Costa Rica vive una crisis profunda en su sistema educativo, que no parece tener solución a corto plazo; al contrario, cotidianamente enfrenta acciones de un gobierno que, aunque por mandato constitucional es el encargado de su desarrollo, toma medidas que profundizan su deterioro; así vemos un Ministerio de Educación Pública (MEP), que, además, de no contar con una ruta que oriente su camino, es objeto de constantes recortes presupuestarios, paradójica y absurda situación, ya que, como dice la sabiduría popular: “sin cacao no hay chocolate”.
Diversos sectores nacionales han señalado los peligros de esa política que afecta, particularmente, a los sectores más vulnerables del país, no es quitándole recursos a la educación como se mejoran las finanzas nacionales, con eso, solo se reducen oportunidades de formación a generaciones enteras y se incrementa la pobreza.
Los recortes presupuestarios han sido, en los últimos 2 años, de proporciones dramáticas: ₡214 mil millones menos en presupuesto del MEP, y el anuncio para el 2025 de otra deducción de ₡65 mil millones, con lo que se pasaría de casi un 6% del PIB (2022) a un 4,7% en 2025, provocando una profunda afectación del ámbito educativo.
El problema adquiere mayores proporciones, si agregamos que no solo hay una línea de gobierno orientada a disminuir el financiamiento, sino que también, por una ineficiente administración del MEP (2024), se desperdician los recursos; así, por ejemplo: ₡8.578 millones para compra de equipo tecnológico no se podrán utilizar, ya que, en la mayoría de los casos, no se tramitaron licitaciones a tiempo, faltó documentación indispensable, se hicieron malos cálculos en suministros…; lamentable que eso ocurra, dada la necesidad de equipos en muchos centros educativos (Carlos Castro y Pablo Rojas, CRhoy, Presupuesto de educación de 2023 será el más bajo en 12 años, Junio 21, 2024).
Las consecuencias de concebir la educación como un gasto y no como inversión y disminuirle sus recursos, las conocemos: una infraestructura deteriorada; según un monitoreo de la Contraloría General de la República (2023), los recursos para construcción y mejora de infraestructura se redujeron en un 63,3% en relación con el 2022 (Monitoreo CGR-IT 2022-N+22), una grave disminución en un espacio fundamental para que estudiantes logren un buen aprendizaje.
El presupuesto del año 2024, el más bajo de la última década, provoca un desmejoramiento de las condiciones de los centros, la directora de infraestructura educativa del MEP, Lourdes Sáurez comentó que, al iniciar el año, hay sin atender, 849 órdenes sanitarias en distintos puntos del país, de las cuales 96 demandan cierres urgentes y las otras 555 están en situación “amarilla”, lo que implica la necesidad de cierres parciales. (En Rachel Matamoros en CRhoy,Gobierno quitó al presupuesto educativo ¢214 mil millones…, 24 junio 2024).
Con los 214 mil millones de colones recortados, miles de soluciones se habrían podido dar a la problemática, pero, sin recursos no es posible atender ni las necesidades básicas.
Se deteriora la infraestructura y además se reducen las becas del Programa Avancemos, para estudiantes en situación de pobreza; miles de jóvenes se quedan sin la posibilidad de continuar estudios; solo en el año 2022, se recortaron 113.739 becas; un presupuesto que decrece y con ello también las posibilidades de estudio. (Josué Alvarado, Gobierno recortó 113.000 becas de Avancemos … durante el último año. El Observador, 05/06/2023).
Los recortes para las Juntas de Educación afectan, también, los servicios de transporte estudiantil; solo se lograron cubrir las necesidades del primer semestre de 2023. Los datos son claros, ese 2023, la atención a personas disminuyó casi un 30% (Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en DELFINO, en MEP podría sufrir una reducción de ₡65.199 millones en 2025).
