La intromisión del Ministerio de Hacienda en la administración interna es inaceptable. Suficiente motivo para salir a protestar. No importa que sean cinco colones o ¢39 mil. Inaceptable. Además, podría ser inconstitucional.
A pesar de la posible mala intención de Hacienda, es inaceptable que la asesoría legal de los rectores les haya permitido firmar el acuerdo del FEES como estaba. Merecen un fuerte llamado de atención.
Es difícil que la población se identifique con la causa de las universidades públicas cuando la pobreza alcanza al 21% de la población, el desempleo es de 13% y las deudas personales representan un 35% del PIB. La gente tiene necesidades y preocupaciones más inmediatas. Además, es probable que muchos graduados de universidades privadas, incluidos varios tomadores de decisiones, no tengan mayor empatía por la causa. Por tanto, esta es una lucha que habrá que dar solos.
Además, es probable que en las U públicas no hayamos hecho suficiente por comunicar nuestro trabajo y por lograr que la gente valore la importancia de las universidades públicas en su vida diaria.
Puede que haya existido algo de opacidad en las autoridades institucionales en comunicar los efectos reales que tiene el transferir 19 mil millones a la partida de transferencias de capital, cuando el presupuesto total es de $620 millones. Podría ser que exista cierto margen de maniobra. Podría ser que se estén usando argumentos inexactos para llamar a la protesta. Podría ser que se estén incitando a los estudiantes bajo premisas no del todo ciertas.
Es el momento para hacer una nueva reflexión sobre aspectos de mejora. Concretamente se deberían revisar los siguientes aspectos:
– La proporción de administrativos-docentes es probablemente muy alta. Tal vez, podría ser factible operar con menos administrativos. Pudiera ser que se haya creado burocracia innecesaria para mantener ciertos puestos. Propongo elaborar un inventario de trámites innecesarios que se puedan eliminar o modificar. Complementariamente, se podría tercerizar varios de los servicios de la gestión administrativa.
– El crecimiento de los pluses salariales es insostenible y dentro de un tiempo puede resultar lesivo para la operación misma de la universidad. Además, ya se llegó al techo del 1,5% de PIB en educación superior. No habrá más aumentos extraordinarios. Se vislumbra un cisma dentro de Conare por la distribución del FEES, que se ha vuelto insostenible y quizás desajustado a la realidad actual. Por tanto, necesariamente hay que volver a discutir una reducción en remuneraciones, particularmente en el porcentaje de la anualidad o poner un tope al número de anualidades (12 años sería consistente con lo definido por la Sala Constitucional para la cesantía). Además, habría que considerar poner tope al número máximo de años que una persona con edad y condiciones para jubilarse pueda permanecer en la institución (por ejemplo, cinco años).
– La Universidad debe atender las necesidades de toda la sociedad, más allá de las necesidades de las empresas. Todas las áreas son importantes; sin embargo, se debería revisar profundamente los programas de docencia, investigación y acción social. Determinar, por ejemplo, si algunas carreras de grado y posgrado se podrían modificar, fusionar o incluso eliminar. Sería deseable que los planes curriculares se pudieran modificar de oficio hasta por un 20%, sin tanta burocracia. Se debería incursionar mejor en modelos de educación en línea, educación continua y educación dual.
– La universidad debería abrirse a utilizar otras fuentes de financiamiento no tradicionales como crowdfunding, filantropía, alianzas público-privadas y creación de spin-off.
Existen suficientes razones para protestar por la afrenta a la autonomía, pero no para mantener el statu quo. Es probable que el gobierno y la ciudadanía esperen compromisos de cambio de nuestra parte. El planteamiento de esas propuestas sería la mejor moneda para negociar.
