El pasado miércoles 30 de agosto de 2017, los miembros de la Comisión de Enlace de Conare y el Gobierno firmaron el acuerdo del FEES que dotará de presupuesto a las universidades públicas para el año 2018. Dicho acuerdo implica un aumento de los actuales ¢478.570 millones a ¢496.266 millones, lo cual representa un aumento nominal del 3,7%. Como porcentaje del PIB el FEES de 2017 representó un 1,42%, mientras que el del próximo año, un 1,38%. Es decir, como porcentaje de la producción nacional, el FEES decrecerá. Sumemos a esto que la inflación esperada para cuando termine este año se acerca al 3% según el BCCR, por lo que en términos reales el FEES no está creciendo, sino que apenas se sostiene a lo que fue este año.
La economía costarricense viene creciendo en los últimos años a un ritmo cercano al 4%, por encima de la mayoría de los países vecinos, por lo que en principio debería existir capacidad del Estado de dotar de mayor crecimiento el presupuesto de las universidades públicas, con miras a cumplir el compromiso constitucional de asignar el equivalente al 8% del PIB a la educación, del cual un 1,5% le corresponda a la educación superior. Este compromiso se viene prometiendo desde 2010 cuando se aprobó la reforma constitucional, para alcanzarse en 2015 y desde entonces se posterga cada vez más.
Es claro que el argumento del Gobierno de falta de liquidez resulta válido. Sin embargo, resulta injusto que las universidades deban apretarse el cinturón por una situación que excede sus facultades, que viene anunciándose desde hace muchos años y que responde a la incapacidad de gobiernos tras gobierno, incluyendo sobre todo al Poder Legislativo, de reformar la estructura fiscal costarricense que está tan desactualizada. Máxime siendo la educación uno de los principales motores de mitigación de la pobreza y de movilidad social y siendo las universidades públicas las que se toman más en serio esta tarea.
Motivos sobran para afirmar que el resultado de esta negociación es insuficiente. Estudiantes y docentes reclaman que el crecimiento firmado implica un retroceso en el camino que se venía logrando de recuperación presupuestaria universitaria en los últimos 12 años. Representantes estudiantiles también reclaman falta de trasparencia de parte de la administración universitaria sobre los términos en que accederían firmar el acuerdo. Es necesario que la representación estudiantil oficial tenga un asiento en las sesiones de la Comisión de Enlace, como una señal de respeto hacia las Federaciones de Estudiantes. Igualmente, es necesario que el FEES se firme por quinquenios, lo que garantiza una mínima proyección de los recursos para las universidades y evita el desgaste y la exposición política año tras año, tanto para las autoridades, las comunidades universitarias e incluso para el gobierno mismo
