Creo que es un poco cansado discutir acerca de algo sobre lo que muchas personas no comprenden bien, pero que sí sufren en el día a día: la reactivación económica. Esto es ahora como una nueva versión de platina: una oda a la inoperancia y a la falta de liderazgo evidente en nuestro país.
También termina siendo cansado estar tirándole al Gobierno todo el día. Es claro y lo sabemos: el Estado no funciona. Y muchas personas que se encuentran actualmente en él poseen beneficios suficientes que les incentiva a mantenerse por beneficio propio, más allá que brindarle servicios a la ciudadanía y, especialmente, al sector privado. Y este último es importantísimo, pues no se nos olvide que es este el que genera la riqueza de la sociedad y de la cual el Estado depende. Sin importar su ideología política o como le gustara que fuera la realidad, esto es un hecho.
Sin embargo, en algún momento hay que volver a las raíces de lo que significa un país y el concepto de democracia. Es por ahí donde puede ser que se encuentren las causas de los problemas de Costa Rica, la ineficiencia en atender las necesidades económicas por parte del Bicentenario es sencillamente un efecto, algo pasajero. Por el contrario, las personas del país no lo son, especialmente aquellas en condición de marginalidad.
Pero bueno, resulta que nuestra democracia es fuerte a nivel institucional pero débil a nivel cultural, y es por ahí donde el sistema actual puede reformarse de forma viable. Es decir, no es solamente ir a votar cada cuatro años y enojarme con la mitad de la población solo porque sí, sino que además implica que cada persona debe de ser consciente del poder que tiene así como de las responsabilidades para ejercerlo.
Estas responsabilidades las conocemos super bien (¿o no?): pagar los impuestos que se deben, pagar las cuotas de la CCSS, pagar los impuestos Municipales, pagar la patente anual, pagar la póliza del seguro del INS, pagar los marchamos correspondientes y Riteve, cumplir con facturación electrónica, cumplir con el IVA, cumplir los lineamientos salariales establecidos por el Ministerio de trabajo, el permiso sanitario de funcionamiento, entre algunos otros.
El sector privado y civil tiene una serie de responsabilidades que son sagradas y básicas para el funcionamiento correcto de la sociedad, y probablemente pueden pensar que muchas personas (físicas o jurídicas) no cumplen bien con lo que deberíamos. Eso no es democracia, es falta de cultura.
Pero lo que pasa es que además de esas responsabilidades, que hay que obedecer siempre y sin excusa, cumplirlas nos permite acceder a un poder muy fuerte y que la clase política teme. Está en la ciudadanía y el mismo sector privado el solicitar la rendición de cuentas en la labor, o bien recurrir a los mecanismos judiciales en caso de incumplimiento de deberes adquiridos democráticamente.
Dejando eso como base para reactivar la economía lo que hay que hacer es generar condiciones adecuadas para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y no es porque para caerle bien a todo el mundo porque qué lindo lo local, sino que de acuerdo con el Estudio Situacional de la PyME para 2019 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para 2017 estas empresas representaron el 97,5% del parque empresarial nacional. No me crea, lo puede leer directamente y verificar, la información es pública.
Entonces uno pensaría que con simplificar trámites, eliminar barreras financieras y facilitar el acceso al crédito podrían ser medidas de reactivación, ya que beneficiaría a la mayoría de las empresas a nivel nacional, es decir, a la economía. De lo primero no ha habido mucho, puesto que reformar los procesos del Estado que implican la interacción de Municipalidades y el Gobierno Central es complejo y lento, pero tengo la total fe en el equipo de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), la cual viene trabajando un proyecto de Ventanilla Única de Inversión.
Recordemos que para 2018 a Procomer se le reconoció como la mejor promotora de comercio exterior del mundo por cuarto año consecutivo, ahí está el talento para generar grandes cosas. Tal vez necesiten un poco más de apoyo político por encima del mediático o de redes sociales.
Con el tema de acceso al crédito ha habido un poco de avance ya que se eliminó la Ley que le daba la plata del SBD al BCR para administrarla. Ahora se fue a un fondo que le permite a la Secretaría Técnica de este hacerlo. Habrá que ver cómo impacta esto, ya que acceder a fondos de Banca es casi imposible para el ciudadano o ciudadana emprendedora.
No obstante, en el tema de las barreras financieras hay una excelente noticia, y es acá donde podemos empezar a ejercer un poquito de aquel poder que les contaba.
Resulta y acontece que el mismo Gobierno de la República anunció el año pasado la aprobación del Reglamento de Aseguramiento de Microempresas y Emprendedores en el Seguro de Salud de la Caja. Esto sonará como tontera, pero es importantísimo por las siguientes razones:
- Los porcentajes son ajustados y menores para las personas emprendedoras y PyMEs.
- Hacer esto fomentaría mayor formalidad y, por ende, mayores ingresos al Estado y la CCSS.
- La OCDE (a la que tanto queremos entrar) dice que “La alta informalidad es una fuente persistente de desigualdades y también un obstáculo para la productividad”.
El Reglamento establece las siguientes tasas.
Esa imagen la saqué de la página 39 de la Gaceta N° 232, donde se publicó el Reglamento que el Gobierno anunció. Lo que pasa es que ya pasó medio año y en la página de la Caja sale “en actualización”.
Una vez publicada en la Gaceta no es una opción ejecutar algo o no, sencillamente se debe hacer. No lo digo yo, lo dicen la Ley:
- Artículo 11 de la Constitución Pública: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública”.
- Artículo 27 de la Constitución Pública: “Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.
- Artículo 30 de la Constitución Pública: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público.”
- Artículo 32 de la Ley 7135 que establece que de no haber plazo señalado para contestar, se entenderá violación una vez transcurridos diez días hábiles.
¿Pero cuántas personas sabemos eso? ¿O nos importa? Lo bueno es que las herramientas existen, están ahí, y es por eso por lo que la semana pasada enviamos desde el Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines un oficio consultando a la Junta Directiva el estado de la aplicación del Reglamento. El cumplimiento de plazo para respuesta es el miércoles 8 de mayo.
No se vale que solo nos importe la democracia cada cuatro años. No se vale tampoco que solo nos importe el derecho constitucional de libre tránsito, pero no los derechos que la Constitución establece para el correcto funcionamiento de la sociedad.
No se vale que no pidamos rendición de cuentas a quienes elegimos para ejecutar por el pueblo y no para sí misma. La inoperancia e ineficiencia no debe ni debería de ser un estándar en una sociedad que busca desarrollarse.
Tenemos que ejercer nuestro poder desde la cultura democrática ciudadana.
