La actual crisis fiscal debiera de concitarnos a plantear una profunda reforma del Estado, que garantice gobernabilidad, eficiencia, una sana economía y desarrollo sostenible.
Solo a manera de ejemplo, permítanme retomar 4 ejemplos de reformas que economizarían importantes recursos, sin demeritar la rectoría y la acción social de un Estado plural, democrático y solidario, acorde con los principios constitucionales de los artículos 50 y 74, que todos quisiéramos conservar.
1) El Plan CERRAR, de Ottón Solís, procura el cierre de varias instituciones públicas para agruparlas en un solo ministerio, lo cual ahorraría al Estado unos ¢60 mil millones al año.
2) Racsa tiene menos de 300 empleados y funcionaría perfectamente si la injertáramos dentro de la estructura responsable de la operación y el mantenimiento de la Gerencia de Telecomunicaciones del ICE. Se ahorrarían millones al asumir Telecomunicaciones y –con un costo marginal– las funciones administrativas superiores, como las del Consejo Directivo, Gerencia, Subgerencia, Proveeduría, Legal, Transporte, Capacitación, Auditoría, Relaciones Públicas, etcétera, manteniendo todo el personal técnico y las funciones sustantivas.
3) Mucho se ha hablado de la eliminación de los Consejos del MOPT, ineficientes e inoperantes en su mayoría, que dispersan responsabilidades, incrementan gastos administrativos y minan la rectoría y la capacidad de ejecutar obra pública.
4) Sin sacrificar la educación superior, se ahorrarían millones si, en lugar de construir cada universidad estatal una sede en distintos lugares del país, se coordinaran para compartir planta física, profesores, equipos y demás recursos, evitando duplicar gastos e inversiones que podrían dedicar a fortalecer programas de investigación e innovación tecnológica, tan importantes para la competitividad y el desarrollo del país. Costa Rica tiene más de 330 instituciones públicas.
Los objetivos con que fueron creadas debieran de estar vigentes, pero no necesariamente, por lo que debieran revisarse para evitar obsolescencia, duplicidad, segmentación y dispersión.
Dos problemas sustantivos constituyen hoy una vergüenza nacional, achacables a la ineficiente burocracia estatal: la desigualdad en la distribución de la riqueza (Coeficiente de Gini) y la deficiente infraestructura (Reporte Global de Competitividad 2015-2016, Foro Económico Mundial, puesto 103 de 140 naciones evaluadas).
La génesis de este Estado atrofiado, ineficiente y sin rumbo son los largos procesos para la aprobación de los proyectos y de rendición de cuentas, la falta de visión y planificación de largo plazo, la injerencia de la política partidista en las decisiones técnico-económicas, un complejo y asfixiante marco legal, la corrupción, la burocracia, la impunidad, los excesivos controles mal diseñados, la falta de idoneidad de muchos funcionarios, la falta de evaluación del desempeño y la inamovilidad de los funcionarios públicos.
Nunca, y hoy menos, es momento para anteponer intereses ególatras a los nacionales y el bienestar de los gremios al bien común, o defender beneficios por sobre los del resto, como lo han hecho muchas convenciones colectivas, pensiones de lujo con cargo al erario público y tantos otros que tienen al país camino a la bancarrota. Tampoco es posible justificar la intolerancia y manipular argumentos para defender gollerías.
No podemos usar la pobreza de los costarricenses para que en su nombre paralicemos el país, saboteemos las instituciones públicas o ejecutemos actos terroristas contra la infraestructura nacional, como ha sucedido en la reciente huelga, actos que solo dejan división y polarización social, ruina y miseria, y afectan más a los que menos tienen. Este movimiento ha causado –entre otras consecuencias– una grave afectación a más de 800 mil estudiantes de la educación pública, cierre de los comedores escolares para unos 700 mil niños pobres, pérdidas millonarias a pequeñas, medianas y grandes empresas, (turismo, productores, exportadores, transportistas, etc.), etcétera.
Vivo ejemplo del rumbo que hemos perdido desde los gremios hasta los grandes intereses económicos, que, por otro lado, procuran una reforma fiscal hecha a su medida, evaden el Fisco, no pagan salarios mínimos, operan en paraísos fiscales, evaden y eluden impuestos, etcétera, todo lo cual socaba las posibilidades económicas del Estado.
Si no tomamos consciencia del deterioro y el daño que todas estas acciones causan, difícilmente encontremos el rumbo que nos ponga de nuevo en el camino correcto.
El Gobierno y los políticos están llamados a repensar y reenfocar el Estado. Por siglos hemos sabido negociar un nuevo pacto social cada vez que una nueva crisis nos ha alcanzado.
Hoy, más que nunca, debiéramos de tener la actitud para preguntarnos, como J. F. Kennedy, ¿qué podemos hacer por nuestra patria? y no ¿qué puede hacer la patria por nosotros? Pero nunca tener una actitud intolerante y prepotente, ni exigir o demandar privilegios o conservar prebendas, de ninguna de todas las partes en conflicto.