José Leonardo Sánchez, entonces viceministro de Planificación, le confirmó a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que en 2023 hubo un deficit cercano a ₡200.000 millones con consecuencias, particularmente, para transferencias, comedores, transporte, becas y remuneraciones” (Sofía Sánchez Ramírez, Semanario Universidad, 8/22).
La infraestructura, las becas, el transporte y los comedores se han afectado considerablemente ¿cómo podría el estudiantado de bajos recursos estudiar sin los subsidios correspondientes? Lo contrario, día con día crece la exclusión estudiantil, la Encuesta Nacional de Hogares, refleja que, en 2022 y en 2023, la exclusión aumentó cerca del 20% (en DELFINO, en MEP podría…).
Las medidas del actual Gobierno, que la ministra de educación parece aceptar, en forma complaciente, tienen graves consecuencias a nivel nacional; según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, en el año 2023 “… el recorte de becas producirá que 5. 866 nuevos hogares caigan bajo la línea de pobreza. Esto significa que 12.000 personas menores de edad ingresarán a esa condición, y ante la falta de recursos, unos 7.000 estudiantes de colegio dejarían las aulas”. El análisis es contundente: las ayudas del Programa Avancemos, las del IMAS y otros subsidios inciden en la situación económica de los hogares, sin ellas la pobreza crece; así se constata en el último semestre de 2022, se pasa de un 6% a un 8% (Laura Ortiz Cubero, CIDEA–UNA COMUNICA, junio 2023). Hay 103.000 personas más en condición de pobreza, de las cuales 84.000 en pobreza extrema.
El incremento de la exclusión conduce a la pobreza y casi inevitablemente, a la delicuencia y al narcotráfico; así lo atestigua el entonces viceministro de Educación, Leonardo Sánchez, cuando dice que los niños y jóvenes excluidos caen rápido en las actividades peligrosas de bandas criminales. ( Valeria Martínez, Cantidad de menores que abandonaron las aulas en el 2023… 17/3/2024, La Nación). Ese es el panorama que espera a los 23.118 jóvenes que abandonaron las aulas en el 2023.
Pobreza, delincuencia, narcotráfico, desigualdad social, violencia, parece ser, el camino al que conduce la nueva ruta del MEP.
Sin recursos no se pueden atender los rezagos educativos existentes de cobertura, calidad y pertinencia de la educación, como tampoco los retos presentes: ampliar la educación técnica, avanzar en el desarrollo de las escuelas incompletas, caminar hacia la universalización de la educación …. y, es alarmante, que, por otra parte, las opciones de superación del personal docente se vean afectadas con las reducciones, el rubro de capacitación cayó drásticamente entre 2019 y 2023 pasando de aproximadamente 4.100 millones de colones a 551 millones (Allan Arroyo, Presupuesto para educación en 2023 fue el más bajo en nueve años… El Observador, 31/08/2023) lo que hizo que la cantidad de cursos disminuyera en un 63% y la de los talleres en 78%.
Es conocido que una necesidad esencial de la educación costarricense es la de tener educadores con capacitación permanente y, resulta que, en momentos en que se vive una emergencia nacional, se disminuye esa posibilidad; ¿sin buenos docentes cómo podremos avanzar?, el desarrollo profesional es fundamental para garantizar una educación de calidad. ¿ pero esto le interesa a un gobierno que concibe la educación como un gasto?.
El país se aleja cada vez más de cumplir con el mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto ( PIB) a la educación pública, como lo demanda la Constitución y, reitero: la población más vulnerable será la más afectada, lo que nos condena a repetir la historia con otra “generación perdida”, una juventud que pagará con creces no tener la opción de concluir sus estudios y no poder aspirar a trabajos calificados; un impacto negativo para ellos y para las aspiraciones nacionales de desarrollo humano.
Como ha sido señalado en el noveno Informe del Estado de la Educación “No se puede postergar más la solución de los problemas estructurales del sistema educativo sin que ello tenga graves consecuencias para las generaciones actuales y futuras. Actuar decisivamente es una responsabilidad que ningún actor social y político puede hoy eludir”.
