“La democracia sólo puede existir cuando ningún agente social está en condiciones de aparecer como dueño del fundamento de la sociedad y representante de la totalidad…Esto significa que no se puede considerar democrática la relación entre los diferentes agentes sociales sino a condición de que todos acepten el carácter particular y limitado de sus reivindicaciones” (Chantal Mouffe,1999:20).
La inminente quiebra financiera del Estado costarricense tiene a nuestra sociedad en una crisis social e institucional grave. Sin embargo, la sociedad costarricense está en crisis, no sólo porque exista un problema financiero o un conflicto social, sino porque no sabe cómo salir de la crisis. El origen de ese problema aún mayor tiene que ver con nuestra incapacidad para comprender nuestro contexto y la propia vivencia de la política.
Hay tres elementos que me interesa traer a la discusión para intentar ayudarnos. El primero de ellos es el alto nivel de polarización que vivimos. Los insultos en redes sociales y fuera de ellas son la principal manifestación de un fenómeno peligroso que borra nuestra humanidad y nos convierte en enemigos. Cuando dejamos de reconocernos como sujetos entonces el camino a la violencia está abierto. El segundo elemento es la enorme fragmentación y diversidad que existe en nuestra sociedad. La Asamblea Legislativa es la cara más visible de este fenómeno pero también se manifiesta en unos sindicatos que no logran articularse coordinadamente, en el mundo empresarial que ya no se limita a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privada (Uccaep), en partidos políticos que no tienen un único referente y no siguen línea de partido y en una sociedad civil con multiplicidad de demandas. El tercer elemento a destacar es la complejidad y el entrabamiento del sistema político y el Estado costarricense que también está fragmentado y es difícil de coordinar. Ese entrabamiento se deriva de las desconfianzas de la posguerra del 48 y los equilibrios bipartidistas que en su momento permitían hacer pero no deshacer. Hoy, en un nuevo escenario, el sistema político de Ejecutivo débil, Legislativo disfuncional y Judicial cuestionado es una maquinaria difícil de maniobrar por los caminos sinuosos de nuestra actualidad.
Ignorar estos elementos, la disfuncionalidad del sistema, la polarización, la fragmentación y diversidad política lleva a los actores a un ejercicio del poder que no entiende su contexto y que tiene a la sociedad costarricense al borde del abismo. La política requiere del ejercicio del poder, un poder que puede ser constructivo o destructivo. Cuando un actor logra un poder incontrastable se vuelve invisible, pues los otros lo obedecen casi de forma automática, “el poder brilla por su ausencia” nos dice Byung-Chul Han (2016:78). En estos casos, la democracia no es posible pues todos los agentes son súbditos de esa dominación omnipresente.
Pero en la mayoría de los casos, ningún actor alcanza tanto poder y esa debilidad le impone límites a su acción política, su visibilidad lo obliga a toparse con adversarios en cada giro de un laberinto cada vez más estrecho. La democracia y la institucionalidad son justamente límites al poder absoluto y omnipresente, el estado de derecho es una protección frente a las arbitrariedades. Si creen que esto es teoría abstracta vean lo que pasa en Venezuela o en Nicaragua. No hay que ir muy lejos.
El problema de nuestra coyuntura tiene que ver con que la mayor parte de los actores políticos se comportan como si tuvieran un poder incontrastable, como si no tuvieran límites y por ello plantean demandas maximalistas para la salida de la crisis. Los sindicatos piden el retiro del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas , algo que parece poco viable dadas las condiciones financieras del país y la realidad de la Asamblea, en vez de tratar de negociar artículos o secciones de la ley. Por su parte, el gobierno menosprecia la protesta social y el descontento como si fueran “cuatro gatos” y cree que puede pasarles por encima. La Ministra de Hacienda, al día de siguiente de la aprobación del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en primer debate, dice que ahora lo que sigue es cerrar instituciones, algo que ni las incontables comisiones de notables de reforma del Estado y sus sucesivos gobiernos han logrado. La fracción (de 9 diputados!) del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) discute eliminar las pensiones del Magisterio, como si no tuvieran memoria de la huelga de 1995. Todos actúan y plantean demandas como si tuvieran poder absoluto, desconociendo su contexto y la debilidad del mandato electoral de febrero y abril pasado.
El proyecto de ley está ahora en consulta en la Sala Constitucional y es una posibilidad que prevalezca la interpretación de la Corte Suprema, según la cual sí afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial (art. 167 de la Constitución). ¿No hubiese sido más fácil eliminar la norma que podía dar lugar a esa interpretación y regular esos asuntos con otro proyecto? ¿Por qué no se reconoce que la Sala IV y la misma Constitución son un límite para el accionar político? No estoy calificando ese límite como positivo o negativo, solo reconozco que existe y que los operadores políticos deberían tenerlo en cuenta.
Todos los actores actúan como si tuvieran un poder que no tienen. Pero la responsabilidad mayor la tiene el Poder Ejecutivo que tiene el mandato de gobernar pero también de resolver no sólo la crisis fiscal sino el conflicto social que se deriva de ella. Cuando el Presidente habla del ser costarricense o la vía costarricense y se apela al patriotismo como una salida de la crisis lo que está haciendo es acusando a los que piensan diferente de no ser buenos costarricenses. Eso, además de ser violento no ayuda a construir puentes. Tampoco ayuda que se acuse al que piensa diferente de que es un corrupto por defender sus intereses. La política se trata de defender intereses, lo hacen las cooperativas, los empresarios, los sindicatos y las zonas francas (a propósito de poder invisible). Pero todos disfrazan esa defensa de sus intereses como si fuera lo mejor para el país y lo hacen convencidos de que su posición moral es correcta y, a menudo, superior. Por eso, acusar a unos de corruptos a la vez que se atienden a las demandas de los otros también es violento y contraproducente.
El reconocer que cada actor tiene un poder limitado, ya sea por el marco institucional o por la interacción con los otros, debería suponer que se plantean reivindicaciones moderadas. Todos los actores, entendiendo la fragmentación política y los riesgos de la polarización y la violencia, deberían entender que no pueden lograr todo lo que quieren. Esto significa que todos deben ceder. Si ninguno se puede imponer por la fuerza, todos deberían estar dispuestos a negociar, a buscar los puntos de encuentro, aunque eso suponga moderar las expectativas. Para que Costa Rica gane, todos debemos estar dispuestos a perder un poco.
