En el último año, hemos asistido a varios cambios en torno al manejo de la pandemia del COVID-19, permitiendo una mayor apertura de actividades. Sin embargo, las secuelas persisten y la disputa por la agenda no solo se resume en beneficiarios, sino también en el cómo y el para qué. Por esta razón, nos parece conveniente reflexionar ¿qué rutas han promovido los sectores políticos y económicos?
La agenda ha sido marcada por una preocupación constante en busca de “la ruta”, sin embargo, no todos los sectores han gozado de la misma atención. El sector exportador ha sido el menos perjudicado, el agroexportador el más consentido, los sectores del turismo masivo han sido los que han tenido más atención y mejores condiciones para negociar. Es así que les proponemos un recorrido por este menú de 5 opciones.
El Decreto Ejecutivo N° 42769-MAG-S-MINAE facilita el registro de agroquímicos, es uno de los primeros impulsos en beneficio del agronegocio, que permite la incorporación de moléculas de última generación y otras no tan nuevas. Como señalan los interesados “es un criterio técnico y no ideológico”. En Costa Rica se usan 133 sustancias prohibidas en Estados Unidos y la Unión Europea ¿Cuántas de estas serán incluidas?
También, llegó la propuesta de jornada 4×3 con el expediente legislativo Nº21.182, misma que ignora los derechos laborales más básicos como jornadas de 8 horas o pago de horas extras. Ven con buena idea jornadas de 12 horas diarias y 3 días libres, pero al final es “normalizar” la condición de muchas personas que hoy están siendo explotadas con jornadas extensas y que por necesidad deben padecer estas condiciones, pero cuando se quiso fortalecer la inspección laboral fue rechazado por los actores políticos y empresariales.
Otro aspecto ha sido la burocracia, por esta razón la reforma al MINAE suena apetitosa. La concentración de funciones y toma de decisiones, la degradación de instancias técnicas, la desvinculación de la participación ciudadana de los organismos como mera acción consultiva, reflejan el espíritu de la reactivación económica costarricense: agilizar trámites y tomar decisiones políticas sin criterio técnico.
Con este mismo espíritu nos encontramos en el expediente legislativo el proyecto N.º22.709 para legalizar los pozos de agua ilegales. Esto a través de una declaración jurada, sin ningún estudio técnico previo y con el fin de favorecer a los exportadores de sandía y melón, para poder acceder a los mercados internacionales. Al carecer de estudios técnicos, con este proyecto se está priorizando el agua para usos agropecuarios, y solo si sobra, se dispondrá para el consumo humano.
Y como era de esperar, no podía faltar el proyecto minero. Es así que, como la población de Cutris está durmiendo encima de oro y como el daño ambiental ya está (como lo pueden ver todos los criterios técnicos), tenemos la “gran” oportunidad de explotar todas esas toneladas de oro, pero eso sí, hasta noviembre que se define el último recurso que Infinito Gold presentó contra Costa Rica.
Quedan al margen de este menú: explotación gasífera, hidrógeno verde, expansión hidroeléctrica, monocultivo de cáñamo, importación del arroz. Eso sí, con los ingredientes especiales: flexibilización, desregulación y acaparamiento de bienes naturales en pocas manos.
El diagnóstico para su promoción es el mismo: déficit fiscal, burocracia, la gran oportunidad perdida y muchos otros, sin embargo, es necesario que nos preguntemos cuáles derechos hemos ganado o perdido como sociedad en procura de la tan mencionada reactivación. Por ejemplo, ¿qué sucede con el ambiente sano, el trabajo digno, la protesta social o la participación ciudadana?, ¿podríamos pensar que las condiciones que se están aprobando están democratizando la riqueza?, ¿hay medidas contra el despojo, el acaparamiento y la explotación?
