En días pasados fui honrosamente dos veces invitado por la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica a sendos conversatorios sobre la regionalización. El móvil fue la celebración del 49 aniversario de la Sede, coincidente con el 80 de la Universidad. Motivo entonces no solo de ufanarnos por los logros alcanzados, sino por ser críticos ávidos en el cómo mejorar el desempeño, social, cultural y económico de nuestra sociedad.
En el segundo evento participaron los candidatos a la prolongada y agotadora elección de la rectoría. Solo estuvo ausente uno de ellos. Debo confesar que, después de esta actividad, me embargó un sentimiento de desánimo y frustración.
Para esta ocasión, mi discurso se centró en la urgente necesidad de que las universidades ajusten la atención en la oferta de técnicos profesionales en todas las áreas del saber, así como hacer un acucioso examen sobre la pertinente necesidad de meditar la desconcentración de servicios que se han ubicado en el Gran Área Metropolitana, así como la negligente inversión de los recursos estatales. Sin embargo, al respecto no recibí una sola idea de apoyo a mi planteamiento institucional.
Tal vez no en la forma ordenada que yo hubiese querido, me referí a la contrastante falta de planificación institucional y a la solvente situación financiera de la Universidad que, en el año 2019, utilizó ¢25,609 millones (un 7,8 %) de sus ingresos de recursos de vigencias anteriores (superávit) ¿Cómo que, a partir de su liquidez, es capaz de generar ingresos de capital por la no despreciable suma de ¢8,118 millones?, y ¿cómo en el presupuesto de egresos había un importante componente de ¢8,000 millones de fondos sin asignación presupuestaria? (Sin objeto definido de gasto).
Me referí a cifras que resultan alucinantes: la Universidad tiene 163 puestos de dirección superior, llámense decanos, directores, miembros del Consejo, Rector y otros más. Esto sin tomar en cuenta directores de departamentos, secciones y cátedras. Solo en el Programa de Investigación existen 66 unidades ejecutoras, llámense institutos, centros, estaciones experimentales y fincas. Las plazas docentes administradas —no por unidades académicas, como debe ser, sino camufladas en el presupuesto— asciende a la suma de 467.
Contrasta esto con la triste y vergonzosa situación de tener más de 4.000 profesores interinos, que viven el día a día en la mayor incertidumbre y que hasta llegan a pensionarse sin alcanzar su ansiada propiedad del puesto. En tanto hay catedráticos que tienen 50 años de servicio, con ofensivos salarios, y que no piensan jubilarse.
Es curioso que año con año, el incremento de plazas, en el presupuesto, es cercano a cero, lo que denota la falaz falta de inversión en nuevos proyectos. Esto por cuanto se usa un artificio de financiar plazas antojadiza y discrecionalmente de los fondos de plazas antes mencionados. Aparte de plazas vacantes, por permisos, incapacidades, renuncias, pensiones, etc.
Insistí en que no hay que definir un concepto de regionalización, sino más bien de reconceptualizar la universidad en un todo, como un nuevo paradigma de institución. Alguno hizo muy serias y adecuadas observaciones a la situación real de la institución, pero en general me quedó el sinsabor de que se quiere mantener un statu quo, más que inducir un verdadero cambio institucional, mediante una ansiada, postergada y frustrada reforma universitaria. ¡Tendrá que venir desde fuera este urgente cambio de la regionalización universitaria!
O sea, a final de cuentas se frustró mi fantasía, ante el escepticismo del cambio institucional, de ver una universidad mejor estructurada, con adecuadas estrategias de crecimiento nacional, con un mejor uso de los ingentes recursos con que cuenta. Privó el triste pensamiento de Ortega y Gasset: “Lograr cambios en las universidades es como remover cementerios.” ¡Será más bien una utopía!
