper es sencilla, pero me parece va más allá del referido colegio, pues en los momentos actuales todos los intelectuales y profesionales agrupados en estos colegios no escaparon de las decisiones políticas y económicas que vienen aplicándose desde 1986, con “cereza al pastel” incluida con una serie de leyes promovidas por los partidarios del Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unión Social Cristiana (PUSC), Renovación, y  Partido Integración Nacional (PIN). Ellos  inspiraron hasta hace poco el “gobierno de unidad nacional” para  desnaturalizar el sector público y sus instituciones (espero no herir susceptibilidades apartándome del vocabulario eufemístico de  “ley de empleo público”, “modernización del Estado”, “redistribución de competencias”, etc.), ya que dichas reformas incidirán en el futuro de los profesionales, quiérase o no.

Así lo vimos, por ejemplo, desde hace 36 años en México con las aplicaciones  de todo tipo, por parte de los  gobiernos que acallaron intelectuales y  profesionales independientes,  precisamente no transparentando los vínculos del Ejecutivo central y los Estados federados con las grandes cadenas de televisión, los grupos periodísticos y reporteros, receptores de  “extras” por poner su pluma al servicio de esta o aquella tesis económica o política.  Con la llegada del actual mandatario, Andrés Manuel  López Obrador, fue público y notorio que estos lazos se “transparentaron” y muchos, quienes pagaban y recibían, se conocieron junto  a los espeluznantes niveles de impunidad, corrupción, violencia y narcotráfico que propiciaron con sus  prácticas. Perder la criticidad de intelectuales y profesionales desligados del poder oficial condujo durante los gobiernos de Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, a que la “rendición” de cuentas  consistiera, muchas veces, en la lectura de un simple  discurso de autoalabanzas con cero preguntas. Todos conocen que la falta de transparencia de esas “ayudas”, vía  “pauta” presupuestaria, llevó a la muerte y desaparición de cientos de mexicanos, quienes se atrevieron a pensar que algo desencajaba  entre el “excelente” y “desarrollado” proyecto de sociedad  y  la realidad socioeconómica, pues mientras las noticias y los “analistas” tiraban para arriba, por ejemplo, los colores de las gasolinas importadas por Petróleos Mexicanos (PEMEX), la cual en el pasado fue la cuarta empresa mundial en refinar petróleo, se ocultaba la agonía en que la había dejado las reformas para “modernizarla”, impulsadas por el socialdemócrata Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el ultraconservador Partido Acción Nacional (PAN).

Sin embargo, gracias a que la mayoría de leyes de creación de nuestros  colegios profesionales  dan preponderancia a la ciencia, la cultura y a la participación de  sus agremiados en asuntos de interés para el país, no veo porqué la idea de Barahona no sea extendida a otras comunidades.  Por ejemplo, ahora que ya sabemos que tenemos “salarios muy altos” en el sector estatal (https://www.nacion.com/etiqueta/salarios+altos/), los costarricenses agradecerían saber cuáles serían las consecuencias en  la administración de “justicia pronta, cumplida y de calidad” el nacer en uno de los países más “felices del mundo”, pero a la vez   entre los más caros de Latinoamérica. O la necesidad que tienen estas corporaciones  de conocer quiénes son los afortunados tenedores de la deuda. Máxime que viene el dinero del Fondo Monetario de Impuestos (FMI). Supongo que la pérdida de 504.228 empleos remunerados entre febrero y junio de 2020 (Luis Paulino Vargas: Economía en el tiempo del Covid, en folleto para educación popular), así como que el 20% de la población tiene comprometido el 62% de sus ingresos por deudas (los salarios no alcanzan),  aumentará “lógicamente” el uso de tobilleras electrónicas y, con ello, el interés de abogados, periodistas, sociólogos, médicos, expertos en  derechos humanos,  nutrición etc. En fin no solo interesaría al Colper.

Por eso difiero de quienes opinan que muchos de nuestros colegios profesionales fueron concebidos para “cobrar  cuotas”, ofrecer el servicio de “gym” y tener al día  su  bar. Sí sus agremiados son independientes (no sujetos a partidos políticos ni a grupos de poder tradicionales, renuentes a escuchar tesis que puedan hacerlos perder controles perfeccionados por generaciones), desde hace 20 años pudieron prever que no bastaban  los llamados “megadespachos” para sortear  la crisis que se vendría en la administración de justicia.  Solo en 2018 hubo 586 homicidios contabilizados  – 2,8% menos que en 2017 -pero no se conoce exactamente el porqué la gente prefiere abstenerse de denunciar diversos delitos, y qué consecuencias  hay si la  ley del  más fuerte termina imponiéndose en materia de cobro de deudas, administrativa o penal.

Por eso, sí en México, hubieran comprendido el aporte de los intelectuales y  profesionales en el debate de ideas, la sociedad de ese país no hubiera pasado por desapariciones, sicarios, exilio, corrupción, impunidad, inequidad etc. Desde el 2000 me consta que pedían transparentar  cómo y  cuánto asignaban de la pauta presupuestaria a  “analistas”, reporteros y medios de comunicación apuntados en las cruzadas  publicitarias.

¡Pobre México!

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