El 19 de marzo, en horas de la madrugada, Sergio Rojas falleció en su casa en Salitre a causa de 15 disparos. La saña de este crimen muestra que Costa Rica no está excluida de la región en cuanto a la persecución de las defensoras de derechos humanos. Es preocupante el hecho de que este líder formaba parte de la población (Pueblo Teribe de Térraba y Bribri de Salitre) a quienes en el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) extendió medidas cautelares de acatamiento del Estado costarricense.
Esta era la segunda ocasión cuando este defensor del derecho a la tierra era agredido. En el 2012, hubo un intento de asesinato donde le hirieron con seis disparos. Esto, junto al recrudecimiento de la lucha por la tenencia de tierras fue lo que llevó a que la CIDH solicitara que se adoptaran medidas pertinentes para la protección de estos pueblos.
Las administraciones del Partido Acción Ciudadana (PAC) han alegado asumir su responsabilidad en la protección y la prevención de la violencia hacia estos pueblos, refiriéndose en una Mesa de Diálogo, acerca de la aprobación del Mecanismo de Consulta Indígena y más recientemente a la puesta en marcha de protocolos. Es evidente que estos llamados al diálogo, así como las intervenciones de la Fuerza Pública, no han considerado los elementos de gravedad y de urgencia de la situación. Las medidas han sido tardadas, temporales y poco diligentes, dejando en evidencia un desinterés gubernamental en la procuración de un ambiente apto para la recuperación de las tierras.
Asimismo, otras instituciones encargadas de velar por el cumplimiento del derecho a la defensa de los derechos humanos nos siguen decepcionando. Tal es el caso de la Defensoría de los Habitantes, que no ha tenido el rol incisivo en la exigencia de mejoras al Estado, a pesar de haber denunciado en medios de comunicación y un pronunciamiento en sus redes sociales. Además del informe emitido en el 2014 y la observación en la construcción del mecanismo de consulta, el seguimiento y la insistencia en la incompetencia estatal para saldar las deudas históricas con los pueblos indígenas ha sido insuficiente.
Sin un libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos no se puede hablar de una democracia consolidada; este mecanismo constituye parte del control ciudadano y garantiza el cumplimiento de todos los derechos a todas las personas. Las mencionadas omisiones estatales dejan un saldo fatal de sangre y dolor para las personas en Salitre. La invitación gubernamental a la CIDH para una visita de trabajo es más un saludo administrativo que un avance y una muestra de compromiso real.
El posicionamiento de los gobiernos del PAC deja mucho que desear. La inacción estatal representa un agente activo en la vulnerabilidad de las personas indígenas. Esta pasividad deja al margen y minimiza el conflicto, pero además criminaliza la labor de las defensoras de la tierra y les deja indefensas ante quienes les amenazan.
No sería la primera ocasión cuando agentes del Gobierno costarricense criminalizan la protesta social y la defensa de los derechos humanos, aunque se enmarquen en temas que la misma CIDH ha señalado como de urgente atención: población LGTBIQ, movimiento de mujeres, defensoras de la tierra y personas indígenas. Se pueden considerar como ejemplos el asesinato de Jairo Mora, el uso excesivo de fuerza por parte de funcionarios de la Fuerza Pública en manifestaciones contra el Plan Fiscal (el año anterior), el encarcelamiento de dos estudiantes y un profesor por participar en una marcha en favor de la Caja Costarricense del Seguro Social durante el 2012, etc.
Ante esto, cabe preguntarse si a nivel internacional Costa Rica es digna de seguirse jactando de ser una democracia saludable, aún cuando las defensoras de derechos humanos ven truncado su trabajo. Las condolencias poco representan si no vienen acompañadas de medidas que consideren la urgencia y la gravedad de la situación de las defensoras de los derechos humanos en el país. ¿Qué sigue ahora? ¿A quiénes (no) protegerá el Estado?
