Al parecer la resolución de la Sala IV respecto al Proyecto Marco de Empleo Público tuvo algo de salomónica. Por un lado, reafirmó el precepto constitucional y democrático de división de poderes, por lo tanto, salió en defensa del Estado de Derecho y la democracia como régimen jurídico. Y, por otro lado, legitimó la propuesta de un salario único sin pluses y limitó la negociación vía convenciones colectivas. De esta manera, implica casi el apoyo a una política de salarios decrecientes en el sector público y, por consiguiente, un golpe al Estado Social.
Avance en materia de gestión democrática, un freno a los aires oligárquicos-autoritarios del pluripartidismo neoliberal en alzada, pero un retroceso en materia socio-laboral en un sector estratégico para el desarrollo del país; sin embargo, ha sido intensamente vilipendiado por parte de quienes solo ven virtudes en el sector privado y vicios y privilegios en el público, atendiendo a esa trillada lógica maniquea con la que la prensa y los publicistas del neoliberalismo han venido atizando el fuego del odio entre ambos sectores.
Celebramos la decisión de la Sala IV porque significa ponerle límites a una clase política que, como bien señala Marcos Roitman, al igual que “los hacedores del capitalismo transnacional rechazan los valores democráticos. Pero como creadores de la nueva derecha y seguidores del fascismo societal se manifiestan en fervientes defensores de la idea de progreso a favor de la economía de mercado, de la propiedad privada y del beneficio personal (…). Sus ideas no se encuentran en la cruz gamada o en las camisas negras, las defienden los representantes de los organismos internacionales del FMI, el Banco Mundial, la OMC y de los gobiernos conservadores, neoliberales o defensores de la economía de mercado en sus versiones progresistas y socialdemócratas” (Roitman, Marco (2007) Democracia sin demócratas y otras invenciones. Ediciones sequitur, p.94).
Efectivamente, lleva razón el autor citado al calificar de “fascismo societal” a este conjunto de ideas y acciones políticas que vienen impulsando las nuevas fuerzas políticas, que se visten de progresistas y socialdemócratas, pero que en lo esencial son portadoras de un proyecto conservador cuya meta es desmantelar el Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes intereses empresariales y financieros nacionales y extranjeros.
Con gran acierto, el movimiento sindical ha convocado a un Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho. El país se encuentra en una encrucijada entre retroceder a la Constitución Liberal de 1871 o defender el Estado Social de Derecho de la Constitución vigente de 1949.
Definitivamente, llegó la hora de demandarle a los poderes del Estado actuar en consecuencia con los preceptos constitucionales que abogan por una repartición equitativa de la riqueza, la defensa y el respeto de los derechos humanos, así como la salvaguarda de la división e independencia de los poderes de la república.
No al Estado Asocial sin Derecho que impulsan las fuerzas políticas del autoritarismo antidemocrático y sí al Estado Social de Derecho que defienden las fuerzas sociales de la dignidad y la solidaridad.
