En un país bien gobernado, las huelgas y protestas suelen ser la excepción y no la regla, esto porque difícilmente los diferentes sectores sociales encuentran motivos de peso para protestar. Sin embargo, en Costa Rica la difícil situación de pobreza, el creciente desempleo y la marcada desigualdad, han desatado lógicamente la natural e instintiva reacción de cientos de costarricenses a alzar su voz ante un Gobierno que ha sido bastante incapaz de mejorar la dura crisis por la que atraviesan muchísimas familias.
Sin embargo, las más de 870 protestas y huelgas que han ocurrido en solo este año de gobierno de Carlos Alvarado han dejado en evidencia que, si bien el manifestarse es un derecho Constitucional, lo cierto es que en nuestro país hace falta que se apruebe una ley que regule el ejercicio de ese derecho. Eso con el fin de que por esas huelgas y manifestaciones no se vuelvan a generar ni abusos ni excesos que afecten la economía o perjudiquen los derechos de los demás costarricenses. Pero teniendo el cuidado de que esta regulación no llegue al extremo de amordazar la libre expresión ciudadana que debe existir también en una democracia.
De esta necesidad regulatoria es que nace el proyecto 21.049, que se vale de la urgencia de regular las huelgas para que, al mejor estilo de un “lobo que se viste de oveja”, se aprovechen las circunstancias e introduzcan de manera solapada, abusiva y desmedida, artículos que van más allá del noble intento de ponerle un necesario alto a los excesos que se generen en las huelgas, sino que además introduce artículos que busca adicionalmente acallar las posibilidades de contrapeso que nos da la vida en democracia.
Prohibir las huelgas contra Políticas Públicas, como lo plantea el 21.049, implicaría que ningún trabajador pueda volver a protestar contra algún proyecto de ley que se discuta en la Asamblea Legislativa, aún cuando este atente contra la sana y justa convivencia del pueblo. Es así que, bajo esta lógica, quedarían prohibidas la huelgas que expresen el rechazo popular ante posibles nuevos aumentos en los impuestos, la aprobación de un nuevo Plan Fiscal o hacer gastos excesivos o innecesarios en el Estado, por poner solo tres ejemplos.
De la misma forma, introducir en el proyecto 21.049 la disolución de toda una organización sindical, por los actos vandálicos y delictivos de una sola persona, a quien de manera individual debería caerle todo el peso de la ley, no solamente es socializar la responsabilidad y la culpa de uno en el resto de sus agremiados, sino que además abre peligrosos portillos para que más adelante, por medio de leyes similares, se puedan disolver asociaciones, cooperativas y demás organizaciones civiles, bajo pretexto de los actos de un solo afiliado. Esto es peligroso en un país de derecho como el nuestro.
Estas y otras medidas extremas, incluidas en el 21.049, sobrepasan el regular las huelgas y evitar las afectaciones que ocasionan. Más bien revelan una intención de querer dejar legalizados mecanismos que, en caso de ser necesario, acaben con las voces de oposición que se necesitan en una democracia. Ese ánimo lo develó el mismo señor Presidente en Guanacaste el pasado 25 de julio, cuando dijo: “Me siento orgulloso de un Pueblo que silencioso permite avanzar”. Nada más desafortunado que esa afirmación, ya que el país no necesita un pueblo silencioso ni una ley para callarnos; el país requiere de un pueblo que sin dejar de ser crítico cuente con una ley que venga a ponerle un alto a los abusos de las huelgas, pero que al mismo tiempo le permita llamar a cuentas a sus gobernantes cuando es requerido.
Tengo claro que estas mordazas a la ciudadanía solo terminarán de agitar y dividir más a nuestro ya convulso país y provocarán un golpe irreparable a la democracia que tanto les costó a nuestros abuelos forjar.
Seguiré creyendo que las huelgas hay que regularlas, que las afectaciones que estas le generen al resto de ciudadanos no hay que permitirlas; pero que no es bajo los criterios abusivos que contiene el proyecto 21.049.
