Hace pocos días tuve la oportunidad de dar algunas charlas a funcionarios judiciales en un país cercano. A pesar del tema técnico-jurídico y de la calidez humana con que siempre soy recibido en estos eventos, me topé con un ambiente de desaliento y pesimismo abrumador. Tal fue la situación que, en determinado momento, queriendo animar un poco a la audiencia, les quise señalar los progresos viales que encontraba en la capital y el hecho cierto de que hace unos veinte años ni siquiera había algún desarrollo institucional en el ámbito judicial, como el que podía ahora reconocer y valorar.
La respuesta fue de nuevo aplastante. Los progresos viales estaban siendo objeto de denuncias por corrupción, como casi todo lo que sucede con el escaso avance del país. Y los soportes institucionales dependen de la intervención y ayuda de organismos internacionales. En el momento que se dejen de prestar esos apoyos, todo se volverá a caer como castillo de naipes.
Pero lo más impactante fueron las palabras de un profesional ya maduro, curtido en una historia de desalientos que me dejó sin respuesta. Pausado y seguro me dijo: “… profesor, este país, en lo que respecta a las instituciones, es un campo sembrado de cadáveres. Redujeron a la mínima expresión el instituto de aguas y ahora tenemos que pagar tarifas altas y comprar la que se ingiere si no queremos enfermar; la energía y las telecomunicaciones fueron privatizadas y a cada rato tenemos que soportar con resignación las alzas decretadas por los consejos empresariales que las controlan; la educación pública básica ha sido desfinanciada y abandonada a su suerte, los niños y niñas no aprenden a leer ni escribir; y la salud pública, en el mejor de los casos, atiende a los pacientes para indicarles que deben comprar las medicinas, cualquier medicina, por su cuenta, porque los recursos fueron desviados o directamente saqueados…”
Es decir, en este hermano país, las élites político-económicas, con su ideología religiosa del “dejar hacer, dejar pasar” lograron arrasar con las pocas instituciones públicas y con el poco Estado que quedaba. Nadie arbitra, nadie planifica, nadie redistribuye la riqueza producida. Es el reino de la impunidad y del “sálvese quien pueda”. Una banda de facinerosos concentra cada vez más esa riqueza y para el resto solo quedan hambre y miseria.
La clase política, estrechamente aliada a la casta militar, termina por hacer el trabajo sucio. Impresiona el apoyo casi unánime de los medios de comunicación a un gobierno que no puede disimular la corrupción y su complicidad con el crimen organizado. El resultado final de esta hecatombe es el movimiento de miles de migrantes diarios, en busca desesperada de un lugar donde sobrevivir.
La analogía con Costa Rica me resulta inevitable. Allá lograron hacer lo que aquí intentan bajo el eufemístico emblema de “reforma estructural”. Aquí llevan años diciendo que la responsabilidad exclusiva de todos nuestros males recae en el Estado, los salarios y las pensiones. Lo que con razón llevó a criticar pensiones de muchos millones hoy los lleva a considerar un lujo ₡2 millones, independientemente de los años trabajados, la carrera profesional desarrollada o los aportes reales que se hicieron.
Además, la prensa más poderosa dicta lo que se hace o se deja de hacer. Y, lo peor, algunas instituciones clave, cuya misión constitucional y legal es controlar, regular, juzgar con equidad y defender los intereses generales frente a los particulares, con frecuencia toman partido a favor de los más fuertes y se olvidan de que existen para el bien común y no para el servicio de las élites.
El desafío entre nosotros es tremendo porque los sindicatos y organizaciones civiles y populares tienen la crítica tarea de reconocer errores, enmendar abusos -que los ha habido- y estar dispuestos a entrar en una renegociación del pacto social fundamental donde se salven el acceso de todos a servicios básicos de calidad y a una vida digna. Pero el sector privado, las cámaras empresariales y los partidos políticos conservadores tienen que saber considerar también que el poder y la influencia que ostentan no son ilimitados, que no pueden imponer sus intereses a sangre y fuego, porque de la lógica de esa guerra no saldrán ganadores.
Me queda la esperanza de que el pueblo costarricense ha sabido construir instituciones y negociar pactos sociales a lo largo de su historia. No va a resultar tan sencillo arrasar con esos legados ni queremos para nuestros hijos y nietos el éxodo, como única salida para sobrevivir.
