El gobierno juega jenga
En octubre de 2021 decíamos que el país estaba ante una encrucijada: desarmar o rearmar el pacto social que convirtió a Costa Rica en un país especial, seguro, de paz y capaz de atraer inversión en áreas como el turismo o la tecnología de punta. En el centro de ese pacto estuvo el Estado social y, por varias décadas, las mal llamadas “cargas sociales” como sostén de su financiamiento. En ese momento, el desarmar el pacto social se reflejaba en eliminar los aportes dirigidos a programas no contributivos como comedores escolares y Cen-Cinai; y el rearmar era, en cambio, aprobar impuestos directos a la riqueza que los reemplazaran.
Año y medio después el país sigue viviendo una encrucijada, no así el gobierno que ha tomado claro partido y juega jenga, ese juego de mesa en el que se van retirando bloques hasta que las bases son tan débiles, que la torre se cae.
La implosión del pacto social existente se refleja en la violenta reducción de los salarios en el sector público, en la repentina retracción de inversión en infraestructura pública, en el ataque a la autonomía de las universidades para enseñar y generar conocimiento y, de manera especialmente peligrosa por lo que representa para la paz social: el asalto a la Caja Costarricense del Seguro Social.
Mediante sus programas de salud y de pensiones, la Caja moviliza dos terceras parte de toda la inversión social del país. No es casualidad entonces que el gobierno la tenga en la mira para reducir el gasto e inversión pública y – de paso – ampliar el espacio para el sector privado, incluyendo muy especialmente, el del negocio de la enfermedad.
Los servicios públicos de salud son más importantes que nunca
COVID-19 demostró claramente la necesidad de contar con fuertes servicios públicos de salud. En todo el mundo, esos servicios públicos lideraron una batalla que era puro costo y cero ganancias. En Costa Rica, las condiciones para que los hospitales privados recibieran a pacientes sin COVID-19 durante la pandemia fueron muchísimas. Al final del día, terminaron atendiendo a unas pocas personas. Era de esperar: son negocios privados, no entidades de servicio público.
Es cierto que contar con buenos servicios públicos de salud no es solo cuestión de dinero: es también necesario usarlo bien, con eficiencia. Ocurre que lograr eficiencia únicamente a través de los recortes es tan absurdo como mejorar la nutrición dejando de comer. Según la OCDE – de la cual Costa Rica es parte –la pandemia mostró la necesidad de aumentar la inversión en salud en el entorno al 1.4% del PIB en promedio, para proteger a las personas como a las economías. Además, señala que los daños al bienestar de las personas producto del cambio climático podrían ser muchas veces más severos que el COVID-19 y que ello requiere activar sólidas respuestas públicas. En definitiva, es con más y no con menos Estado que es posible enfrentar los retos sociales y económicos producto de la altísima incertidumbre y exposición a los shocks que nos rodean.
Contracorriente de esta evidencia en Costa Rica, el gobierno ha decidido reducir las finanzas públicas a costa de los servicios de salud. Igual que un agresor le pega a su pareja “porque la ama”, el Presidente descabeza mediante su suspensión a parte de la Junta Directiva de la Caja y frena sus inversiones en hospitales y clínicas para “salvar la seguridad social”. Sus acciones y su reiterada alusión a la quiebra de la Caja anuncian el principio de su fin como entidad que es simultáneamente recaudadora de ingresos y proveedora de servicios de salud. No requiere mucha imaginación para anticipar que lo siguiente será buscar desacoplar recaudación de la provisión de servicios de salud de calidad.
Recursos frescos condicionados a mayor eficiencia
Nadie duda de que la Caja tiene problemas, y mucho “matapalo” que se le pega como al roble. Una opción para acabar con el problema sería… talar el roble… justamente el camino que sigue el gobierno cuando dice querer resolver los problemas de la Caja sin pagar las deudas del Estado y poniendo freno a la inversión.
El expresidente ejecutivo de la Caja, Álvaro Ramos, lideró un plan gradual y viable para que el Estado honre su deuda con la Caja. Ese plan fue favorablemente valorado por varios integrantes del gabinete – en cuenta el Ministro de Hacienda. Es llamativo que el Presidente no lo apoyara porque ese plan – y cualquier otro que suponga trasladarle fondos a la Caja – brindaba una gran oportunidad: condicionar el pago a mejoras de eficiencia como la reducción de las listas de espera para tratamientos y cirugías.
Las recientes inversiones que se han frenado no fueron producto de ocurrencias sino resultado de estudios técnicos minuciosos para atender una demanda social creciente. Se frenan a nombre de primero ordenar la casa para luego cobrarle al Estado – omitiendo que frenar inversiones en hospitales y clínicas es como convivir con goteras en el techo de la casa: solo se pondrá peor.
Las soluciones
Mejorar la seguridad social requiere, primero, acordar un plan de pagos del Estado a la Caja; segundo, condicionar los fondos a mejoras de eficiencia – muy especialmente en la reducción de las listas de espera; y tercero, quitar la maraña de conflictos de interés que atraviesan a la Caja. Para lo primero ya existe un plan. Para lo segundo, la mesa está servida: el gobierno puede condicionar la transferencia de los recursos que le debe a la Caja eliminar listas de espera. Para lo tercero, si de verdad el gobierno quiere acabar con el conflicto de intereses, este es el momento de demostrarlo con acciones concretas contra intereses también concretos. Un minucioso examen de las compras públicas y una adecuada regulación de la doble práctica médica público-privada, son dos puntas de un importante mecate para fortalecer la institución y darle tranquilidad y seguridad a la población.
Antes y, sobre todo, debe estar claro si el objetivo es fortalecer la seguridad social o jugar jenga con los cimientos de la paz social.
[1] Universidad de Costa Rica y Universidad de Oxford.
