Los asegurados costarricenses solo cuentan con dos fórmulas para hacer caminar el viejo elefante reumático y mañoso de la seguridad social: con medicamentos veterinarios de última generación o con grúa. No hay de otra. El “descubrimiento” de que en un solo hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 16 mil citas para asegurados se “desperdiciaron” –un alto porcentaje de ellos terminó en la medicina privada– por incapacidades, vacaciones y otras estrategias burocráticas de especialistas y personal médico (La Nación 11/12/19) es apenas la punta del iceberg del fracaso de sus tecnócratas a cargo del seguro.
El reumatismo de este elefante pareciera acompañarse ahora de una anemia severa que ya alcanzó al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con muy pocas posibilidades de revertir el mal; ni siquiera con la miel de carao para subir el hierro en la sangre, como recetaban las abuelas. Esta anemia inducida en el IVM se agravó desde 2012 con el agotamiento de las contribuciones y se agudizará aún más con el consumo de los intereses a partir de la década de 2020 y, finalmente, con la consumación de la raquítica reserva en la década de 2030.
A continuación explicamos la bancarrota ocultada a los asegurados. El origen de la falta de hierro del IVM es por una administración sumisa a un proyecto económico que no ha funcionado en ninguna parte del mundo y que empezó quebrando la autonomía de la Caja por los distintos gobiernos de turno. Cualquiera puede constatar que la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social ordena a la junta directiva de turno “dirigir la Caja” y “fiscalizar sus operaciones” (artículo 14); goza para ello de la independencia política conferida por el artículo 73 de la Constitución Política.
Sin embargo, como parte del plan a largo plazo, desde hace décadas, representantes del Estado, patronos, solidaristas, sindicatos y cooperativistas (ver artículo 6 de la ley constitutiva) en las Junta Directivas de la CCSS tomaron el camino equivocado y minaron todo trazo de autonomía. Algo así parecido a lo que quieren hacer ahora con la educación pública universitaria las altas esferas y conocidos medios pro neoliberalismo.
Los artículos 32, 42 y 43 de esa misma ley mandan; es decir, dejan pocas opciones de interpretación: “Artículo 32.- La Junta Directiva formará con los capitales que se obtengan de acuerdo con esta ley, dos fondos: uno para beneficios y gastos del régimen de reparto y otro para beneficios y gastos del régimen de capitalización colectiva.” El artículo 42 lo complementa así: “Cada tres años y, además, cuando la Junta Directiva lo juzgue conveniente, se harán revisiones actuariales de las previsiones financieras de la Caja.” Partiendo de una autonomía de la Caja no sojuzgada, la norma 43 dice: “La Caja regulará la distribución de sus fondos con arreglo a los cálculos actuariales que le sirvieron de base, o con los que se adopten en virtud de los resultados que arrojen las revisiones ordenadas en el artículo anterior.” ¿Dudas?
Por otra parte, ¿dónde están ¢817 mil millones anuales del IVM? Explicamos al lector de UNIVERSIDAD que desde la década de 1970 la Junta Directiva de la CCSS conocía plenamente que la esperanza de vida al nacer de los costarricenses había aumentado de 50 años, en 1945, a 70 años en la década de 1970, y que subiría a 80 años en las siguientes décadas. Sin embargo, no hizo nada para ajustar la contribución de 7,5% sobre los salarios de IVM durante más de 60 años. Demagógicamente, por el contrario, redujo a 55 años las edades de retiro y aumentó las tasas de beneficio.
Como los fondos del IVM aguantaban un poquito más, pasaron la página de los artículos 1, 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la institución, desviando recursos que le pertenecen al IVM para otros fines no autorizados por ninguna ley, ni por el artículo 73 de la Constitución Política. De acuerdo con los artículos 22 y 32 de dicha Ley, la CCSS recauda un 25,16% sobre la planilla de salarios. Para el régimen de reparto (salud) ocupa solamente un 7,11%, según los estudios oficiales (ver “Ingresos serán insuficientes para cubrir seguro de salud más allá del 2027” en Semanario UNIVERSIDAD: https://semanariouniversidad.com/pais/ingresos-seran-insuficientes-para-cubrir-seguro-de-salud-mas-alla-del-2027/); pero al régimen de capitalización colectiva (pensiones) solo le transfiere un 10,16% sobre los salarios. ¿Dónde está el otro 7,89% sobre los salarios, equivalente a ¢817 mil millones? ¿No les suena a qué vivimos en un Estado de Derecho chueco?
Desde hace 50 años la jerarquía de la CCSS también sabía que la duplicación de la cobertura operada durante la década de 1970 repercutiría 30 o más años después, como gastos en pensiones, mediante la devolución del bono demográfico. También conocía la reducción paulatina en las tasas de natalidad y fecundidad y el aumento de la esperanza de vida. Por eso, quienes ahora esgrimen que la crisis del IVM es a causa de un aumento de la cantidad de nuevas pensiones, del envejecimiento de la población y de la reducción de la cantidad de cotizantes por cada pensionado, no dicen la verdad a usted ni a nosotros. Confunden así a los asegurados para que aceptemos como borreguitos la pésima gestión de los tecnócratas neoliberales que no han dado buenos frutos en ninguna parte del orbe, así como la violación de nuestro ordenamiento legal, del que no escapan ni siquiera los representantes de los cooperativistas y los trabajadores en las Juntas Directivas de la Caja.
