En el ranking “Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP)”, realizado desde 2015 por la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración (Cicap) de la Universidad de Costa Rica, esta última institución fue calificada una vez más en el tercer lugar.
El reconocimiento se da por esfuerzos realizados por la administración en materias como datos abiertos, acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana, y son claras las palabras de la Defensora de los Habitantes al respecto: “Para cimentar una cultura de rendición de cuentas y transparencia en el sector público, es imprescindible impulsar, concientizar y priorizar iniciativas que permitan fortalecer la apertura de las instituciones y de sus funcionarios ante las necesidades y demandas de la población”. No pretendemos quitar méritos a la institución sobre esfuerzos ya realizados y mucho menos a sus buenos propósitos para el futuro, pero aprovechamos esta ocasión para referirnos al caso del plan urbanístico para las Fincas 3 y 4, para demostrar precisamente lo que todavía falta de esta cultura promovida.
Es el caso de la construcción de la Facultad de Odontología y la Oficina de Bienestar y Salud en las Instalaciones Deportivas, las “necesidades y demandas de la población” citadas fueron ignoradas e irrespetadas, al no haber existido en su proceso de aprobación los mencionados datos abiertos, transparencia, rendición de cuentas o participación ciudadana. Consta la falta de transparencia cuando las autoridades universitarias omitieron ante Setena la oposición sobre la urbanización de esta finca, oposición conocida por funcionarios universitarios desde noviembre de 2014 y manifiesta públicamente el 17 de enero de 2015 en una Asamblea Territorial realizada por la Municipalidad, en la cual se presentó una petición con 1.500 firmas a favor de la conservación ambiental de las fincas 3 y 4 de la UCR. Esta omisión, junto con el hecho de no haber incluido los dos proyectos mencionados en el Plan de Gestión Ambiental presentado en diciembre de 2014, llevó a Setena en febrero de 2015 a no exigir talleres participativos interactivos a la UCR, obligatorios cuando se vislumbra oposición de la comunidad contra un proyecto.
Lo mismo queda evidenciado en la publicación del proyecto en el periódico La República (que no es el de mayor circulación) y bajo un título “Proyectos Varios UCR”, así como en la colocación tardía y poco visible de los rótulos obligatorios, que dejó a la población en desinformación total sobre los alcances del proyecto, por lo que quedaron solo las denuncias legales para intentar frenar el proceso.
Respecto de la rendición de cuentas, hay que señalar que las respuestas de la institución a las múltiples denuncias presentadas, lejos de explicar y justificar las decisiones tomadas con argumentos fundamentados y documentados, solo invocan el derecho de autonomía de la institución y su importancia a nivel nacional, así como la urgencia de modernización de las instalaciones para competir con otras universidades, nunca cuestionados por la comunidad. Asimismo, se responsabiliza a la Municipalidad de Montes de Oca de no haber incorporado la variable ambiental al Plan Regulador vigente, cuyos Índices de Fragilidad Ambiental ubican prácticamente a toda la finca 3 en la zona II-G, con una función socioambiental en beneficio de la biodiversidad y la población en un ambiente densamente urbanizado y expuesto a los impactos del cambio climático, y de ignorar el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, que obliga tanto al desarrollador de un proyecto como a los entes públicos a cumplir las respectivas resoluciones vigentes de Setena.
A la fecha, seguimos esperando la respuesta de la Rectoría y del Consejo Universitario a una última petición, en la que se solicitó una mesa de diálogo para reconsiderar la construcción de la Oficina de Bienestar y Salud en la finca 3, entregada el 14 de agosto.
