Mucho se habla del aumento en la delincuencia a nivel nacional, hecho que hace aparecer año a año a la inseguridad ciudadana, en su específico segmento de la delincuencia, como un elemento que preocupa en grado sumo a la ciudadanía.
Varios sectores políticos, gremiales y “especialistas de televisión” impulsan una agenda de mano dura para atacar la delincuencia, que incluye: aumento de penas carcelarias, disminución de garantías procesales, eliminación de beneficios carcelarios e incluso la marginación total de la persona sentenciada a prisión. Estos “remedios” han evidenciado ser un fracaso, hecho del que ya se ha dado suficiente evidencia estadística y empírica en los últimos 25 años.
En años anteriores, escribí sobre el proyecto desarrollado en el circuito judicial de Cartago, donde, mediante la creación de una red interinstitucional para el abordaje de la persona menor de edad en conflicto con la ley penal, habíamos logrado reducir el nivel de reincidencia, en sentido amplio, del 20% a menos de un 4%. Este hecho por si solo es motivo de satisfacción, pues se ha logrado mediante la intervención de diferentes instituciones estatales y organismos no gubernamentales brindar las herramientas y habilidades a nivel de salud, educación tradicional y técnica, atención de adicciones, entre otras, para que estas personas pudieran incorporarse a la sociedad de manera positiva. Con ello, estos jóvenes dejan de ser un problema social y se convierten en ciudadanos que conviven sanamente.
En los dos últimos años se ha incorporado el programa a nivel nacional de justicia restaurativa en la especialidad penal juvenil y en Cartago se ha registrado una exitosa aplicación que ha venido a reforzar el programa original. El apoyo de la comunidad, instituciones públicas y privadas, víctimas y la contraparte judicial ha hecho resaltar que la solución no es una sola, ni la tiene una parte en particular.
Aunado a este abordaje a la persona menor de edad que ya tiene un proceso penal iniciado en su contra, se ha implementado un agresivo programa de charlas preventivas sobre la responsabilidad penal de las personas menores de edad tanto en escuelas como colegios, sobre todo en los lugares con mayor vulnerabilidad a nivel social y económico.
Gracias a lo anterior, en un plazo de 5 años se ha reducido la cantidad de causas ingresadas a la fiscalía penal juvenil de este circuito en un porcentaje superior al 40%, pasando de 1212 casos entrados en el año 2012 a 671 casos en el año 2017.
Estos datos nos hacen ver que existen formas diferentes a la prisión y a la violación constante de los Derechos Humanos para lograr impactar positivamente en la seguridad ciudadana. Lo que se requiere es brindar a esta población las herramientas necesarias para superar el estado de vulnerabilidad en que la inequidad social los ha ubicado.
Lo único que se requiere es buscar maneras diferentes de trabajar para que los resultados sean diferentes también. Seguir ceñidos a esquemas populistas que tradicionalmente han fallado estrepitosamente solamente nos llevará a una mayor delincuencia por parte de personas que no se sienten parte de la sociedad, porque esta les ha negado un mínimo de elementos para superar una situación negativa.
La educación es sin duda el pilar sobre el cual se debe sustentar toda política que pretenda con seriedad abordar el problema de la delincuencia en cualquiera de sus etapas. Todos los casos positivos que se han convertido en emblemáticos de nuestro proyecto tienen a la educación como vector ineludible; cualquier estrategia que no la contemple está destinada al fracaso.
