En los últimos años, la falta de transparencia en las instituciones públicas ha permitido gravísimos e injustificables abusos, y mucho menos cuando se trata de las universidades, en las cuales la administración no solo debe cumplir los objetivos públicos a los que están destinadas, sino que debe llevarlo a cabo de manera sensata y transparente.
En las universidades públicas es imprescindible fomentar una cultura de autoevaluación y autocontrol con el propósito de hacer compatibles la transparencia y la autonomía universitaria. Esta última no puede ser utilizada para encubrir irregularidades y no puede ser entendida como una prebenda que no pone límites al cumplimiento de las leyes nacionales. Todo lo contrario, debe promover el desarrollo de acciones creativas enmarcadas en principios de transparencia.
En los últimos años, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha ocupado los primeros lugares de acuerdo con el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense, un instrumento de evaluación de la Defensoría de los Habitantes de la República. Este índice contempla indicadores de divulgación de la gestión administrativa y de trámites y servicio a la comunidad nacional, así como políticas de comportamiento ético y organizacional.
Durante las últimas semanas, la UCR se ha visto afectada por supuestas irregularidades con el nombramiento de la hija del Rector en el Centro Infantil Laboratorio (CIL), esto fue presentado por el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) ante el Consejo Universitario (CU). Frente a la denuncia del supuesto hecho irregular, el CU, en forma unánime, le solicitó a la Oficina de la Contraloría Universitaria (OCU) emitir un dictamen sobre el hecho. De este dictamen sobresalen tres puntos:
- El rector tenía impedimento en razón de la relación de parentesco existente entre ellos, conforme lo establecen los controles preventivos que se han incorporado en la Normativa Nacional.
- No se evidenciaron elementos que permitan determinar la configuración eventual de tráfico de influencias por parte del Rector.
- Se Solicita al CU que defina el procedimiento para valorar la actuación del Rector.
El pasado 12 de agosto, el CU llegó a las siguientes conclusiones:
– Comunicarle a la OCU que no existe procedimiento ni instancia definida en la Normativa Universitaria en virtud de la cual instruir un proceso o calificar de manera alguna la actuación del Rector, en este caso específico, como una falta que dé lugar a un proceso disciplinario, lo cual imposibilita dar una respuesta a la recomendación número 4 del informe.
-Indicarles al Rector, a todas las personas que ostentan puestos de dirección y a las personas funcionarias de la U, que deben abstenerse de firmar, autorizar, ratificar, dar vistos buenos o ejercer el voto nominal en todos aquellos asuntos en los que pueden verse beneficiados, de manera directa, parientes hasta en tercer grado de consanguinidad, en aras de salvaguardar los principios de transparencia y probidad en el quehacer institucional.
Cabe mencionar que el CU contaba con 30 días hábiles para emitir un criterio. ¿Por qué se precipitaron? ¿De haber contado con esos 30 días, habrían tomado el mismo acuerdo? Esta contradictoria y cuestionable decisión tomada por seis miembros del CU agudizó la situación en la UCR. ¿Por qué?
En primer lugar, porque desestiman una denuncia y por tanto proceden a archivarla. Como bien se sabe, toda denuncia debe llevar el debido proceso.
En segundo lugar, porque se trata de una decisión que ofende los principios elementales del servicio público. Por un lado, se nos dice en las conclusiones referidas supra que no existe procedimiento ni instancia definida en la Normativa Universitaria para calificar la actuación del Rector, pero, por otro lado, se nos se advierte que debemos abstenernos de dar vistos buenos o beneficiar a parientes porque este es un mal procedimiento.
Finalmente, porque representa una estocada a la transparencia y a la gobernabilidad de la UCR. La Directora del CU (quien utilizó su voto de calidad para desempatar la votación, ya que seis miembros votaron en contra) había adelantado criterio al respecto (lo mismo había hecho el Director de la Oficina Jurídica) antes de que se diera a conocer la resolución de la Contraloría.
Teníamos la esperanza de que se sentara un precedente sobre situaciones en las que altas autoridades favorecen a familiares. Lamentablemente no fue así. Nos preocupa que esta situación se conociera y saliera a la luz pública, a nuestro entender, cuando algunas autoridades de la Universidad fueron separadas por el señor Rector, quien fue reelegido el pasado mes de abril. Ante este hecho, surgen varias interrogantes: ¿De no haberse dado estos cambios, nos habríamos enterado de estas irregularidades? ¿Qué más no sabemos? Sin lugar a dudas, hay corresponsabilidad de algunos que callaron mientras fueron autoridades universitarias.
Se genera por tanto indignación, preocupación y frustración en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué hacer entonces?
- Exigirle al CU que revise el acuerdo tomado y lo ratifique. Hay una denuncia y ante tal, debe iniciarse el debido proceso.
- De no existir normativa universitaria para sancionar al rector o a la rectora ni a los miembros del CU, que este órgano analice y subsane este vacío con prioridad. Mientras tanto, que se acuda a las leyes nacionales.
- Convocar a una Asamblea Colegiada Representativa y que, además del señor Rector, se le dé la oportunidad a otras partes (Exdirectora, Junta Directiva y padres de familia del CIL, exvicerrector de Acción Social y exdirector de la Oficina de Recursos Humanos) de presentar sus respectivas versiones a este órgano colegiado.
La rendición de cuentas es obligatoria e impostergable en la UCR. Esta delicada situación debe ser analizada muy objetivamente en total respeto a la Normativa Universitaria y no al calor de preferencias políticas y mucho menos de intereses personales. No debe haber cabida a amiguismos, o a que haya sido o no beneficiado por la actual administración, y mucho menos, por cálculos politiqueros. Por encima de estos cuestionamientos morales están los intereses de la Institución.
Es una obligación compartida buscar la verdad que garantice la credibilidad social de Nuestra Universidad. Sin lugar a dudas, todo esto ha tenido repercusión nacional e internacional, y lamentablemente, negativa. Nos duele que se ataque a la UCR de manera injusta. La denuncia es contra un funcionario universitario, en este caso, contra el Rector, no contra la Institución.
Debo decir que hay compañeros y compañeras que sienten temor a manifestarse, que prefieren callar por las repercusiones que podría implicar hacerlo. A todas estas personas les digo que no hay que temer a represalias si hay transparencia, justicia y ética en la administración pública.
A propósito de la elección de los miembros al CU en setiembre, hago la invitación para que seamos cautelosos y elijamos personas objetivas, comprometidas y con hechos comprobados en el quehacer universitario. El CU debe ser un órgano totalmente independiente de la Rectoría.
Probablemente, si hoy se aplicara el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense, la Universidad de Costa Rica no saldría en esos lugares de privilegio que ha ocupado en los últimos años.
