La ubicación del Aeropuerto en Cascajal, Orotina, descalificada por Carlos Segnini y Eduardo Montero en la edición del Semanario UNIVERSIDAD del 23 de agosto y que afirman si se consideró en los estudios hechos, tiene sustento en varios de los estudios técnicos realizados previamente citados por ellos, sumado a la investigación que realizó el Arq. Pérez durante dos años. El Cartel de licitación para contratar la consultoría a Mott MacDonald incluye como una de las localidades a Cascajal e indica todo el cantón de Orotina para la propuesta. No obstante, por razones desconocidas se excluyó Cascajal en los análisis y estudios, y las tres opciones presentadas son todas en la misma ubicación de Coyolar y Mastate, lo que difiere de lo expresado en la entrevista por los señores Segnini y Montero.
Dos estudios técnicos mencionados en el cartel de licitación recomiendan a Cascajal de Orotina, no Coyolar, ni Mastate. Dice textualmente: “1997, TAMS CONSULTANTS, INC. “Estudio de modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y selección de sitio para un nuevo aeropuerto”. Sitios propuestos por TAMS: Cascajal, Orotina, Pitahaya y Tárcoles”.
2011, INECO. “Estudio de emplazamiento del futuro aeropuerto de San José”. Dichos emplazamientos se ubican en la costa del Océano Pacífico, concretamente en las cercanías de los Municipios de Caldera, Cascajal, Orotina, Pitahaya y Tárcoles. De los sitios estudiados para la ubicación de un nuevo aeropuerto que sustituya las operaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, INECO concluye que el sitio más apropiado por su cercanía con la GAM es Orotina”.
El Objetivo General de dicho cartel solicita Orotina como un todo para la realización de estudios: “Elaborar un estudio de factibilidad/plan maestro para emplazamiento y diseño de plan maestro para el nuevo Aeropuerto Internacional Metropolitano, a construir en el cantón de Orotina, Provincia de Alajuela, región señalada por varios estudios previos como zona más apta para la construcción del nuevo aeropuerto de Costa Rica, el cual reemplazará al actual Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS)”.
Sin embargo, en ninguno de los documentos oficiales producto de la consultoría, mismos que se encuentran en el sitio web de la Presidencia de la República, aparece mención o consignación de que se haya incluido Cascajal de Orotina en los estudios, ni tampoco las razones para excluirlo. Las tres opciones analizadas son en la misma ubicación en Coyolar y Mastate.
Desde el 2012 y 2013, mucho antes de la contratación multimillonaria a Mott Macdonald, hecha en el 2016, con un costo de más de mil quinientos dólares, parte del objeto contractual estaba previamente definido y era conocido por autoridades de gobierno central y municipal. Es absolutamente inexplicable que el señor Montero desconozca y niegue pública y categóricamente estos hechos y que indudablemente genera grandes y razonables dudas sobre la justificación y el proceso utilizado en esta contratación.
En nota periodística de marzo del 2013 el Viceministro de Transportes de entonces detalla, entre otras afirmaciones: “Coyolar de Orotina es la comunidad que reuniría las mejores condiciones para ser la sede de la nueva terminal, según análisis preliminares”. “Incluso ya se tiene identificado un terreno de 800 hectáreas donde se ubicaría el futuro aeropuerto principal del país”. “Eso sí, existe la complejidad de que habrá que movilizar unas 500 personas de Coyolar por razones de seguridad”. “Entre las innovaciones del nuevo aeropuerto destaca que será el primero en contar con dos pistas de aterrizaje”.
Y en junio del 2013 en un Foro interinstitucional realizado en la Municipalidad de Orotina con autoridades de varias instituciones, incluidas de la propia Municipalidad en su primer periodo de gestión, también del MOPT, Aviación Civil, Mideplan y otras instituciones se presenta la misma ubicación entre Mastate y Cascajal y la misma orientación de pistas propuestas por Mott MacDonald, se reitera que entre varios lugares propuestos por estudios técnicos previos se incluye Cascajal, pero sin detallar razones se menciona que Aviación Civil se identificó con la de Coyolar.
Los documentos oficiales minimizan los graves daños ambientales de la propuesta seleccionada por el Gobierno y se califican muy por debajo de las enormes ganancias económicas y empleos. Los graves impactos negativos y permanentes en la salud pública, son completamente omitidos y los minimiza al mencionar solo el ruido, a pesar que están respaldados en estudios serios de organismos internacionales y de prestigiosas universidades. Sin embargo, los mismos documentos advierten sobre la imposibilidad de que haya viviendas y centros de salud, de cuido infantil y escuelas en esas zonas afectadas de manera crítica por la huella de sonido.
Es evidente entonces que sí es necesario tomar estas medidas, que son negadas por el señor Montero y calificadas como innecesarias. Y justifican plenamente las exigencias del Comité que se debe informar inmediatamente al país y a los afectados, y no solo a los afectados por expropiaciones. Es necesario planificar y presupuestar las acciones de mitigación o solución recomendadas por Mott MacDonald. Y como lo recomienda el ente rector de Naciones Unidas para la Aviación Civil, la Organización Internacional de Aviación Civil Internacional (OACI), el estudio de impacto ambiental y de salud pública se debe realizar como un todo, exigimos que se realicen antes de las expropiaciones y no al contrario como está en los planes de implementación propuestos. De no hacerse se estaría violentando los derechos constitucionales a la vida, la salud y a vivir en un ambiente sano.
