Estamos en el segundo semestre del 2016 y lamentablemente el Poder Ejecutivo y los rectores de las universidades públicas no han logrado el acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Preocupa en lo inmediato la incertidumbre que existe sobre los recursos que las universidades podrán disponer de manera efectiva en el 2017, así como las repercusiones en la academia y en la sociedad.
Desde el Quinto Convenio FEES quedó definida la meta de alcanzar en el 2015, el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, esta no se ha logrado, pues actualmente las universidades disponen del 1,453 del PIB. De acuerdo con lo expuesto en el artículo “U públicas temen menos recursos del FEES para el 2017” (del 7 de julio de 2016), un panorama muy crítico se cierne sobre las universidades en tanto no se visualiza un crecimiento real. Por el contrario, con la propuesta del Ejecutivo de mantener ese porcentaje durante los dos primeros años, habría un sensible estancamiento de los presupuestos y, por ende, de los diferentes proyectos.
En este contexto, el Poder Ejecutivo coloca el déficit fiscal como uno de los principales condicionantes que impiden el crecimiento del FEES, de ahí que plantea la necesidad de crear nuevos tributos. Este hecho era previsible desde el año anterior y ha generado serias preocupaciones en la mayoría de los rectores, quienes han aducido que la vinculación del FEES a los impuestos expone a las universidades a juegos políticos y a la violación de su autonomía.
A lo anterior, se le adiciona el señalamiento efectuado por la Contraloría General de la República por medio del Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP) de que las universidades públicas tienen un superávit cercano al 20% del presupuesto del 2015, lo que genera dudas sobre su capacidad de ejecución. En este sentido, las universidades deben redoblar sus esfuerzos para clarificar esta situación ante la sociedad costarricense.
Para evitar este riesgo de estancamiento presupuestario, se impone la necesidad de una buena negociación del FEES que comprenda los mejores criterios técnicos, una apertura al diálogo sobre temáticas tan álgidas como la tributaria, y generar espacios de participación y debate con los sectores de la comunidad universitaria que pueden aportar significativamente, como los docentes, el personal administrativo y el estudiantado, de todas las unidades académicas y sedes regionales.
