Cinco años de revolver sonados casos de abusos, violaciones y opresivos prejuicios contra mujeres en el mundo, y aún las culpamos por sus decisiones.
Lo escuchamos en nuestros espacios seguros, casa, trabajo, amigos; y, para colmo, por parte de autoridades.
El 26 de junio, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, asistió a Asamblea Legislativa para dar cuentas sobre cómo actuó el cuerpo policial durante la investigación del asesinato de Luany Valeria Salazar, quien fue encontrada, por su hermano, apuñalada y enterrada en un patio vecino.
No obstante, el señor Espinoza asperjó su relato con los detalles, no sobre el crimen o su culpable, sino sobre las decisiones de la víctima.
Espinoza y el OIJ deberían saberlo bien, porque su trabajo se los requiere. Ser una mujer víctima es un trabajo difícil, no es una posición simpática.
Víctimas de robo, estafa o cualquier perjuicio material pueden dar fe detallada de la ausencia y el daño que las aqueja usualmente; del agravio existe prueba material.
Las sobrevivientes de violencia sexual, física y psicológica tardan años en entender su dolor y expresar sus traumas. Sin el soporte de autoridades que empaticen con el dolor y nos crean (o en el caso de Luany, le crean a su familia). Somos erráticamente monstruosas, indefendibles a los ojos judiciales. Ese es nuestro daño material.
En junio, vi la comparecencia de Espinoza como mujer, como periodista, como sobreviviente. Me dolió hasta los huesos y me preocupó la miopía con la que el señor Espinoza repetía las mismas cosas que yo me repito todavía, dos años de terapia psicológica más sabia. Que del dolor, también soy yo la culpable, por no tomar mejores decisiones.
No espero que sea un cuerpo policial quien alivie traumas psicológicos, tan solo pido que sean las autoridades quienes eviten deshumanizarnos aún más por buscar ayuda en un sistema desigual y machista.
En la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Espinoza insistió en la urgencia de prácticas de derechos humanos totales, sin privilegios para un género o para el otro —así que no hay un enfoque diferenciado para que el OIJ asuma investigaciones de mujeres desaparecidas. (Días después, en la Comisión de la Mujer, el señor Espinoza explicó que investigar personas desaparecidas es una tarea de facto del cuerpo policial; y me pregunto: ¿cómo no son las desapariciones el vértice de las investigaciones de tráfico de personas, si el país es reconocido como puente y albergue para estos negocios ilícitos?).
Entiendo el concepto de mesura que defienden los cuerpos policiales, la ley está hecha para todos. Pero, como lo dice la Convención Belém do Pará: “la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión”. Es decir, parafraseando a George Orwell, todos somos iguales, pero las mujeres somos menos iguales.
Para las personas oprimidas o marginadas, vivir en la desigualdad requiere acomodarse a la disparidad —que, en el caso de las mujeres, la enfrentamos todas, desde el nacimiento o desde la autoidentificación como tales.
Las mujeres decidimos: ser menos provocativas, confrontativas, sexuales, ambiciosas, intelectuales, etcétera, etcétera, con tal de buscar una falsa seguridad, “la comba al palo”.
Decidimos para evitar que decidan por nosotras; por ejemplo, que nos pueden matar y enterrar en un patio, como un desecho cualquiera.
Pero si las estadísticas de femicidios y otras agresiones continúan inalterables es porque la estrategia acomodaticia no está funcionando.
Si fuéramos tan dueñas de nuestras decisiones y sus consecuencias, como lo hizo ver el señor Espinoza, Luany no habría muerto apuñalada, desacreditada, desprotegida.
Podríamos defendernos solas de los machismos, y todavía no podemos. Necesitamos mejores espacios seguros, hogares, trabajos, amigos y, definitivamente, autoridades.
